Si han de tamizarse los hechos de la política para separar lo importante de lo accesorio, lo que queda a la vista como elemento preponderante de la última semana, por sus efectos hacia el futuro, es la ofensiva gubernamental contra cuatro grandes empresas de diferentes rubros (Shell, Siderar, Fibertel y Papel Prensa), las que sufrieron embates kirchneristas de todo tipo que, en su escalada, muchos ya comparan con la versión patagónica del chavismo.

Y no sólo porque el bombardeo oficialista pone en riesgo la operación de cada una de la compañías, aunque también hace tambalear la seguridad jurídica y desestimula aún mucho más futuras inversiones, sino porque, en cada caso, el fondo de la situación apunta a restringir las libertades individuales de empresas y ciudadanos, que tienen que ver con los derechos de comerciar, circular, elegir, informar y ser informado.

Así lo expresó el viernes, sin pelos en la lengua, aunque demudado por el asombro, todo el arco antikirchnerista en el Congreso que, en el fondo, no podía dar crédito a cómo, después de perder tres votaciones clave en el recinto (la Ley de Glaciares, la normalización del Indec y el 82% móvil para los jubilados) y estar a punto de que se le caigan las Facultades Delegadas, el Gobierno estaba de pie. Y cómo, en su hábil estrategia de distracción, los había tenido mirando para otro lado, mientras sus voceros presionaban a la Corte Suprema para que convalide la Ley de Medios y sus operadores orquestaban una por una la ofensiva contra las empresas y sus mánagers (Juan José Aranguren, Paolo Rocca y Héctor Magnetto), para disciplinar así a los más díscolos.

Por las diferentes concepciones ideológicas de los presentes en esa tenida opositora, el pronunciamiento conjunto no fue, por cierto, un espasmo neoliberal anclado en la nostalgia de los 90, sino más bien un regreso decidido al motor que le proporcionó el documento de identidad a la Nación Argentina: la Constitución de 1853.

Y esta vuelta a las raíces tiene mucho más mérito todavía, porque llega de la mano de una muy buena parte de la corporación política que, por formación, tiene metida en sus entrañas la semilla de que el Estado es el papá, el benefactor y el dueño indubitable de los bienes, estómago y pensamiento de toda la sociedad. Todos ellos buscan legítimamente el relevo constitucional en 2011 y un discurso de ese tipo es habitualmente considerado piantavotos, ya que los políticos suelen subestimar a los ciudadanos y los prefieren, antes, clientes. Lo cierto es que hacía mucho que en la Argentina no se hablaba de libertad.

Ahora, habrá que sopesar si a la sociedad le interesa o no le interesa el valor de los derechos individuales y hasta dónde está dispuesta a creer las versiones generalmente amañadas de los gobernantes. En la gran calesita del sálvese quien pueda en la que está metida el grueso de la población, ha sido más que meritoria la resistencia de muchos abonados, del millón que atiende Fibertel, a abandonar la compañía, sólo porque lo ha decidido el mismo Gobierno que venía tolerando, desde hace siete años, la supuesta anormalidad que ahora esgrime como justificativa del cese de la licencia.

En esa línea, habrá que ver qué opina la sociedad sobre lo que va a ocurrir el martes, cuando el Salón Blanco de la casa de los presidentes explote en vivas en el instante en que se dé a conocer la historia oficial sobre el traspaso de Papel Prensa, una empresa privada con participación del Estado, sector que acompaña y controla la operatoria desde 1976 y que, hasta ahora, bajo gobiernos militares, radicales o peronistas o aún desde 2003, bajo la actual conducción, nunca tuvo nada que decir al respecto, hasta que decidió asaltarla.

No es un secreto, que el Gobierno quiere llenar la Casa Rosada de aplaudidores para convalidar el show del despojo. No les alcanza con las organizaciones sociales, los sindicalistas o los artistas de ocasión, sino que están buscando de apuro sumar empresarios de primer nivel a la movida, los que se resisten a prestarse al juego, ya que quizás mañana les puede tocar a ellos mismos.

La idea es acusar públicamente a los diarios Clarín y La Nación, de haber obtenido la empresa en el año 1976, junto al entonces diario La Razón, a partir de las torturas de los militares y quiere mostrárselo como ejemplo a los hombres de negocios, casi como el “tráeme agua a las manos” del Conde Lucanor. Hasta ahora, no hubo un solo pronunciamiento de ninguna entidad empresaria con relación a los avances del Gobierno sobre el sector privado, lo que muestra hasta dónde los dirigentes prefieren preservar sus quintas, antes que defender cuestiones que hacen a la calidad institucional.

Según refieren fuentes gubernamentales, el Libro que hilvanó el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, tenderá a presentar la situación como si fuese un crimen de lesa humanidad y que, por lo tanto, al ser imprescriptible, será el andamiaje por el cuál el Estado pasará a ser el único dueño de Papel Prensa. El paso siguiente, especulan, podría ser la puesta en marcha de una querella criminal contra los directivos de los dos diarios, lo que bien podría abrirle la puerta a la viuda de David Graiver para solicitar un resarcimiento o plantear la posibilidad de recuperar la empresa.

