La seguridad —la inseguridad, en rigor— volvió a ocupar el centro de la escena en la Provincia con modalidades cada vez más violentas, mientras hubo una discusión que pareció rozar las medidas de fondo que serían necesarias para comenzar a solucionar una problemática sobre la que desde hace demasiado tiempo sólo se aplican parches que ni siquiera alcanzan para evitar que el accionar de la delincuencia siga creciendo.

Fue el esposo de Carolina Piparo, Juan Ignacio Buzali, quien, desde su dolor, puso el debate sobre la mesa, afirmando que el gobernador Scioli le dijo que tiene "las manos atadas" para actuar frente a bandas como la que se llevó la vida de su hijo Isidro.

Sin embargo, la avalancha de planteos y opiniones que generó esa afirmación no ha aportado hasta ahora nada nuevo y sólo sirvió para que desde el Ejecutivo provincial se reconfirmaran algunos diagnósticos y posturas.

Las expresiones de Buzali provocaron un cimbronazo político. Y en la Gobernación se sintió el golpe. Primero hubo silencio; después una desmentida a medias del ministro del área, Ricardo Casal, indicando que él no le había escuchado decir "eso" a Scioli, aunque estuvo en la reunión de la que dio detalles el joven.

Finalmente, y en medio de una catarata de reclamos de la oposición para que aclare "a qué se refirió", habló el propio gobernador.

No están atadas pero...

Consultado específicamente sobre si tiene "las manos atadas", Scioli insistió en que el Poder Ejecutivo tiene "sólo una parte" de las herramientas para combatir el delito y, por lo tanto, de la responsabilidad.

Y volvió a apuntar, como suele hacer, a "la parte que le toca" a la Justicia, con definiciones que dejan traslucir que, en su criterio, allí están las fallas y los problemas de la seguridad.

Hubo en esos conceptos una admisión implícita o, si se quiere, una suerte de explicación de la discutida frase de "las manos atadas" —sostuvo, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, una idea que se le acerca: que para combatir el delito no todo está en sus manos— y dos omisiones.

Una omisión correspondió al primer capítulo, básico y esencial, de la seguridad, el esquema de prevención y represión del delito, es decir, la tarea de la Policía (que, como todo el mundo sabe, depende del Poder Ejecutivo).

En rigor, Scioli aludió a la fuerza de seguridad, pero sólo para hablar del escalón que le incumbe a ésta cuando falló en los otros dos, el esclarecimiento de los delitos.

"Yo puedo meter presa a una banda", dijo. Este enfoque tampoco constituyó una novedad. El gobernador sólo habla de la Policía para destacar su labor y elogiarla (la banda del caso Piparo está detenida), en consonancia con su decisión de mantener una cúpula, atravesada por durísimas internas, que sobrevivió al cambio de ministro en el área de seguridad.

De eso ya no se habla

La otra omisión correspondió al complejo capítulo de las leyes vinculadas de un modo u otro con el delito, una herramienta que es responsabilidad de otro Poder pero sobre la que los Ejecutivos pueden ejercer gravitación política, proponiendo, por ejemplo, determinadas normas.

Nada dijo Scioli —cuando le preguntaron por "las manos atadas", vale reiterar— sobre esa materia. Es sabido, sin embargo, que el gobernador acumula sobre esa pata de la seguridad tantas críticas como sobre la Justicia.

Scioli parece haber abandonado la batalla que dio durante los dos primeros años de su gestión para que el Congreso nacional baje de los 16 años la edad de imputabilidad; un criterio que, acertado o no, forma parte de sus convicciones, junto con otras modificaciones o dictado de normas nacionales de la órbita penal que considera necesarias.

La postura de la Casa Rosada, y del kirchnerismo en general, contraria a cualquier medida que pueda simplificarse bajo la etiqueta de "endurecimiento de las leyes penales" es harto conocida.

Y en ese marco político, Scioli nada dijo el viernes, cuando repartió responsabilidades sobre la seguridad, de la actitud, por ejemplo, que habían asumido unas horas antes los diputados nacionales del oficialismo que representan a la Provincia, cuando negaron el quórum para tratar leyes que apuntan a evitar las salideras bancarias; modalidad sobre la que el propio gobernador prometió durante dos semanas, tras el caso Piparo, urgentes y efectivas medidas.

Espejismo

Mientras tanto, "la política" pareció descansar tras los agitados días que tuvieron su máxima expresión en la asunción de Hugo Moyano como jefe del PJ bonaerense. Pero fue sólo un espejismo.

El líder de la CGT ya anunció un nuevo acto masivo, en su plan de instalación en el territorio bonaerense para cuando llegue la hora de definir las candidaturas del 2011.

Santiago Montoya, expulsado de su función de recaudador de la Provincia hace un año por tratar de "autista" al kirchnerismo, consumó su regreso al gobierno de Scioli, de la mano de la estrategia electoral de Olivos del indulto a los críticos y a los que se fueron.

La ley de ampliación presupuestaria y creación de un fondo para los municipios terminó exponiendo las gruesas fallas que existen en la relación —institucional y política— entre el Ejecutivo y al menos un grupo de los diputados provinciales del oficialismo.

Y también sirvió el tratamiento de esa norma para mostrar que la oposición legislativa bonaerense (radicales, lilitos, margaritos, denarvaístas, macristas y felipistas) puede ponerse de acuerdo —muy de vez en cuando— sólo para decir genéricamente "no" a un proyecto del oficialismo, pero no a la hora de definir cómo debe ser esa iniciativa.

Marisa Álvarez
NA