La lucha contra el narcotráfico se libra en las provincias del noroeste con más asiduidad que en las del centro. Es lógico que esto suceda, toda vez que los estupefacientes ingresan al país por las zonas limítrofes de la Argentina.

Desde hace años, la Justicia de la provincia de Salta viene solicitando al gobierno central que ayude —especialmente a nivel presupuestario— en la lucha contra el tráfico de drogas, lo cual jamás se ha hecho efectivo finalmente.

En el marco de ese desesperado pedido, en las últimas horas se ha conocido el reclamo de la Cámara Federal salteña, la cual solicitó que se instalen políticas adecuadas para trabajar en la lucha contra el narcotráfico, presentando un pronunciamiento del Consejo Promotor Vecinal número 1, en el que agrupa 30 barrios de la zona sudeste donde se hace presente la comercialización de pasta base de cocaína, el denominado paco.

Según consigna agencia DyN, ese cuerpo ha solicitado además protección para consumidores denunciantes y que se invierta mayor presupuesto en fuerzas de seguridad. Las copias de este informe fueron remitidas a Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Salta, Drogas Peligrosas, Agencia Antidrogas, Gobernación, Ministerios de Seguridad y Derechos Humanos de la Provincia.

Los camaristas, Jorge Luís Villada, Roberto Loutayf Ranea y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas respondieron a un pedido similar del año 2009, que el espacio aéreo se encuentra en un alto grado de vulnerabilidad ante los vuelos clandestinos del narcotráfico.

Los jueces del tribunal consideraron necesarios que los organismos de seguridad cuenten con mayor presupuesto para incorporar más personal en el área de investigación y contar con medios tecnológicos apropiados.

El pedido está hecho, ahora sólo resta saber por qué los funcionarios a los que les cabe esta responsabilidad hacen oídos sordos.

¿Complicidad oficial?

Carlos Forte