El matrimonio presidencial prorroga el negociado del dragado hasta el 2021, a pesar que se van a ir en el 2011. Se garantizan así la otra “cajita” millonaria, aunque pierdan a mano de otro Gobierno. El mecanismo Kirchner-De Vido renovó un contrato escandaloso, ya prorrogado, investigado y denunciado, que vencía en el 2013, lo que nos hace pensar que ya fueron “lubricadas” sus zarpas.

En otras palabras, los Kirchner, otorgan obras de dragado de costes millonarios a Hidrovías SA, la cual desde su inicio fue denunciada en la Justicia por corrupción e impunidad por robo a la Nación. La empresa sigue investigada hasta la fecha. Paradojalmente la Justicia adicta al poder político de turno nunca halló culpables, ni tampoco instó al cumplimiento del pliego tal como lo establecía el decreto 863/93.

Menem y sus pactos impunes de entrega y robo

La entrega y vaciamiento del patrimonio estatal millonario fue impulsada por el traidor a la patria- hoy” levantamanos” del Senado- Carlos Saúl Menem. En el Decreto de aprobación 863/93, se autorizó la creación en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, del Órgano de Control que tendría a su cargo la supervisión, inspección técnica y ambiental y auditoría económico-administrativa, contable y legal, de las obras que se contraten. El MOySP debía elevar al Poder Ejecutivo Nacional, la estructura de funcionamiento del Órgano de Control, en agosto de 1993.

El 21 de febrero de 1995, en virtud del Decreto Nº 253, se adjudican las obras de dragado del río Paraná al consorcio integrado por la belga Jan de Nül NV, las nacionales Kocourek SA de Construcciones CIFeI (Horacio Albano Ingeniería y Construcciones SACIFI) y EMEPA SA. El 1º de mayo de 1995 se suscribe el Acta de inicio de la Concesión y de los Trabajos de Señalización entre el gobierno y el consorcio privado. La empresa concesionaria formada por el consorcio una vez adjudicada la obra, es Hidrovía SA = Jan de Nul 50% + EMEPA S.A. 50%. Se concesionó todo el dragado y balizamiento del Río de la Plata hasta Santa Fe, por medio de peajes. Esta es una de las causas más escandalosas, con varios funcionarios acusados de armar una licitación a medida, con la ampliación de la concesión por ocho años más, apenas comenzada la obra, lo que le permitió a la compañía cobrar unos 1500 millones de dólares.

 Memoria: robo e impunidad estilo Yacyretá

Pasaron 9 años de concesión y el MOySP vulnerando todo lo normado al respecto, como estipula el Decreto 863/93, nunca constituyó el ente regulador del servicio. La concesión vencía en el 2005. A los 36 meses de iniciada, sin control alguno, se prorrogó por 8 años más hasta el 2013 incluyendo un resarcimiento de 362 millones de dólares. Como si esto fuera poco, también se los compensó con el “reconocimiento” por la no entrega de parte del Estado de material flotante y la sustitución de una draga 21,4 millones de dólares y su reparación, más la sustitución de balizadores y señales. Ninguno de estos ítems había sido estipulado en la concesión…  Además, se le otorgó a Hidrovías SA la extensión del subsidio de 40 millones de dólares por cada uno de los años de la ampliación de su contrato.

La “renegociación” del contrato de concesión se realizó sin justificación alguna y lo hicieron (¡surprise!) los mismos funcionarios que elaboraron el pliego de la licitación que perjudicó al Estado por varios millones de dólares. Que dicho sea de paso la “Justicia jamás los identifico”.

Como parte de botín, le regalaron a Hidrovías SA una compensación económica adicional por la pérdida de tráfico a partir del funcionamiento de otra vía alternativa (el también privatizado canal Martín García), a pesar de tratarse de una licitación “a riesgo empresario sin el aval del Estado”. Se estima que durante toda la concesión los ingresos de Hidrovías SA en todo concepto, ascenderían a 1.529.807.000 de dólares (820,3 millones por cobro de peaje y 709,5 millones por subsidios del Estado).

 El origen: Pacto de Olivos, la repartija radicalmenemista del dragado que todavía continúa

La convocatoria original para licitar el dragado, formulada en 1993, poco antes del Pacto de Olivos, no contemplaba aporte público alguno. Pero el contrato estuvo abierto a renegociaciones constantes, como ha sido la norma en las privatizaciones argentinas, con ventajas para la empresa, como la extensión del plazo del contrato y el pago de compensaciones por incumplimientos estatales.

