La pobreza, las estrategias para erradicarla y los modos para cuantificarla, siguen siendo de un año a esta parte el principal punto de tensión entre el Gobierno y la Iglesia Católica, sobre todo porque el matrimonio presidencial defiende a rajatabla el “modelo” kirchnerista como promotor de una equitativa distribución de la riqueza.

Aunque hubo otros antes, los chisporroteos por la problemática social se hicieron evidentes en agosto de 2009, por un mensaje del papa Benedicto XVI alertando sobre “el escándalo” de la pobreza en la Argentina, que la Casa Rosada intentó minimizar.

Entonces, ni el cardenal Jorge Bergoglio ni los demás miembros del Episcopado, sobre todo el obispo Jorge Casaretto, titular de la Pastoral Social, se quedaron callados y ratificaron que, según sondeos de la Universidad Católica Argentina, la pobreza se ubicaba por encima del 30 por ciento, en una crítica directa a los números del Indec que la posicionaba apenas en 15 puntos.

La queja eclesiástica por el método gubernamental para medir este flagelo volvió a evidenciarse esta semana, cuando la administración K dijo que la pobreza bajó dos puntos porcentuales y la estimó en 13,2 por ciento, es decir unos cuatro millones de pobres.

Pero los obispos reiteraron que la idea no es discutir estadísticas, siempre objetables, sino proponer -de cara al Bicentenario patrio 2010-2016- políticas públicas para fomentar la inclusión social y un país “más justo y federal”, sea cual fuere el número de pobres.

A estas lecturas se sumó el recurrente planteo episcopal por la falta de acuerdos y de diálogo, un método que la Iglesia considera ausente en la actual clase dirigente.

Esa carencia denunciada por los obispos también quedó demostrada esta semana con el fracaso de la firma del documento “La pobreza: un problema de todos”, promovido desde la Iglesia.

La deserción de la UIA, las dudas de los banqueros y el rechazo de la CGT y la CTA, tras evidentes presiones del Gobierno que hicieron cambiar más de una opinión, minaron toda posibilidad de que el texto pudiera rubricarse el miércoles 14 de abril en la sede del Episcopado, como estaba previsto.

La Iglesia sintió el impacto y con inusual autocrítica reconoció “ingenuidad” y no haber sido del todo “perspicaz” para avanzar en consensos para luchar contra la pobreza, una prioridad que consideró “fundamental” en la agenda pública.

“No evalué que el nivel de fragmentación que hay en la sociedad es muy alto e impide toda posibilidad de acuerdos”, admitió Casaretto, quien impulsaba el texto al que se habían comprometido firmar cámaras empresarias, centrales obreras y organizaciones de la sociedad civil.

La única que ratificó su negativa por escrito fue la Confederación General del Trabajo liderada por el camionero Hugo Moyano, habitual aliado del matrimonio presidencial, aunque ahora suele advertir sobre el impacto de la inflación en el salario de los trabajadores. El resto, en particular empresarios y banqueros, lo hizo en forma verbal o a través de los medios.

En tanto, Casaretto debió salir a aclarar que el documento “no tuvo intención de confrontar con el Gobierno”.

Sin embargo, la Casa Rosada puso el grito en el cielo, al conocer de antemano un párrafo del texto con críticas al “modelo” económico, por no realizar “una distribución equitativa de la riqueza”.

Más allá del fracaso, Casaretto se manifestó “optimista” de la continuidad de esa iniciativa del Foro de Habitantes a Ciudadano, que fomenta desde la comisión episcopal a su cargo.

Allí confluyen delegados de distintas organizaciones sociales, convocadas por la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que el prelado asesora y cuyo titular es el laico Eduardo Serantes, vinculado a un pool de siembra y cercano al ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

La redacción del documento ahora congelado estuvo a cargo de los economistas Juan José Llach, Agustín Salvia, Daniel Arroyo y Ernesto Kritz, e hicieron sus portes AEA, Came, ABA, Adeba, la Federación Agraria, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, entre otras.

Las entidades participantes exhortaban en ese texto a declarar la “emergencia nacional” para afrontar la erradicación de la pobreza, al advertir que las situaciones de inequidad “continúan” como consecuencia de “un modelo económico que no realiza una distribución equitativa de la riqueza”.

En otro punto, consideraron importante que pueda controlarse la inflación, que “tanto daño hace en particular a los sectores más pobres, sin caer en las políticas de ajustes que han demostrado un gran fracaso y la fractura social”.

El documento contiene, a la vez, un plan de políticas públicas a desarrollar en el período 2010-2016, entre las que se cuentan: una reforma impositiva, un “Plan Marshal” para rescatar a los niños y adolescentes de la droga, la universalización de asignaciones familiares, la reforma en el sistema educativo y la masificación de microcréditos.

Guillermo Villarreal
DyN