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Lamentablemente ha debido morir Axel para que nuestros gobernantes tomen conciencia de la feroz inseguridad en que nos vemos sumidos desde hace tantísimo tiempo. Pero la toma de conciencia no se ve acompañada por un análisis serio y profundo de la cuestión, sino más bien como el anuncio de una serie de medidas tomadas con la urgencia que la presión social imponía y con la intención de calmar los ánimos y evitar mayores costos políticos.
Para la emergencia y lo inmediato, deben tomarse medidas rápidas y de pronta aplicación, pero lo que también debe entenderse es que tales medidas no resultarán suficientes si no se acompañan con otras de mediano y largo plazo, conformándose así una correcta y debida política de seguridad que se sostenga en el tiempo.
En cada una de las ocasiones en que se produce un hecho de repercusión pública -y esto desde hace muchos años-, se reedita la cuestión de bajar la edad de punibilidad de los menores, como si esto constituyera una solución mágica, cuando, los que nos hemos dedicado al tema, sabemos que no es así. Nos consta que, por el solo hecho de saber que son punibles, estos jóvenes no dejarán de delinquir. Si así fuera, al cumplir los 16 o 18 años -según el tipo de delito-, abandonarían su conducta delictiva, lo que no ocurre: la gran mayoría de los habitantes de las cárceles tienen antecedentes como menores, lo que indica que la punibilidad no los detiene.
No existe impedimento alguno para bajar el piso a partir del cual se es punible y, de hecho, puede hacérselo. Pero entiendo que ello devendría acertado si se les diera a todos los menores las mismas oportunidades para desarrollarse y poder convivir armónicamente en una sociedad; si todos tuvieran la misma oportunidad de educarse y asimilar los valores esenciales que marcan una correcta socialización; si todos las familias pudieran cumplir adecuadamente con sus funciones nutritivas y normativas que les permitieran ser el ámbito de contención que se impone para el correcto desarrollo biopsíquico de un niño. Entonces sí puede hablarse de que son legítimamente responsables los jóvenes a partir de menos años.
Dando muestras de un simplismo incomprensible, se pretende poner coto a la llamada delincuencia juvenil mediante el incremento de las penas y la política de mano dura, sin reflexionar sobre la responsabilidad que nos cabe a todos en el origen de las causas que han llevado las cosas al estado actual ni sobre la contradicción que significa tener hermosas normas jurídicas y una horrible realidad.
Olvidamos que:
1) "El que es pobre en la vida tiene que ser rico en derechos", dice un refrán alemán, y estos jóvenes tildados de "bestias" son pobres en la vida y en derechos.
2) que una personalidad desarrollada sin garantías de protección básica será una personalidad limitada, frustrada o en conflicto.
3) que el deterioro social que se está verificando en nuestro país como consecuencia de las políticas de ajuste ha causado un empobrecimiento y una marginación sin precedente, por lo que se ha perdido el control social.
4) en toda sociedad debe existir relación entre la moral y la justicia social: el cumplimiento de lo moral sólo podrá funcionar socialmente cuando las oportunidades sean dadas equitativamente.
Vemos que los gobernantes hablan de endurecer las leyes penales, pero no los oímos hablar de políticas preventivas adecuadas, las que han dado óptimos resultados y con baja erogación en numerosos países, por ejemplo, Canadá.
No oímos hablar a los dirigentes de desarrollar una política educativa seria y eficaz, fundamental para el desarrollo de todo ser humano y para transformar a un habitante en ciudadano. Tampoco escuchamos que se trabaje o se estudie cómo combatir la droga, presente en la mayoría de los actos ilícitos, ni de investigar seriamente el comercio ilícito de las armas.
No se estudia en profundidad cómo mejorar las cárceles para que sirvan como una red de rehabilitación (no es suficiente anunciar que se abrirán más cárceles y el trabajo de los presos), y mucho menos se diagraman políticas sociales adecuadas a la crisis. Toda política criminal deben ir acompañada de adecuados programas sociales. Un Estado que debe endurecer las penas o abrir más cárceles está reconociendo su más absoluto fracaso en materia preventiva.
Irma Lima