En 1997, cuando comenzaba a concebir la posibilidad de su reelección, Menem mediante un Acta Acuerdo, prorrogó el contrato original hasta el año 2013, lo cual implicaría para el concesionario un beneficio de los 1.500 millones de dólares, entre peaje y subsidio.

 ¿La Justicia ciega?

En el 2001 el juez federal Rodolfo Canicoba Corral investigó la licitación pública por la cual se adjudicó a Hidrovías SA el dragado del río Paraná y del canal Emilio Mitre, en el Río de la Plata. Un negocio que le reportará, durante 18 años de extensión del contrato, los 1.500 millones de dólares. La denuncia fue presentada por dos abogados, Francisco Pizarro Posse y Francisco García Santillán, que solicitaron a la Justicia que analice si funcionarios públicos y miembros del grupo Hidrovía SA, integrado por la firma belga Jan de Nul y la argentina EMEPA SA., incurrieron en defraudación en perjuicio del Estado. El negocio encubría un sobreprecio cercano a los 70 millones de dólares al año, según surge de la presentación.

La auditoría efectuada por SIGEN (Sindicatura General de la Nación)en  febrero  de 2002, sobre el control realizado por la Subsecretaría de Transporte, ha señalado diversas falencias jamás vistas por a QUO:

“En relación a los aspectos técnicos, los procedimientos de control utilizados para cada actividad dragado, balizamiento, etc., no se encuentran plasmados en un manual formalmente aprobado. Respecto de las inspecciones de dragado, que deben contemplar entre otros aspectos, las zonas dragadas y de descarga, el material dragado, etc., a la fecha de la presente auditoria no se están realizando por parte de inspectores de la Subsecretaría. Tampoco se encuentra formalmente instrumentada la realización de inspecciones periódicas a los efectos de verificar el mantenimiento técnico de los equipos e instalaciones en tierra entregados al Concesionario.

No se halla establecida la rotación en forma periódica de los Inspectores de la Dirección Nacional de Vías Navegables, que realizan tareas de relevamiento batimétrico y control de balizamiento para la Concesión con otros Inspectores de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, Fluvial y Marítimo”.

En el 2003, Canicoba Corral investigaba una denuncia según la cual EMEPA no contaba con el patrimonio mínimo exigido en las bases del concurso por el dragado de la hidrovía y la obra se realiza con sobre costos de 70 millones de dólares al año, en comparación con el similar dragado del canal Martín García, que realiza un consorcio belgaholandés.

¿El Dr. Canicoba Corral emitió algún fallo a la fecha? ¿Tomó declaración a Carlos Menem y sus funcionarios? ¿Hubo algún culpable o los millones de USD en sobreprecios “ya fueron”? El Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema permiten estas atrocidades jurídicas en silencio o quizás esperen que Menem-Bauza-Nosciglia-Moreau y su staff del pacto mafioso se declaren culpables AD HOC dada la cantidad de delitos cometidos.

La Oficina Anticorrupción se expidió en abril de 2003 en el caso de Estudio Hidrovía Paraná Paraguay Hidrovía Océano Atlántico-Santa Fe. Emitió un informe de 42 páginas cuyos puntos principales son:

Pliego de Bases y condiciones: mal diseño del pliego, realizado intencionadamente adrede para favorecer a la empresa. El pliego fue violado sistemáticamente e incumplido en varios artículos, por ejemplo renegociando y ampliándolo de 10 a 18 años, 7 años antes de la finalización del período de Concesión original, cuando el Pliego establece que la concesión sólo podría renovarse al término de los 10 años de haberlo firmado.

Rentabilidad de la Obra en Concesión: se presume que se favoreció una tarifa inflada. La empresa jamás fue sometida a una auditoría de costos. Se incrementa considerablemente la rentabilidad en pesos, al dolarizarse las tarifas.

Adjudicación Directa de Contrato Público: debido a la indemnización por falta de entrega de equipos a la que el Estado se comprometió, se adjudica en forma directa la reparación de equipos en plazos irrazonables.

Inexistencia de un Órgano de Control Independiente: al no estar conformado no es posible contar con información veraz sobre el estado de la obra y si realmente se dragaban los metros cúbicos que se pagaban.

 En 1996 el BID se retiró del proyecto

Uno de los ejes de integración y desarrollo del Complejo IIRSA es el de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Pero al finalizar los estudios oficiales en el año 1996, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se retiró del proyecto al reconocer los impactos negativos. Los organismos con competencia ambiental de Brasil, Paraguay y de la Argentina emitieron dictámenes con respecto a que los estudios de impacto ambiental eran deficientes e insuficientes para tomar la decisión de ejecutar la obra.

