La inflación pasó a ser el eje del debate político y económico de los últimos días. No porque sea una novedad en sí misma, si se tiene en cuenta que desde hace tres años el país oscila entre una tasa anual del 15 al 25 por ciento, torpemente disimulada por la manipulación de las estadísticas.

Pero en esta ocasión, más allá de los números globales, aparecieron elementos que marcan una diferencia respecto de lo ocurrido entre 2006 y 2009. Por si fuera poco, como prólogo de las paritarias, ya se fijaron posiciones desde los dos lados del mostrador. Con sólo repasarlas, hasta el más desinformado se da cuenta de quién debe pagar y quién quiere cobrar: José Ignacio de Mendiguren negó la existencia de un proceso inflacionario, en tanto Hugo Moyano señaló exactamente lo contrario. Está a la vista que el reacomodamiento no es sólo de los precios...

La recuperación de la economía que se observa desde el último trimestre del año pasado trajo consigo un alza de precios cuya definición enfrenta al gobierno con la mayoría de los analistas privados. La conocida explicación oficial fue que se trató del mencionado "reacomodamiento" (Amado Boudou) o de un incremento "puntual" que a su vez sería el reflejo de una mejora en la distribución del ingreso (Aníbal Fernández).

Fuera de los despachos oficiales, las razones parecen ser otras. Graciela Bevacqua (Buenos Aires City) alertó que la suba de precios con tasas mensuales que oscilan el 2 por ciento ya configuran una tendencia y exceden el caso de la carne. Rodrigo Álvarez (Ecolatina) se refirió a una suba generalizada en varios rubros, además de las carnes. Así, en plural, para incluir a todas las sustitutas de la carne vacuna, como pollo, cerdo y pescado que, a pesar de la "aclaración" del Indec, también aumentaron. Álvarez sumó a la lista a lácteos, panificados, entre los alimentos, pero también a indumentaria, turismo, combustibles y expensas, a lo que habría que añadir los habituales incrementos estacionales de los artículos de la canasta escolar.

Por otra parte, en cuanto a las explicaciones oficiales, habrá que señalar que en otros países de la región también hubo recuperación económica pero, a diferencia de la Argentina, no hubo un rebrote inflacionario. Asimismo, calificar de "puntual" un aumento de la carne vacuna pareciera pasar por alto la incidencia que el consumo de ese producto tiene en la economía de los argentinos. Una variación en el precio de la carne siempre tuvo impacto en el resto de la estructura del índice. Hasta el propio Indec lo admitió al modificar la metodología del índice de precios al consumidor: el rubro "Carnes" pasó del 7,369 por ciento en la ponderación del total de consumos al 10,017 por ciento, de lo que se desprende que el 4,7 por ciento anunciado días atrás representa casi la mitad del 1 por ciento de inflación oficial.

Un aumento, dicho sea de paso, que puede ser considerado de cualquier manera, menos de inesperado. Pocas cosas fueron tan anunciadas y por tanto tiempo como los problemas en el mercado de carnes, de los que productores, consignatarios, frigoríficos y economistas vienen alertando por lo menos desde hace tres años. En términos históricos, los números son más que contundentes: de cinco cabezas por habitante que había hace ochenta años, en la actualidad se araña una relación de 1,25 a 1, cuatro veces menos en términos relativos. Algo que difícilmente pueda se revertido con más o menos lluvias.

Asimismo, la circulación monetaria tuvo un crecimiento en los últimos tres años del 65,4 por ciento, a razón de un promedio anual del 18,3 por ciento. A pesar de la persistente negativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a considerar la oferta monetaria como una de las causas de la inflación, la similitud en los porcentajes de aumentos en los precios y la circulación debería ser seguida con atención en los despachos oficiales.

A no ser que se persista en el error de creer en las cifras del Indec. La inflación de enero, que las diferentes consultoras estimaron entre el 2,2 y el 2,5 por ciento, es la más alta de los últimos veinte meses, siempre teniendo en cuenta las mediciones más cercanas a la realidad.

Entre las varias muestras de la manipulación del Indec en los últimos tres años, es recomendable comparar los números del organismo oficial con los de algunas provincias, antes y después de que se resolviera la destrucción del sistema estadístico nacional. Los números de 2006 daban cuenta de una esperable similitud: 9,8 por ciento para el Indec, 8 por ciento para San Luis, 9 por ciento para Chubut y 10,7 por ciento para Santa Fe. Las mínimas variaciones se explican por las diferencias en los universos de bienes y servicios, así como la forma en que fueron ponderados en cada caso.

Es a partir de enero de 2007, con el inicio de la intervención del organismo nacional, que la brecha entre el Indec y las direcciones provinciales de estadística cobra una dimensión inconcebible al tratarse de regiones de un mismo país y, obviamente, la misma moneda, la misma política económica y laboral, y la misma estructura arancelaria: en el trienio 2007-2009, el Indec informó una inflación del 25,3 por ciento para el área metropolitana, menos de la mitad del 57,4 por ciento de Santa Fe y la tercera parte de San Luis (73,6 por ciento) y Chubut (76,4 por ciento).

Se habrá podido apreciar que se trata de tres provincias enfrentadas con el Gobierno nacional. En cuanto al alineamiento de otras, el correlato estadístico es inocultable: San Juan registró menos inflación que el Indec (23,1 por ciento) y Tucumán directamente dejó de publicar informes en abril de 2008... En estos casos, tampoco son los precios los únicos en reacomodarse.

    Marcelo Bátiz
DyN