Desde la Casa de Gobierno se ha filtrado que el documento tiene más de 1.000 páginas y que la Presidenta ha recibido un Resumen Ejecutivo mucho menor de lo que será el relato oficial que servirá como sustento para intervenir o expropiar una empresa que elabora nada menos que papel para diarios, un insumo que, en manos del Estado, combinado con la potestad que tiene éste de fijar aranceles de importación, puede ser una guillotina para la prensa libre, que deberá arrodillarse ante la discrecionalidad del poder de turno.

Lo más interesante para seguir será comparar qué artilugios se utilizan para presentar una serie de hechos objetivos que constan en documentación pública y en archivos periodísticos, como por ejemplo que la compra de las acciones de Papel Prensa se realizó el 2 de noviembre de 1976, al menos cinco meses antes que los integrantes del Grupo Graiver fueran detenidos por otras circunstancias diferentes a los de la venta de la empresa. Según su propio testimonio, Lidia Papaleo, la esposa de David, fue secuestrada por los militares el 14 de marzo de 1977 y Rafael Ianover, contador de Graiver, el 12 de abril de 1977.

También será muy interesante observar qué dirá el Libro de Moreno sobre las investigaciones judiciales que se llevaron a cabo después del Juicio a las Juntas, ya en tiempos de la democracia, que deslindaron cualquier vínculo entre la situación de los vendedores y la operación de Papel Prensa, entre ellas la que llevó adelante el ex titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas.

Habrá que ver también cómo se explicará que, el 12 de octubre de 1989, la familia Graiver haya firmado y publicado una Solicitada que contaba “La verdadera historia” y que en la misma se haya confirmado que “en 1977 fuimos privados de nuestra libertad”, mientras que sus integrantes hicieron declaraciones ante la Justicia sobre sus padecimientos de tortura y refirieron que las mismas tenían que ver únicamente con el supuesto manejo del dinero de los Montoneros.

Como elemento que, de algún modo, marca lo que se vendrá en materia de administración estatal, no hay que dejar de ponderar como un mensaje para afuera, pero también para la interna sobre quién pisa más fuerte para conducir la compañía, la intempestiva visita que el jueves por la tarde-noche hizo Guillermo Moreno a la sede de Papel Prensa, en pleno Centro porteño.

Más allá de sus modos, que los testigos describieron como “atemorizantes”, en su recorrida el funcionario hizo menciones despectivas hacia la tarea de los gerentes actuales de la compañía, cerró una oficina con llave y se la llevó en el bolsillo, prometiéndole ese lugar a uno de sus acompañantes. Pero, además, pidió a los gritos que le vaciaran armarios y blanqueó que él mismo “se iba a hacer cargo de la empresa y que todos los que robaron durante 30 años iban a dejar de robar”.

Moyano en escena

El caso Techint-Siderar y la ofensiva de Hugo Moyano para evitar que cinco plantas de la empresa puedan distribuir su producción si quienes manejan los camiones de empresas tercerizadas no pasan a su gremio, más allá de pegarle fuerte a una de las empresas más grandes del país y a la distribución de chapas, tubos, alambres y perfiles que ha comenzado a desabastecer a la industria, también tiene un costado en la interna del PJ, en este caso en el distrito bonaerense, lugar donde también el martes aterrizará el titular de la CGT como número uno, con la resistencia de muchos intendentes y la bendición de Néstor Kirchner.

Una mano parece lavar la otra, sobre todo porque en el caso del conflicto con Siderar, el Ministerio de Trabajo ha mirado para otro lado, sin declarar la conciliación obligatoria y se ha limitado a tratar de “acercar posiciones” en lo que llamó “cuarto intermedio”.

Mientras tanto, siguen los bloqueos en las plantas y la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que involucra a gremios del transporte aéreo, marítimo, camiones, taxis y colectivos amenazó con parar el país el próximo jueves, en una demostración de fuerza moyanista demasiado evidente, aunque habrá que dilucidar con quien es efectivamente la pulseada, si con la empresa, con los peronistas que no lo quieren ni ver por La Plata o con el mismo Kirchner.

Tanto uno como el otro tienen suficientes rasgos en común como para buscar ser el garañón de la manada, lo que asegura cortocircuitos en potencia. La pasión por el poder, la búsqueda de adeptos, los métodos agresivos y hasta su discrecionalidad manifiesta son demasiadas coincidencias como para pensar que ésta pueda ser una sociedad que se mantenga en el tiempo. Justamente, estas características son las que, desde dentro del peronismo bonaerense, creen que pueden llevar al PJ a perder las elecciones, más allá de las caras de alegría que han puesto los intendentes sólo para la foto, esta última semana en Olivos.

En medio de todos estos cortocircuitos, los ministros más cercanos a la economía, como Amado Boudou y Débora Giorgi han hecho malabares para recitar durante la semana los números de algo que no manejan, mientras que no saben cómo hacer para esconder que la inversión es pobre y de baja calidad. Con lo que le pasa a las empresas desde los factores políticos, pocas chances habrá de revertir la situación.

Ambos han hecho sendos panegíricos de lo bien que le va a los números fiscales y comerciales, pero el colmo de la inconsistencia fue de Boudou que con la mano derecha ha jurado que la plata sobra y con la izquierda, sin reconocer que todo es una cuestión de manejo de prioridades, advirtió que si se les paga a los jubilados quiebra el país. “En tres meses hay default”, le han hecho decir a la Presidenta.

Hugo E. Grimaldi
DyN