En este TEG (Táctica y Estrategia de Guerra) de cabotaje en el que se ha convertido la política argentina, los múltiples acontecimientos de la semana se fueron hilvanando dramáticamente y cubrieron espacio preferente en todos los medios, aunque ninguno de ellos, ni de parte del oficialismo ni tampoco de la oposición, apuntó a solucionar ni uno solo de los problemas concretos que vive la población, como la inflación, la pobreza o la inseguridad.

Es como si el viaje de la Presidenta a Venezuela, el fallo de La Haya por la pastera instalada en el Uruguay, las tribulaciones de Julio Cobos y Eduardo Fellner por la ley del Cheque, con pedidos de juicio político y renuncias incluidos, los cobardes escarches a periodistas, la presencia del ministro Amado Boudou en el FMI, el espía que compraba datos en Economía y la corrupción que se ha denunciado en la Justicia y que apunta al corazón del kirchnerismo, todos temas muy gordos de primera plana, hoy parecen quedarle muy lejos al común de los mortales, que se desinteresan y le hacen el caldo gordo a los que favorecen tanto humo, para que tape las situaciones del drama cotidiano de los ciudadanos.

En general, salvo los sectores muy politizados, la gente percibe que se ha quedado afuera de este juego de guerra de hueca dialéctica, que tiene un trasfondo ideológico bastante claro en muchos participantes, pero cuyo común denominador es la acumulación de poder, donde el manejo del dinero resulta de vital importancia. Y por lo tanto la mira de afuera, masticando bronca o rumiando impotencia.

Entre los misiles que van y que vienen, la denuncia que hizo la Coalición Cívica contra Néstor Kirchner, a quien se lo considera el jefe de una asociación ilícita que integran miembros del Gobierno y los emblemáticos empresarios Cristóbal López, Rudy Ulloa Igor y Lázaro Báez es lo que más desvela al kirchnerismo.

La imputación, que se refiere esencialmente a la vinculación personal y comercial del ex presidente para beneficiar en contratos de obra pública a “empresas amigas”, tuvo su primer estallido.

Durante la semana que pasó, el golpe más duro que recibió el Gobierno fue que nada menos que un ex embajador en Venezuela, Eduardo Sadous, confirmara que él había advertido a sus jefes de la Cancillería sobre el desvío de fondos de un Fideicomiso común con ese país y sobre todo que había escuchado decir que para hacer negocios allí había que pagar coimas.

El diplomático no sólo refirió los porcentajes, sino que dijo que los mismos debían canalizarse a través del Ministerio de Planificación de la Argentina, en una suerte de diplomacia paralela que, obviando a las autoridades naturales del Servicio Exterior, ejercía Claudio Uberti, el mismo ex funcionario que invitó a viajar a Buenos Aires en un avión fletado por Enarsa a Guido Alejandro Antonini Wilson, quien, se recuerda, llegó con un maletín que tenía 800 mil dólares destinado a la campaña electoral de 2007.

Lo que dio la pauta del impacto y de la gravedad del testimonio fue la inmediata reacción del ministro del área, Julio De Vido -uno de los denunciados- quien inmediatamente, contra su costumbre de mantener un perfil bajo, salió a desmentir de modo tajante cualquier participación.

Ahora, vendrán las nuevas citaciones, los descargos y los careos, pero lo más sensible para el Gobierno es que empezarán a desfilar por los Tribunales personajes que se sentían impunes, sobre todo porque la causa también aborda otros ítems que abre el juego hacia una docena de temas.

Así, en la denuncia, además del caso del Fideicomiso con Venezuela, se pide la investigación sobre cómo se procedió con el Plan Federal de Viviendas, la realización de diferentes obras viales, la concesión de áreas petroleras, la explotación del negocio de juegos de azar, las licitaciones promovidas por el ente de control de los peajes, las obras para la interconexión de energía eléctrica, los fondos para Atucha II, la construcción de cárceles y los presuntos casos de lavado de dinero, a los que la Coalición le agregó otra denuncia que, en este último sentido, involucra a la propia Presidenta de la Nación, especialmente en relación con sus propiedades en El Calafate.

En general, salvo los sectores muy politizados, la gente percibe que se ha quedado afuera de este juego de guerra de hueca dialéctica, que tiene un trasfondo ideológico bastante claro en muchos participantes, pero cuyo común denominador es la acumulación de poder, donde el manejo del dinero resulta de vital importancia.

También el escrito menciona las presuntas irregularidades vinculadas a la Secretaría de Transportes, en cuanto a subsidios para colectivos y compras de subtes y trenes, la creación de la aerolínea LAFSA, el acuerdo con Southern Winds y el proyecto del tren bala, junto a la mención del ex secretario del área, Ricardo Jaime quien, por otros motivos y en otras causas diferentes, fue pionero en la semana en la modalidad de ganarse los titulares de los diarios.

Si bien toda la parafernalia de imputaciones habrá que probarlas, ya que el fiscal por ahora investiga una posible comisión de delitos, tal cantidad de temas involucrados en la denuncia le asegura al kirchnerismo meses y meses de primeras planas negativas, a medida que se vaya desentrañando cada situación.

Para un Gobierno que hace de la comunicación de buenas noticias la cáscara de su funcionamiento, este esquema se le hará bastante difícil de soportar, lo que implica que seguramente quienes revelen públicamente detalles de esta megacausa serán puestos en la picota por la veta fascista de algunos de sus seguidores, tal como viene sucediendo desde hace varias semanas con carteles anónimos y amenazas de juicios públicos a periodistas.