Pese a ello, en Bolivia, Argentina y Brasil, se realizan tareas de dragado en algunos tramos de los ríos Paraná y Uruguay, sin los controles estipulados por las leyes de esos países.

Off the record: “siendo funcionario nacional en 1999 me tocó analizar esta empresa por un crédito solicitado por la entonces secretaria María Julia Alsogaray, la rechazamos, los precios eran exorbitantes 10 veces superiores a los que cobraba la misma empresa para realizar el mismo trabajo de dragado en puertos de Mar del Plata y Necochea”. Nunca disminuyeron el precio.

 Alertas que perjudican a la caja- de eso no se habla

Diferentes ONGS alertaban y alertan el impacto de esta forma de dragado. La ONG www.tallerecologico.com.ar,  las ONGS www.riosvivos.com, www.riosparalavida.org.ar y www.tau.org.ar conjuntamente, denunciaban sin éxito alguno que “a 12 años de iniciada la Concesión de la Vía Troncal Fluvial Santa Fe - Océano, la falta de estudios sistemáticos e integrales tanto hidráulicos, como morfológicos, ambientales y de navegación del río Paraná, a los fines de monitorear y evaluar los impactos de las obras en el sistema, está relacionada a la decisión política de no constituir hasta el presente el Órgano de Control de la Concesión”. (Para robarnos mejor)

En fecha 28 de octubre de 2003, se inicia formal queja por parte de propietarios de predios e inmuebles de la "Isla La Invernada", Departamento Victoria, entre los kilómetros 430,400 (al norte) y 424 (al sur).

El equipo de dragado empleado por la Empresa Concesionaria Hidrovía SA, profundiza el cauce del Río Paraná y expele el material sólido y semisólido, devolviéndose el mismo en el curso fluvial. En el curso del último año se ha producido una erosión acelerada de la barrancas y la costa de la Isla La Invernada, han cedido las defensas costeras, hundido los muelles de desembarco y arrasado el tablestacado con grave perjuicio para los propietarios. El amanuense Hermes Binner de esto no habla.

Con fecha 29 de noviembre de 2003, el diario La Capital de Rosario titulaba: “Aseguran que el dragado del Río dejó sin playas a las Islas de zona norte". En su volanta decía: "La Defensoría del Pueblo pide que se analice el impacto ambiental de la obra". Y en su bajada expresaba: "En algunos sectores donde había playa de hasta cien metros ahora hay barrancas de ocho metros”. En la nota se hacía referencia al documento arriba mencionado, sobre la resolución Nº765/03 que emitió la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y dónde se pide "la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación para que se realicen estudios de impacto ambiental de la obra, al mismo tiempo que se tomen las medidas necesarias para neutralizar estos efectos".

Aclaración: el dragado del Río Paraná se debe llevar a cabo, pero con dragas para hacer este tipo de obras, que garanticen que los veriles, costas y barrancas del rió no se desmoronen, con fiscalizaciones fehacientes de controles permanentes, sobre batimetría (mediciones) y metros cúbicos dragados por día. Las dragas de Hidrovía SA, según sus declaraciones que permiten el cobro al Estado, sacarían 100.000 m3 día a unos 7/9 dólares el metro. No se puede dejar de fiscalizar esta millonada de todos los argentinos como hasta la fecha.

Es llamativo que el matrimonio presidencial, al cual le molestan tanto las acusaciones de corrupción, nos quiera hacer creer que esta obra es otro acto inocente lleno “de gestión articulada” de millones que pasan del Estado sin control, a cuentas privadas de operadores propios.

El tipo de dragas de arrastre que utiliza la empresa es del tipo que carga el material en la bodega, provoca un gravísimo impacto ambiental en las costas ya que para ello se deben utilizar dragas que descarguen por tubería el material, consolidando la materia sólida en sitios de la costa predeterminados sin arrojarla como ahora, corriente abajo del mismo río el material dragado, sin controles de ningún tipo en su impacto ambiental, y su correlato social. La empresa tenía una draga de corte con cañería flotante, que es el tipo que se debe utilizar para no desbarrancar la costa, aparentemente, se la envío a Centroamérica y de allí nunca regresó.

La historia se repite blindada de impunidad y sin justicia

Es dable resaltar que el control de las mediciones del dragado en profundidad y metros cúbicos día, se efectúa con embarcaciones de la empresa concesionaria, no hay fiscalización ni control independiente. Esto es parecido al petróleo que la Argentina exporta desde la Patagonia o el oro que saca de las minas, se hace por “Declaración jurada” de la empresa. Pagamos millones de dólares por un dragado sin control fidedigno, bajo rigor técnico. La historia se repite y la impunidad es mayor.

