La Argentina marcha hacia el bicentenario transitando uno de los momentos históricos más delicados.
    Es que está en juego su propia organización y existencia. Los reiterados fracasos, de los distintos gobiernos, llevaron a la nación a una situación terminal y todos ellos cuentan con una matriz común: la corrupción.
    En oportunidad del primer centenario, el entonces canciller francés George Clemençau visitó la Argentina para los festejos de aquella conmemoración. Luego de haber recorrido varios lugares del país y haber mantenido reuniones con distintas personalidades de aquellos días, dejó su semblanza sobre este bendito país.
    Con una fina ironía y ante un auditorio incrédulo y absorto que ni imaginaba los días por venir, Clemençau definió con un precisión sorprendente, cual sería la causa de la tragedia argentina como país y sociedad. "La Argentina crece gracias a que sus políticos y gobernantes dejan de robar cuando duermen", puntualizó el diplomático galo.
    En verdad, fue preciso porque siempre la corrupción quedó opacada bajo la bonanza de los ciclos económicos y sólo emergía cuando las crisis provocaban una y otra vez daños irreparables.
    ¿Cómo explicar que un país de ser, a comienzos de siglo, una de los diez principales naciones del orbe, llega, una centuria después, con un tercio de su población envuelta en pobreza, miseria, con epidemias, crimen por doquier y aislada de los principales centros de progreso mundial? La corrupción y el corporativismo regente que forman parte de la cultura política vernácula, son los responsables de tamaña tragedia.
    Lejos de combatírselas, las autoridades hacen gala de estas conductas y la Argentina vuelve a estar en el centro de las críticas mundiales. Las cuestionables estadísticas oficiales son producto de esa cultura política que está llevando al país a una situación insostenible. No sólo se perjudica a los acreedores sino a la sociedad en su conjunto.
    El FMI hizo centro en este tópico y machacó una y otra vez en reuniones técnicas y ahora lo hará a nivel institucional cuando el ministro de Economía, Carlos Fernández, desembarque en Washington.
    Contrariamente a la bandera reformista que viene enarbolando la administración Kirchner, la nueva política que aprobará el FMI para su relación crediticia con los países miembros, está lejos de las apetencias de la Casa Rosada.
    Mientras el gobierno argentino cree poder obtener inmediatamente unos 2.500 millones de dólares de recursos del FMI, por aumento del capital social, el acceso a esos fondos está lleno de condicionalidades y sujeto a estrictos compromisos que deberán cumplir los países miembros.
    En otros términos, las exigencias no sólo son las mismas que durante el Consenso de Washington sino que son aun más severas. Si alguien en la Casa Rosada creyó que se podía obtener dinero del FMI y eludir las auditorías o los controles del organismo, pecó de optimismo excesivo.
    El FMI tiene tres programas financieros. Uno destinado a los países muy pobres de ingresos bajos dentro de un programa más amplio de reducción de la pobreza.
    Un segundo mecanismo, llamado Línea de Crédito Flexible, destinado a los países que cuentan fuertes fundamentos económicos, no tienen problemas fiscales, monetarios o cambiarios, son superavitarios en su balance de pago y cuentan con estadísticas confiables, pero que podrían sufrir un desbalance por los shock externos o una crisis exógena. En términos más llanos se trata de una suerte de "blindaje" por si se complica el ambiente internacional. Esta línea sólo fue solicitada hasta ahora por Polonia, México y Colombia.
    Para el resto de los países, entre los que se encuentra la Argentina, continúa los stand-by por un año de plazo o los fondos de facilidades ampliadas por mayores plazos, sujetos a auditorías y a cumplimiento de compromisos fiscales, monetarios y de política macroeconómica. Pero hay una salvedad. Aun antes de poder acceder a alguno de estos programas, los países miembros deberán solicitar al FMI una auditoría conocida como revisión del Artículo IVº.
    En virtud del artículo IV, el FMI sostiene discusiones bilaterales con los países miembros, generalmente cada año. Un equipo de técnicos visita el país, recoge información económica y financiera, y discute con los funcionarios del país, la evolución económica y las políticas. De regreso a Washington, el personal prepara un informe, que constituye la base para el debate por el Consejo Ejecutivo. Al concluir el debate, el Director Gerente, como Presidente de la Junta, resume las opiniones de los directores ejecutivos, y este resumen se transmite a las autoridades del país. Sin embargo, esta auditoría no es gratuita ya que sirve de base para los compromisos de reformas que deberá asumir el país que pretenda acceder a un programa del FMI.
    Como puede observarse, una vez más, la mentira tiene patas cortas, y la corrupción, también.

Miguel Ángel Rouco