Desde el estallido de la crisis
financiera, el Gobierno de los Estados Unidos ha inyectado miles de millones de
dólares en el sistema bancario realizando aportes de capital.
Ahora bien. El debate intelectual sobre la intervención
estatal como cuestión estratégica, en la Argentina debe ser tomado con pinzas.
La desastrosa experiencia que ha dejado una banca pública utilizada para
alimentar el clientelismo más escandaloso —con la retahíla de créditos
incobrables del BANADE y de los bancos provinciales quebrados— no permite
contemplar un retorno al pasado.
Mientras la Administración pública nacional y provincial
siga siendo el reservorio de las clientelas electorales, mientras no haya una
Administración meritocrática profesionalizada e independiente, cualquier
aventura nacionalizadora —sea de bancos, sea del comercio exterior— equivale a
un suicidio garantizado.
Los considerados "progresistas", que desde una
sensibilidad de izquierda apoyan las medidas intervencionistas de los gobiernos,
deben tomar conciencia de que los métodos de construcción de poder utilizados
por el matrimonio presidencial han llevado al paroxismo las prácticas
clientelares con grave deterioro de la función pública.
En los Estados Unidos, al principio, el Estado capitalizó
esos fondos mediante acciones preferenciales, sin derecho a voto en el
directorio, pero ahora acaba de convertir en acciones comunes —con derecho a
voto— 36 % del capital del Citigroup. Para los representantes del Partido
Republicano, se trata sencillamente de una "nacionalización", una palabra
prohibida en el lenguaje económico de los estadounidenses.
En el transcurso de la Conferencia de Acción Política
Conservadora, los republicanos criticaron al presidente Obama acusándolo de
"europeizar" a los Estados Unidos. Hacían así velada referencia a la política de
nacionalizaciones bancarias emprendidas en los años 80 en Francia por el
gobierno socialista de François Miterrand y que fuera luego rápidamente
abandonada.
El titular de la Reserva Federal, Ben Bernanke, tuvo que
salir a aclarar a los congresistas que la actual administración no pretende
"nacionalizar" el sistema financiero y que se trata de una simple medida
coyuntural para afrontar la crisis.
Sin embargo, la indudable responsabilidad del sector
financiero en el origen de la crisis y los obstáculos que está poniendo a la
hora de ofrecer crédito para reducir sus efectos, plantean algunas preguntas
incómodas para los banqueros. Numerosos gobiernos europeos acusan a la banca de
no dar suficiente crédito. Las entidades financieras se defienden afirmando que
frente a una economía en retroceso no hay demanda solvente y que sería
irresponsable prestar a empresas que están pasando dificultades. Se hace visible
entonces la contradicción entre la función social que debe cumplir la banca,
canalizando el crédito a las empresas, y las reticencia de los banqueros, para
no poner en riesgo su cuenta de resultados.
El desmantelamiento de la banca pública fue una de las
labores que con más entusiasmo se llevó a cabo en la década del 90, en pleno
auge de la ideología del fundamentalismo de mercado. Pero esa radical
extirpación de la banca pública entra en franca contradicción con las funciones
que ahora se le requiere al sistema bancario para que contribuya a paliar la
crisis.
Para el profesor español José Manuel Naredo, tras tanto
adelgazar al Estado y engordar los negocios privados, el volumen de estos crecen
a un ritmo muy superior al de los recursos públicos. Por ejemplo, si en España,
en 1995, el importe de los créditos doblaba al de los ingresos fiscales del
Estado, en 2007 ya lo quintuplica, con lo que son cada vez más limitados los
recursos públicos en comparación con los privados.
Durante la crisis bancaria vivida entre 1977 y 1985, el
saneamiento de las entidades financieras españolas exigió al Estado ayudas
billonarias en pesetas y la crisis actual va camino de exigirlas en euros. El
profesor Naredo opina que en este caso, sería razonable aprovechar tan enorme
esfuerzo para reestablecer la propiedad y el control del Estado en el sistema
bancario y paliar así los excesos privatizadores del pasado.
El rol del sistema bancario en la prometida
"reestructuración" del capitalismo y la conveniencia de contar con una fuerte
estructura bancaria oficial compitiendo con la banca privada, es una de las
cuestiones centrales en el debate que se avecina. Hay que recordar —algo que los
argentinos aprendieron dolorosamente durante la convertibilidad— que el sistema
bancario cumple un rol institucional y crea más dinero que el propio Gobierno, a
través del efecto del multiplicador.
Y en relación al intervencionismo y a los aplausos que pueda
generar, mientras en la Argentina no se reconozca el valor estratégico de la
calidad institucional, entendida fundamentalmente como profesionalización de la
Administración pública, cualquier pretensión de aumentar los niveles de
responsabilidad del Estado serán arriesgados saltos al vacío.
Aleardo Laría