 Marzo 2009 - defensor del pueblo Eduardo Mondino

Viernes 6 de marzo de 2009. La crítica más sonora salió del defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que calificó de "tramposa" la audiencia pública celebrada el viernes pasado en Barranqueras, Chaco. En ese encuentro, del que participó el gobernador Jorge Capitanich, se analizó la carta de entendimiento firmada en junio de 2007 entre la empresa y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), dependiente del Ministerio de Planificación. Ese preacuerdo -que aún debe ser ratificado por varios organismos estatales y por el Congreso- considera diversas condiciones: extiende de 2013 a 2021 el fin de la concesión; amplía unos 600 kilómetros al norte de Santa Fe (hasta Corrientes) el área de dragado, se ratifican los aumentos ya otorgados en los peajes y se aumenta el nivel de calado de los tramos que ya estaban concesionados. Mondino impugnó la audiencia pública porque "los datos volcados en el expediente resultan desactualizados e insuficientes" y se quejó de que no se podía analizar la situación de la empresa durante 2007 y 2008, un dato crucial para evaluar las tarifas que se le conceden.

Fuentes de la Defensoría aclararon que es muy infrecuente que pasen casi dos años entre la firma de la carta y la audiencia pública.

Argentina sin justicia garantiza impunidad

Menem estuvo seis meses detenido en 2001, luego de la voladura de Río Tercero, acusado de ser el jefe de una "asociación ilícita" dedicada al tráfico ilegal de armas. Fue liberado a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, por entonces afín a su Gobierno. Nadie le tomo declaración por las irregularidades con la empresa Hidrovías SA ni por las adjudicaciones directas, extensiones de contrato antes de tiempo, falta de controles establecidos a pesar de todas las investigaciones y dictámenes. Obviamente al Tándem Presidencial tampoco.

Hace pocos meses el Juez Julián Ercolini pidió a la Cancillería el convenio suscrito el 15 de mayo del año pasado entre ambos presidentes, Kirchner y Chávez, por "la logística, distribución y transporte entre la naviera privada argentina Fluviomar y la estatal PDVSA NAVAL". También solicitó a la Inspección General de Justicia la composición accionaria de Palmat SA, Palmat USA, ACBL, Hidrovías SA y Fluviomar y Fluvioalba. El juez quiere determinar que todas esas empresas comparten directivos y tienen fuertes vínculos con el kirchnerismo y el chavismo.

Cristina para la foto en video conferencia

La foto de los Gobernadores y Cristina

      Junto a la jefa del Estado en la Casa de Gobierno estuvieron los ministros de Interior, Florencio Randazzo, de Economía, Amado Boudou, y de Planificación, Julio De Vido, además del gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi.

Por el sistema de videoconferencia desde Santa Fe se comunicaron con la jefa del Estado los mandatarios de esa provincia, Hermes Binner, de Chaco, Jorge Capitanich, y de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Gobernadores a los cuales no les interesa nada de las causas penales que pesan sobre Hidrovias SA ni el impacto que generará la obra así planteada. Ni una palabra han dicho al respecto. La cara de estos Gobernadores esta blindada. Pueden mentir a destajo a sus votantes en su ambición de ser jefes de la banda, total después pagan con dinero del pueblo por aplausos.

Capitanich desde que asumió como gobernador se sacó fotos y mintió con este tema del Río Paraná y el riacho Barranqueras que siguen igual o peor que cuando asumió, lo mismo con el acueducto Barranqueras-Sáenz Peña. Desde el 2007 los caños para el acueducto están apilados frente a la ex junta de granos en Barranqueras. Capitanich, como los K, se va en discursos grandilocuentes como electrificar el impenetrable y regar el desierto. ¿Hay Justicia?

 Los presidentes Kirchners-Chavez e Hidrovias SA

Ménem otorga en 1995 la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay. La gestión de Cristina Fernández opta por correr el plazo hasta el 2021.

Ambos gobiernos pauperizaron al pueblo robando y entregando recursos naturales a manos privadas, para así seguir “profundizando el modelo” de pobreza y hambre que impulsan, y que excluye la creación de puestos de trabajo para dignificar desocupados, a cambio les entrega planes de hambre garantizando su clientelismo. No hay diferencia entre los Presidentes Kirchners y Menem, ambos son impunes de toda impunidad, pueden motorizar obras faraónicas, más allá de sus mandatos e imposibles desde la faz Jurídica.

Argentina clama por un cambio en la clase política y que los entregadores de la Patria vayan presos.

Roberto V Maturana
 Oficial de Marina Mercante-Investigador

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