En este aspecto, se ha visto durante los últimos días una interesante divisoria de aguas entre miembros del propio Gobierno y algunos allegados, ya que mientras el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, y las Madres de Plaza de Mayo se alinearon entre los más notorios defensores de la marcación pública de quienes desde la prensa no piensan como ellos, Miguel Pichetto, Aníbal Fernández, Daniel Scioli y Agustín Rossi, entre otros, se mostraron mucho más prudentes y contemporizadores, rechazando tal metodología.

Durante la última semana, la figura del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, ha sido también otro de los blancos preferidos por quienes no se aguantan haber perdido las mayorías en el Congreso, entre ellos Hebe de Bonafini, quien realizó un pedido de juicio político hacia él y lo denunció en los Tribunales por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionario público.

Desde lo callejero, un cartel dedicado a su figura (“Traidor. Cristina no puede echarlo. Nosotros sí. El 29 de abril marchamos”) y una movilización convocada por internet le pedirán la renuncia el próximo jueves en las puertas del Congreso, mientras que un cacerolazo simultáneo en su defensa buscará atenuar la movida cibernética.

Quienes manifestarán en su contra lo acusan de haber permitido votar la media sanción de la coparticipación del impuesto al Cheque con una mayoría simple (35 a 33), cuando el kirchnerismo estima que se necesitaba una mayoría agravada (la mitad más uno de la Cámara, 37 votos).

Sin embargo, una simple lectura del Diario de Sesiones revela que Cobos se manejó fiel al Reglamento, ya que primero pidió devolver el tema a una Comisión para que ésta decida y luego admitió lo que le proponían desde las bancas, que sea el propio plenario el que diga cuál debía ser la modalidad de votación. Y el pleno decidió que sea una mayoría simple, ya que se argumentó que para quitarles fondos a las provincias sí se requiere una mayoría especial, pero nunca para devolvérselos.

Justamente, esta discusión lo metió en un desagradable tironeo al titular de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Eduardo Fellner, a quien se le pidió que rechace la media sanción del Senado.

Por otro lado, el jujeño ocupa el lugar que ocupa porque un acuerdo de los opositores permitió que la primera minoría se quede con la poltrona presidencial, pero esto es algo que podría cambiar, si varía la voluntad política de respetar ese pacto.

Pues bien, demostrando que al fin y al cabo es un político, Fellner navegó a dos aguas e hizo lo que le pidieron desde Olivos, aunque se reservó una carta que desagradó a los Kirchner, pero que no lo incendió ante sus pares, que ya querían, salvo Elisa Carrió, correrlo de su sillón: rechazó la media sanción, pero avisó que, si el proyecto volvía, iba a dejar que se discutiera en Comisión qué hacer con el número de votos. Igualmente, esta movida tan calculada por Fellner, al fin y al cabo terminará en un veto.

Otro personaje que quedó en evidencia hacia el final de la semana entre sus pares internacionales y como representante de la Argentina, fue el titular de Economía, Amado Boudou. En Washington, al pobre ministro se lo observa en una foto con los demás miembros del G-20 y él se destaca como una mosca blanca, porque los 19 países restantes no le retacean datos de sus economías al Fondo Monetario, ni mucho menos lo critican.

Si bien en Pittsburgh ya se les había pedido a todos los miembros del Grupo que le den datos ciertos al organismo para ayudar a monitorear la crisis, ahora, fueron más allá e insistieron en la recomendación que, “para evaluar su sustentabilidad”, todos ellos deberán estar en “estrecha consulta” con el FMI, el auditor común.

Ocurre que Boudou tiene un discurso para el público interno, en el que se debería incluir a Néstor Kirchner, a través del cual dice “Nada de FMI ni de artículo IV”, en relación a la revisión anual a la que todos los demás se someten, pero no se conoce muy bien la cara que pone cuando sus pares le hacen notar que si sigue por la senda del ninguneo de datos al Fondo, el país no podría mantener un lugar en esa mesa que consiguió Carlos Menem, cuando el actual funcionario simpatizaba con la Ucedé.

A la dualidad manifiesta del Gobierno en el caso del Fondo, debería sumarse la pobre reacción local hacia el fallo de La Haya, al resaltar que se condenó al Uruguay, pero sin hacerse cargo de no haber nunca tenido una adecuada política ambiental ni mucho menos una estrategia para imponerle ese criterio al Tribunal. Pero lo más grave ha sido la resistencia a reencauzar la relación con el vecino que han demostrado los más radicalizados de Gualeguaychú, a los que nadie se atreve a ordenarles que cesen con el corte del puente internacional. Tantas hipocresías juntas no parecen caerle demasiado bien al grueso de la ciudadanía que, en estos días, se siente desamparada por la clase dirigente.

Se podrá decir, y con razón, que muchos de los hechos vividos durante los últimos días tienen que ver con aspectos institucionales que, con el tiempo, deberían asegurar el bien vivir de todos, pero la observación cotidiana indica que todo el espectro político hoy está dirimiendo sus batallas de cara a 2001, sin que la gente pueda visualizar una estrategia B que atienda de modo integral las cosas que hacen a la urgencia de todos los días.

¿Quién ha presentado un plan antiinflacionario? ¿Quién se ocupa de la pobreza estructural? ¿Quién aplica remedios para enderezar la educación o le está buscando la solución al flagelo de la inseguridad? Las preguntas de fondo van hacia tirios y troyanos pero, hasta ahora, enfrascados en su libro de escaramuzas, sólo se escuchan desde ese lado mucho menos que balbuceos.