Durante el transcurso de la semana pasada, la Asamblea General de la ONU discutió las vías para adoptar una acción colectiva más fuerte para terminar con el tráfico de personas y la necesidad de crear un "plan de acción global contra esta forma moderna de esclavitud".
    Entre los presentes se encontraba el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, Néstor Arito Chica, quien expresó: "los esfuerzos nacionales y regionales no son suficientes para enfrentar este problema global, por eso llamamos a la ONU para que tome acciones".
    El tema inicial del debate fue sí el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, especialmente mujeres y niños, aprobado en la meridional ciudad italiana de Palermo en 2000, es suficiente para contener el problema.
    Valentín Rybakov —asistente del presidente de Belarús— manifestó que el protocolo no es una herramienta suficiente para detener el tráfico humano y más de un tercio de los estados miembros de la ONU no son parte de él. El protocolo de Palermo es, si se quiere, una aspirina que ayuda a reducir la fiebre, pero la aspirina no nos puede curar.
    La representación estadounidense expuso su preocupación de que lanzar un programa de acción global pudiera poner en riesgo los ya limitados medios del foro mundial y que en el caso de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los recursos financieros y de personal serían severamente exigidos si fuéramos a adoptar ese plan.
    El director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio María Costa, afirmó que la ONU ha aprobado programas completos de acción antes, como por ejemplo contra el terrorismo. Además, "enfrentamos a un delito recientemente reconocido y necesitamos saber qué es lo que pasa en la mente de los criminales y clientes, en las mujeres que victimizan a mujeres, incluso mujeres que han sido víctimas y que en el año 2006, el último año del que se tienen estadísticas, 22.000 víctimas fueron rescatadas, y sabemos que el problema afecta a millones".
    Se remarcó que las mujeres han tenido un papel prominente en este delito, ello a través de un informe divulgado en febrero de este año por iniciativa Global de la ONU para luchar con el tráfico humano (UNGFT).
    Asimismo, la explotación sexual representa a 79 por ciento del tráfico humano, mientras que el trabajo forzado 18 por ciento. Esto es debido a que la explotación de las mujeres y la explotación sexual tiende a estar mejor documentada, mientras que los casos de trabajo forzado, de servidumbre doméstica, de robo de órganos y de explotación de niñas y niños son menos informados.
    El subdirector general de la Organización Internacional para las Migraciones, Ndioro Ndiaye, estimó que globalmente el número de personas traficadas en forma anual van de 600.000 mil a cuatro millones y el rango ha permanecido incambiado en la década pasada.
    "El Protocolo de Palermo exige a los gobiernos que tomen acciones contra las formas del tráfico humano, así como la explotación sexual y laboral", dijo el director de comunicaciones de la Organización Internacional del Trabajo, Zohreh Tabatabai.
    En dicho informe se dejo sentado: "La mayoría de los oradores y delegados en la ONU pertenecían a países con pobre historial en materia de lucha contra el tráfico de personas y que uno de cada tres estados miembros —del foro mundial— no han ratificado el Protocolo de Palermo, y casi la mitad no han procesado a nadie por ese delito, aunque podríamos decir que es un problema de todos".
    Finalmente, se descubrió que "muchos países no recolectan información sobre este delito, porque en muchos de estos no es un crimen, debido a que no ratificaron el Protocolo".
    Cabe destacar que el llamado Protocolo de Palermo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por por tierra, mar y aire comenzó a ser aplicado para combatir a las mafias que han logrado extender sus tentáculos en varios países. La ratificación de 40 países ha permitido la entrada en vigor del protocolo. Entre los que han dado este paso destacan España, Francia, Nueva Zelanda y Noruega, mientras que entre los latinoamericanos están la Argentina, Ecuador, Costa Rica, México y Perú. El documento señala que deben ser considerados expresamente, como crímenes, todos los actos relacionados con la elaboración o facilitación de documentos de identidad o viaje falsos, así como su utilización para el tráfico de inmigrantes. En cuanto al tráfico por mar, el protocolo obliga a los gobiernos a adoptar nuevas leyes que podrían prevenir esta actividad criminal mediante el uso del transporte.

Graciela Catalán Álvarez

Fuente: ONU, IPS