Casi nadie se animó a aventurar aquel lejano enero de 2007 que la manipulación de las estadísticas oficiales se iba a prolongar de manera tan impune y grosera durante dos años.

    Los reclamos que desde un principio hicieran los profesionales de la Estadística, el ámbito académico en general y los trabajadores del propio INDEC, además de varios políticos de la oposición (demasiado leves en relación con la gravedad del hecho), resultaron vanos ante el nulo avance de la Justicia y la férrea decisión oficial de mantener e incluso profundizar el diseño de uno de los más absurdos intentos de engaño a la ciudadanía.

    "Ellos saben que nosotros sabemos" señaló meses atrás al respecto el periodista y ex trabajador del organismo Gustavo Noriega, en la síntesis de un fenómeno en el que la política y la economía se cruzan con la psicología: periódicamente, durante veinticuatro meses consecutivos, se da a publicidad una información oficial en la que no creen ni sus propios emisores, a sabiendas de que la sociedad tampoco confía en el mensaje que recibe. Y la rueda sigue, a la espera de la vigésimo quinta burla...

    Pero los autores de la estafa no repararon en el viejo refrán que advierte que las mentiras tienen patas cortas. Si tergiversar las estadísticas oficiales de un mes ya es de por sí un hecho de gravedad (la ley 17.622 establece sanciones penales al respecto) hacerlo en períodos más prolongados los puede llevar a incursionar en el terreno del ridículo, mucho más si se tiene en cuenta que las Direcciones Provinciales de Estadística continúan elaborando índices que muestran una diferencia cada vez mayor en relación con los datos del INDEC.

    La brecha entre los porcentajes de inflación dados por el organismo nacional y los de las provincias o de las consultoras se va incrementando en progresión geométrica y ya, a dos años del inicio de la maniobra, adquiere dimensiones imposibles de sostener para un mismo país. Si en enero de 2007 la diferencia entre el IPC oficial y el presumiblemente real fue de un punto porcentual, el acumulado en los dos años transcurridos podría ubicarse en 36,6 puntos, de acuerdo con la investigación de Ecolatina. Cuesta sostener que regiones de un mismo país, con el mismo Gobierno, el mismo Ministerio de Economía, el mismo Banco Central, la misma moneda, la misma política arancelaria, tengan una brecha de precios tan amplia y, para peor, en crecimiento continuo.

    ¿Alguien en el INDEC o en otra área del Gobierno se puso a pensar a cuánto llegaría la diferencia entre la inflación "porteña" y la "provinciana" en caso de continuar indefinidamente con esta situación? Por lo pronto, en caso de que los porcentajes de aumento se mantengan en niveles similares, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner finalizará su mandato en 2011 con un extraño fenómeno: en cinco años, la inflación del interior habría duplicado a la de la ciudad de Buenos Aires.

    Quien crea que entonces el problema llegará a su punto culminante se equivoca, apenas es el comienzo de una novela de ciencia ficción que el INDEC escribe desde hace dos años. Ya en 2014, la inflación del interior triplicará a la de la Capital Federal y en 2016 la cuadruplicará. Las diferencias de precios provocarán desequilibrios aun mayores a los históricos entre las dos partes y eso a su vez generará respuestas novedosas, como la de las paritarias diferenciadas, con pautas salariales acordes a cada región. No habrá mejor negocio que cobrar el sueldo en cualquier provincia y gastarlo en la ciudad de Buenos Aires. Los especuladores agudizarán su ingenio para estrenar una nueva bicicleta: pedir préstamos en bancos porteños y colocar el dinero en depósitos en entidades de provincias.

    Pero con el transcurso de los años la brecha seguirá ensanchándose, al punto que en 2023 los precios en las provincias serán diez veces superiores a los de la ciudad autónoma. Los candidatos a jefe de Gobierno porteño se debatirán entre electrificar el Riachuelo o levantar un muro al lado de la Avenida General Paz, con el objeto de frenar el incesante éxodo de habitantes de las provincias hacia la Capital, ya totalmente imposibilitados de hacer frente a una competencia tan desigual. El Banco Central tendrá que presentar dos programas monetarios diferenciados y el Congreso aprobar dos Presupuestos.

    En 2038, la situación será absolutamente insostenible, ya que los precios del Interior serán cien veces mayores a los de la ciudad de Buenos Aires. Los planes de créditos fondeados por la ANSES carecerán de sentido: cualquier provinciano (de los pocos que aún permanecerán en el interior) podrá adquirir el mejor cero kilómetro en una concesionaria de la Capital Federal con menos de lo que gana en una quincena. Si es que puede conservar su empleo en las pocas empresas que quedan en el interior y consiguen superar los férreos controles de la policía fronteriza apostada en los límites de la ciudad. Finalmente, en 2054 la diferencia de precios entre las dos regiones será de mil a uno. Una brecha teórica, ya que en el interior no habrá actividad económica ni humana posibles. Las distinciones desaparecerán porque toda la población se localizará en la ciudad de Buenos Aires, con precios mil veces más bajos que los del resto (y los restos) del país. Los descendientes de George Orwell y Guillermo Moreno presentarán la coronación de cuarenta y siete años de trabajo en una conferencia de prensa en la que algún periodista podrá preguntar: ¿qué les hace suponer que un Gobierno que falsea las estadísticas oficiales dice la verdad en el resto de las cosas? Pero la respuesta a esa pregunta será parte de otra novela.

Marcelo Bátiz