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Así como una investigación por presunta evasión impositiva de la constructora Skanska fue el punto de partida para encontrar una red de sociedades que vendían facturas truchas para blanquear pagos en negro de muchas compañías proveedoras del Estado, el expediente que persigue la venta de medicamentos adulterados va camino a revelar una matriz –de dimensiones aún no calculadas– dedicada a blanquear dinero. Crítica de la Argentina cruzó información de cuatro causas judiciales que involucran distintos hechos de corrupción con participación de sindicatos, funcionarios públicos, droguerías y empresarios, donde todos coinciden en un punto: la utilización de una misma ruta de sospechadas cooperativas y asociaciones sin fines de lucro, que sirvieron para perder la pista de la plata negra.
Los casos son distintos y se tramitan en diferentes juzgados. Se trata de las investigaciones por la mafia de los medicamentos, el descubrimiento de una cueva financiera que funcionaba en un consulado honorario de Guinea Bissau, el pago irregular de 54 millones de pesos por parte del Ministerio de Economía a un pool de aseguradoras y una denuncia del ex fiscal Manuel Garrido por presuntos sobornos de proveedoras del Estado, como Skanska y Telefónica, entre otras.
En todos los ejemplos se sucede una misma metodología. El dinero investigado se pierde en una sucesión de cheques endosados una y otra vez que terminan depositados en cuentas de estas sociedades alcanzando montos muy llamativos para no tener fines de lucro. Ése es el caso, por ejemplo, de la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal Bethel de San Miguel. Según registros que constan en la Unidad de Información Financiera, los bancos denunciaron reportes sospechosos que revelan que depositaron cheques por 50 millones de pesos en dos meses. Ese dinero fue rápidamente retirado en caja, apenas ingresaba la plata a las cuentas. La Iglesia está en el listado del Parlamento Argentino de Religiones y sus misiones.
En la cueva de Guinea Bissau se descubrieron varios comprobantes con depósitos en Bethel. Lo mismo sucedió en la denuncia de Garrido, quien encontró en las cuentas corrientes de la Iglesia cheques que la constructora Vezzato emitió a favor de Constructora Triple T. La presentación del ex fiscal apuntó a ampliar las compañías que operaron con algunas de las firmas que proveían de facturas truchas a Skanska para justificar los gastos en coimas para la construcción de gasoductos.
El juez Sergio Torres tiene un expediente originado en una denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por el pago irregular de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras que venía reclamando el cobro al Ministerio de Economía desde hacía más de dos décadas. A pesar de varios fallos judiciales e informes internos del ministerio que denegaban la validez del reclamo, el pago se hizo igual, y antes de que el caso llegara a la Justicia se llevó adelante una maniobra que perdió la plata en un camino pantanoso. Una parada de ese camino incluye a una sociedad investigada en la cueva del consulado. Uno de los cobros fue derivado en cheques a una empresa llamada Avincor, que automáticamente distribuyó los fondos en distintas sociedades: dos de ellas, Pago Rural y Transportes del Alba, aparecen en el expediente judicial. Una vez retirado por caja, este dinero habría quedado en manos de Iván Holjevac, un croata mencionado en el informe de lavado de dinero del Congreso de la Nación.
La viuda de Sebastián Forza, Solange Bellone, está acusada de ser la organizadora en una de las asociaciones ilícitas detectadas por el juez Norberto Oyarbide en la causa de los remedios, que tuvo a la ex ministra Graciela Ocaña como principal denunciante. En declaración indagatoria, dijo que al morir su esposo salió a buscar la forma de cobrar algunos de los cheques pendientes de cobro de la droguería familiar. La emisión de cheques sin fondos era una constante entre los dueños de estas sociedades: “No recuerdo el monto –dijo Solange–, era algo de dos dígitos, de 10 mil/20 mil, no 100 mil, y como después se decía que había quebrado, sabía que no lo iba a cobrar más. Yo con los quilombos que tengo, mi marido no me deja nada, por eso fui a ver a Martinero, a este del cheque. No fui a ver a nadie más porque no sabía de nadie más”. Martinero es Guillermo Martinero, un abogado calvo y regordete con oficina en calle Tucumán, que apenas supera los cuarenta años pero que tenía la confianza ganada de varios propietarios del negocio de los medicamentos a la hora de cambiar cifras millonarias en cheques.
Su nombre aparece en la boca de Solange varias veces y se repite en los procesamientos de la familia De Marco, donde el padre, funcionario del ANMAT, colaboraba en la comercialización de remedios oncológicos adulterados que vendía su hijo. Martinero era su representante legal. El nombre de este abogado vuelve a hacerse muy visible en el expediente que estudia la financiera que funcionaba en el consulado de Guinea Bissau. En declaraciones del expediente del triple crimen, consta que cada vez que Forza iba a estas oficinas se encontraba con él.
La cueva del Consulado operaba en 25 de Mayo 293. Cuatro pisos más abajo, en el mismo edificio, estaba Vernet Cooperativa de Crédito y Vivienda, allanada por Oyarbide, quien cree tener probado que Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier y principal imputado en la megacausa de los medicamentos, era uno de sus propietarios. Según los investigadores, el empresario estaba asociado en este negocio con la droguería Bisol, de los De Marco, quienes tenían a Martinero como abogado. Cuando Oyarbide comenzó a seguir la pista de una denuncia por adulteración de remedios de alta complejidad, Sebastián Forza y sus dos amigos todavía no estaban muertos a tiros. Después del triple crimen, en agosto de 2008, el magistrado descubrió que tenía en su despacho algo mucho más grande. Una megacausa que está revelando los vínculos directos entre sindicato, política y droguerías truchas que en su mayoría aportaron a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007. Los cruces son muy claros: el recaudador K es el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y uno de los principales imputados –detenido y procesado– es Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, a quien le descubrieron aportes por un millón de pesos a través de socios y amigos de él. Lorenzo iba personalmente al despacho de Capaccioli a coordinar las firmas de los recibos de los aportes.
El seguimiento de la plata derivado de estos negocios llevó al juez a Vernet y a otras cooperativas, como Madero o Madercor, Crédito Sur, Maffra, Amigal y Cooperativa de Crédito y Vivienda Talcahuano, donde circulaban millones en cheques de las obras sociales de los sindicatos. La actividad financiera de Lorenzo, Forza y otros protagonistas de esta mafia parece, al fin, tan importante como la venta de medicamentos truchos.
Luciana Geuna
Crítica de la Argentina
