La Comisión de Enlace tiene una deuda con los productores para cubrir las consecuencias de las emergencias y de los desastres agropecuarios y debe ponerse a trabajar en la elaboración de una propuesta de política de estado para cubrir los riesgos climáticos, como tienen los países desarrollados y subdesarrollados. No tiene sentido que salgan a recorrer las zonas para presionar por algún subsidio que termina siendo denigrante para el productor por su monto y las formas.
    De seguir con esta acción gremial las consecuencias serán que un mayor número de productores saldrá del sistema por falta de apoyo concreto, poniendo además en juego la unidad de la Comisión de Enlace, por falta de propuestas concretas firmadas por los cuatro presidentes para presentar al nuevo poder legislativo a partir del 10 de diciembre.
    La falta de una propuesta más amplia a la ley de emergencia agropecuaria —que podría haber servido para atender la actividad pecuaria en el pasado—, determina que la dirigencia tendrá que consultar y proponer cuáles son las políticas más eficientes, equitativas y concretas para que el productor no siga dependiendo de los subsidios del gobierno y de sus funcionarios, por la falta de una política integral más digna, previsible y moderna para cubrir todos los riesgos climáticos.
    Los tres instrumentos para una política de estado para los riesgos climáticos deberían ser una ley de emergencia agropecuaria que este relacionada al uso del seguro, políticas muy agresivas induciendo a que el productor tome seguro y simultáneamente promover la creación de un fondo permanente para atender los desastres y las catástrofes no previsibles.
    Los países que más rápido avanzaron en este tema instrumentaron mecanismos directos o indirectos para generalizar el uso del seguro sin que el sistema sea obligatorio. Puedo mencionar entre ello la excepciones de impuestos al seguro agrícola, subsidios directos a las prima como se dispuso en Brasil recientemente o promover una menor tasa de interés en los créditos si son tomados con seguros entre otros incentivos.
    Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron que era más eficiente para el Estado un sistema mixto público-privado, que hacerse responsable en forma unilateral y obligatoria de atender los riesgos climáticos. Incluso, los países más avanzados como España dispusieron que, para atender con fondos públicos los desastres o las catástrofes de un productor, éste tiene la obligación —para poder cobrar ese beneficio— de tener asegurado todos los bienes asegurables en su predio.
    Una política moderna debe inducir el uso del seguro porque hace más solidario el sistema. Para que un sistema de seguro sea efectivo tiene que evitar la autoselección por zonas o cultivos, implementando políticas nacionales y provinciales que permitan generalizar su uso a todas las producciones y regiones con un servicio técnicamente viable y económicamente accesible al productor.
    La actual sequía y eventos climáticos que está poniendo en juego las futuras actividades agropecuarias no se solucionan con ideas anacrónicas ni con postergaciones de compromisos. Hay que tener políticas que restituyan a los productores lo invertido para poder seguir en su actividad. Los eventos climáticos son un riesgo empresario por lo tanto hay que asumirlo como tal, proponiendo sin demora las políticas de estado y una vez implementadas, trabajar junto con el gobierno para adaptarla anualmente a los cambios climáticos y económicos que tiene que soportar el complejo agroindustrial.

Arturo Navarro