La asignación familiar por hijo alcanza hoy, según el Gobierno, a unos 3,5 millones de hijos de desocupados, trabajadores no registrados que cobran menos del salario mínimo, empleadas domésticas y monotributistas.

La Iglesia insistirá en promover una ley para hacer “más universal” la asignación familiar por hijo, un beneficio conseguido en noviembre por decreto presidencial que, según los obispos, en la práctica no llega a serlo, al no incluir de manera efectiva y transparente a toda la población menor a los 18 años.

La estrategia se enmarca en la lucha por erradicar la pobreza y la exclusión social del país, una problemática que, al entender eclesiástico, debe considerarse “una emergencia nacional” y enfrentarse como “prioridad de Estado”.

La urgencia frente a la inequidad social llevó a la Iglesia a aplaudir en su momento, aunque con críticas a su modo de financiación, el decreto de la presidenta Cristina Fernández. Ahora, sin embargo, tomó distancia de aquel primer apoyo a la iniciativa y volvió a reclamar que el beneficio se amplíe, y se convalide por consenso y mediante una ley del Congreso.

“En la medida que se reconozca la universalidad, no debería haber obstáculos para incluir de manera efectiva y transparente a toda la población menor a los 18 años, al subsanar con el tiempo los errores que puedan derivarse de una implementación apresurada y poco planificada de esta asignación”, aseguró Gabriel Castelli, director nacional de Cáritas Argentina.

Otras fuentes eclesiásticas consultadas por DyN explicaron que el programa vigente “no termina de ser universal” porque deja afuera al menos a “dos millones” de niños en situación de pobreza, entre los que incluyen a hijos de cuentapropistas y autónomos.

A esto se suma que la falta de estadísticas “ciertas y realistas” del Indec que, advirtió la Universidad Católica Argentina, impiden certificar el número de beneficiarios o bien determinar quiénes son pobres y quiénes no, para poder incluirlos.

La asignación familiar por hijo alcanza hoy, según el Gobierno, a unos 3,5 millones de hijos de desocupados, trabajadores no registrados que cobran menos del salario mínimo, empleadas domésticas y monotributistas.

A cambio de cobrar 180 pesos mensuales, se exige a los padres como contraparte que certifiquen que sus niños asistan a la escuela en forma regular y cumplan con controles sanitarios periódicos y el cronograma de vacunación.

Pese a que el plan es presentado como “un éxito” de la política social de la administración kirchnerista, desde la misma Casa Rosada se admitió recientemente que 500.000 niños y adolescentes no reciben esta ayuda.

Ante esta falencia del sistema, los ministerios de Economía, Trabajo y Desarrollo Social alcanzaron a la Presidenta el borrador de otro “decreto”, a fin de ampliarlo a unos 150 mil niños e incluir también a los hijos de trabajadores temporarios.

En tanto, referentes de Cáritas Argentina y la Comisión Episcopal de Pastoral Social, mantuvieron conversaciones reservadas con actores sociales a fin de convencerlos de que es necesario “jerarquizar” ese derecho mediante una ley por consenso.

En la misma línea trabajan los diputados Martín Sabbatella, Carlos Heller, Vilma Ibarra, Ariel Basteiro y Jorge Rivas, quienes pretenden ampliar por ley este beneficio a trabajadores que ganen hasta cuatro mil pesos, y establecen un mecanismo de actualización atado a la asignación familiar que cobran los trabajadores en relación de dependencia. El objetivo es evitar que los magros 180 pesos por hijo sean erosionados por el impacto de la inflación, como ya sucedió de noviembre a esta parte.

No son estos los primeros roces que el Gobierno y la Iglesia tienen por la asignación familiar por hijo.

En abril pasado, el tema generó cierta tensión después de que el Consejo Superior de Educación Católica denunció que 300 mil alumnos de escuelas privadas -en casos con cuotas inferiores a lo que se paga en las cooperadoras de escuelas públicas- no accedían a este beneficio porque la Anses no reconocía a los padres el certificado de escolaridad.

Tras la advertencia pública por supuesta “discriminación” hacia esos establecimientos, el Gobierno ordenó a los empleados del Anses reconocer las constancias de los colegios privados de gestión eclesial, pese a que muchos funcionarios consideraban que no podía otorgárseles esa ayuda a padres que pagan una cuota, por mínima que sea, para dar educación a sus hijos.

El hecho provocó además la reacción de Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, quien criticó con dureza al titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, obispo Jorge Casaretto, por su acompañamiento al decreto presidencial.

La líder opositora acusó al prelado de “haber pactado con el Gobierno, a espaldas del Congreso”, y también de desconocer su advertencia sobre el “uso clientelar” que la Casa Rosada iba a hacer de la asignación familiar por hijo.

Guillermo Villarreal
DyN