Ya no alcanza con destruir las instituciones democráticas rebelándose abiertamente contra fallos judiciales hasta de la CSJN.

El matrimonio cleptómano, junto con sus secuaces, se jactan de hacer lo que les venga en gana, y ni siquiera respetan sus propias reglas de juego.

Cuando el gobierno decidió recurrir a La Haya por el conflicto relacionado con la Pastera Botnia, dejando de lado los lineamientos del tratado que une a Uruguay con la Argentina, tampoco respetó el pronunciamiento de ese tribunal internacional, más allá de su errática y contradictoria conducta que llevó de alentar y solventar económicamente a los Asambleístas de Gualeguaychú hasta —cuando ya no les convino— denunciarlos penalmente.

El sincericidio que llevara al Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, el supuesto abogado Zannini (que fuera designado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz cuando no cumplía con el requisito de cinco años de antigüedad en la profesión), a manifestar públicamente que no habían puesto a esta Corte (refiriéndose nada menos que a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) para ”esto” —quejándose de los pronunciamientos relacionados con la Ley de Medios, la recomendación para la extradición del asesino Apablaza y la orden para reponer en su cargo al ex Procurador de la Provincia de Santa Cruz Dr. Sosa— hasta la lisa y llana admisión de connivencia de la Presidente de la Nación con el Gobernador Peralta, a quien —como vulgar delincuente— se le daría “asilo” en la Casa Rosada, demuestran a las claras que el kirchnerato se maneja como si se tratara de una monarquía, aniquilando virtualmente las reglas de juego de la Democracia.

Resulta sumamente extraño que hasta el Ministro de Justicia se alce contra pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando que este más alto tribunal del país es el último intérprete de la Carta Magna, en consonancia con el Jefe de Gabinete, Aníbal “Baúl” Fernández (por si todavía alguien ignorase por qué le cabe el apodo de “Baúl”, viene al caso recordar que el ex Intendente de Quilmas, eludió una orden de captura dispuesta por un juez escabulléndose en el baúl de un automóvil, so pretexto —siempre tan creativo— de defender la institucionalidad (¿?) en una causa judicial vinculada a hechos de corrupción por cifras millonarias), a la sazón el mismo personaje que le negara colaboración policial al Sr. Juez Sudera, en el marco del conflicto en el Gremio de Aeronavegantes para beneficiar a la facción allegada a su amiga y actual embajadora en Venezuela, Alicia Castro, de “muy” estrechos vínculos con el dictadorzuelo Hugo Chávez Frías. Esa desobediencia dio lugar a una causa judicial promovida por mí y por el juez Sudera, que se halla en pleno trámite, aunque aletargada hasta que cese el temor del fiscal y del juez intervinientes.

Pero el embate contra el Poder Judicial se dirige sólo a magistrados independientes que se pronuncian adversamente a los intereses de la cópula presidencial, llegándose al extremo de ventilar la vida íntima de jueces que hasta podrían ser investigados —de prosperar el trasnochado proyecto del Diputado Rossi— en una suerte de inteligencia interior reñida con las más elementales normas éticas y jurídicas.

Que se viene haciendo inteligencia interior es tan evidente como cuando el Jefe de Gabinete ventiló a través de la red Twitter que Isidoro Graiver viajó al exterior apenas se supo que había hecho declaraciones contrarias al “libreto” de los siameses Papaleo, incrementando el papelón del affaire Papel Prensa.

Al desfachatado saqueo de las reservas del Banco Central se suma el latrocinio de los fondos del Anses, dejando a jubilados y pensionados rezagados en el pago de los juicios ganados en todas sus instancias incumpliendo la manda judicial, además de no cumplir con el fallo Badaro donde la Corte Suprema nacional reconociera el derecho al 82% móvil, que —siempre según los KK— no podría ser pagado, pues ese dinero debe seguir financiando el Fútbol para Todos (duplicando las previsiones iniciales en el sugerido presupuesto 2011), seguir aumentando el millonario déficit de Aerolíneas Argentinas, subsidiar a los concesionarios de peajes de rutas e hidrovías, pagar suculentas comisiones y sobreprecios en obras públicas descomunales, sostener supuestas entregas de millones de netbooks tan inexistentes como onerosas, similares a las gratuitas lámparas de bajo consumo que sólo recibiera una mínima porción de la ciudadanía, dilapidar millones en una empresa fantasma como LAFSA, entre muchos otros vergonzosos ejemplos de malversación de caudales públicos.

Ante este cuadro de situación, fiel a mi lema “Prohibido criticar, sin proponer” sugiero que los responsables de tamañas muestras de desmanejos, respondan con sus propios bienes cuando sobrevengan miles de juicios contra el Estado Nacional, tanto por la manipulación de los índices del INDEK como del incumplimiento de contratos que afectaran a particulares, entre los que incluyo a los eventuales damnificados por el affaire Fibertel —daños colaterales en la sucia guerra contra el Grupo Clarín— y a los tenedores de deuda pública en default no rescatados, o los juicios que viene promoviendo Cristóbal López (el zar del Juego) contra el Estado Nacional derivados de la crisis energética y ante la posible reducción de sus extensas concesiones en la explotación de los juegos de azar, impidiéndoles desprenderse de sus bienes hasta tanto rindan cuenta documentada de su gestión al salir de la función pública.

Si el Diputado “ausente permanente” Néstor Kirchner se da el lujo de donar su dieta de legislador, fagocitando sus emolumentos como ex presidente de la nación y actual Secretario en UNASUR, gozando de los reiterados viajes internacionales de su fusionada consorte y entre tantas ocupaciones también debe disciplinar intendentes y gobernadores, cooptar legisladores y domesticar a diestra y siniestra, por el bien de su propia salud se le debería exigir cumpla con las recomendaciones médicas, pues si alguna fatalidad lo alejara del manejo absoluto del poder, todos los miembros de la asociación ilícita que comanda tendrían que rendir cuentas en la Justicia y, muy probablemente, pasarían a ser huéspedes oficiales del estado nacional y alojados en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

Dicho sea de paso, ahora que cambió la composición en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y el Procurador Esteban Righi se está despegando del kirchnerismo, es posible que muchos jueces y fiscales se decidan a avanzar en aletargadas investigaciones aplicando la ley, lo cual permite avizorar un futuro de cárcel para la banda KK.

Enrique Piragini