Entre la expropiación de Aerolíneas Argentinas, el blanqueo, la moratoria, la prórroga de la emergencia económica y otros gravámenes y el supuesto plan de reactivación, la administración Kirchner está por cruzar la última frontera de la democracia, la Constitución y la República: la legitimidad.
    Si bien se muestra cuidadosa, a la hora de buscar y dotar a todo este andamiaje de un marco de legalidad, al mejor estilo de las dictaduras o las autocracias, no duda a la hora de destruir todo vestigio institucional y construir a su antojo una estructura de poder que la mayoría de la población rechaza.
    Es decir, una construcción destructiva que apunta a dejar al país en un terreno yermo, favorable a la instauración de cualquier forma aún más despótica de poder.
    El gobierno ha montado una puesta en escena que tiene como objetivo minimizar los efectos de una posible derrota en las elecciones de medio término, con una crisis internacional como telón de fondo.
    En otros términos, la administración regente está dispuesta a incinerar años de ahorros de gran parte de la población para abastecer la usina del consumo sin contrapartida por parte de los consumidores. Más llano aún, con el "Nuevo Súper Banco ANSES" se financia el consumo de una parte de la población con un considerable nivel de ingresos, sin que ese consumo redunde en un beneficio para el resto de la población en situación de vulnerabilidad.
    Pero aun cuando hubiera que hacer tamaño sacrificio, ¿quien se va a endeudar para no despedir o suspender personal, con ventas y producción en caída libre? ¿quién se va a endeudar cuando tiene un costo financiero enorme derivado de la acumulación de stock y con una creciente capacidad ociosa? Si esa montaña de dinero se hubiese articulado en el medio de una gran reforma impositiva integral que incluyera la eliminación de las cargas patronales, la generalización y disminución de la alícuota del IVA, la supresión de elusiones en Ganancias y la eliminación de impuestos distorsivos, los resultados serían bien diferentes y hasta el blanqueo y la moratoria podrían mostrar resultados alentadores.
    Pero el blanqueo y la moratoria, de manera aislada, implican serios riesgos para el país. Por un lado, aumentan la propensión del resto de la población a evadir o eludir impuestos, sabiendo que siempre habrá a mano una redención fiscal. Por otro lado, genera las condiciones para que fondos generados a partir de actividades criminales puedan ingresar al país sin otro requisito más que el lavado en algún negocio lícito.
    Esta combinación explosiva no sólo convertirá al país en un paraíso para el crimen, aislando aún más a la Argentina de la comunidad de naciones civilizadas, sino que dejará las condiciones para justificar luego aún más medidas de emergencia. ¿Hasta cuando una sociedad puede vivir constantemente en situación de emergencia? La prórroga de la emergencia económica es una brete para la endeble democracia formal de la Argentina. Como primer tópico, la emergencia económica demuestra que, lejos del pueril discurso oficial, se esconde una verdadera situación de fragilidad económica y financiera que colocará al país en breve tiempo en urgencias mayores. Como segundo aspecto, esta situación excepcional lleva implícita poderes discrecionales y un manejo turbio de los recursos públicos. Como tercer asunto, este estado de irregularidad genera inseguridad jurídica. Un cuarto escollo, lo constituye la desaparición del crédito de la Nación y su consiguiente penalización a nivel internacional.
    A estas alturas, la configuración actual muestra un país conducido hacia un lavadero de dinero enmarcado por una legislación excepcional de orden público que le permite a quien ejerce el poder contar con facultades extraordinarias. Pero hay más.
    Ahora es el turno de las empresas privadas, muchas de ellas concesionarias de servicios que se ven amenazadas por el avance incontenible de un poder cuasi-despótico. La expropiación de Aerolíneas Argentinas es apenas una muestra del poder de destrucción de la administración regente. Aquí también subyacen serias consecuencias para el país: primero, quiera o no, la Argentina deberá asumir los costos de esa expropiación en los tribunales internacionales. Segundo, la sociedad argentina deberá asumir un pasivo de casi 1.000 millones de dólares, más otros 500 millones de dólares por el déficit operativo de la compañía. Tercero, se deberá hacer frente a nuevas inversiones con avales del Tesoro para renovar una flota obsoleta y con serios problemas de navegabilidad. ¿Dónde echará mano el gobierno para atender estos gastos? Algo parecido puede ocurrir en el reciente caso de EDELAP y el caso Telecom tiende a concluir de la misma manera, como parece indicar el proyecto presentado en Diputados.
    Con un mercado de capitales reducido a su mínima expresión, sin crédito, sin ahorro, sin inversiones y con una recaudación en baja, el gobierno ahora deja "escapar" el dólar. Con esto busca licuar su excesivo gasto público, y de paso, achica aun más el poder de compra de los salarios que no lograrán una recomposición en medio de una fuerte recesión. Es decir, sobre la recesión, una devaluación. Lindo regalo de fin de año.

Miguel Ángel Rouco