Finalmente, el Gobierno decidió dar marcha atrás con los tarifazos a la electricidad y el gas. Sólo en las últimas, la Defensoría del Pueblo había asegurado estar recibiendo más de 100 quejas diarias por parte de los usuarios de ambos servicios, los cuales se encontraron en las últimas facturas con aumentos que oscilan entre 300 y 700%. Además, catalogó de "arbitrarias e ilegales" las subas implementadas por el Gobierno, al tiempo que subrayó que "las excepciones otorgadas durante el período preelectoral no resultaron efectivas".
    El organismo informó sobre la recepción de las quejas en un duro comunicado, en el que señaló que "desprolijidad, improvisación y falta de criterio aparecen aunados en el tratamiento de los usuarios de los servicios de gas y electricidad".
    "El actual escenario en ambos servicios es crítico. Nos encontramos frente al peligro de inminentes cortes ante una eventual modificación de la situación judicial y existe una situación de desconcierto e incertidumbre, que provoca reclamos permanentes por parte de los usuarios", señaló en el informe que estuvo a cargo del Area de Usuarios, Obras y Servicios Públicos de la Dirección de Derechos Económicos de la Defensoría.
    "La aplicación de las normas derivó en desmesurados aumentos en los valores de las facturas" de aquellos servicios, "arrojando montos irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose, en consecuencia, en arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar los principios elementales de justicia contenidos en nuestra Constitucional Nacional", agregó.
    Los aumentos de la electricidad quedaron definidos en las resoluciones 1169/08 y 628/08 de la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), respectivamente. Estas avalaron el traslado de los nuevos precios de la energía a los usuarios con consumos mayores que 1000 Kw.
    A su vez, la suba del gas está vinculada con el cargo tarifario definido en la resolución 536/08 del Enargas, que tiene por objetivo la capitalización de un fondo fiduciario creado para hacer frente a eventuales necesidades de importación del fluido.
    Una buena noticia que suma un poroto para el Gobierno K.

Ana Grillo