Más que nunca en su historia las diferencias ideológicas se han filtrado en la relación entre los gobiernos de la Argentina y Chile a partir del caso del ex guerrillero Galvarino Apablaza Guerra.

Se da el caso de que Cristina Kirchner y Sebastián Piñera y la plana mayor de ambas administraciones, sostienen una muy buena relación, pero el vínculo bilateral quedó embretado por sectores aliados de gran importancia para cada Gobierno.

De un lado, la presión la ejercen los partidos que integran la coalición gobernante UDI y Renovación Nacional y del otro el amplio abanico de organizaciones de derechos humanos que acompaña a la Casa Rosada en cada acto que tenga algún tipo de vinculación con los crímenes de la última dictadura argentina.

El punto es que de un lado de Los Andes merodean el poder sectores del pinochetismo y del otro el Gobierno está poblado de militantes peronistas de izquierda que en algunos casos empuñaron las armas antes de la irrupción dictatorial.

En ese marco, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, telefoneó en los últimos días a dirigentes del PRO debido a su mayor afinidad ideológica para pedir respaldo en la extradición, hecho que se consumó rápidamente.

A ello se sumó una declaración similar que el senador Jovino Novoa emitió como presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (Upla) —instancia que reúne a partidos de centroderecha de la región— en momentos en que acompaña a Piñera en la Asamblea General de Naciones Unidas.

En esa línea, Coloma y Carlos Larraín (titular de RN) advirtieron que si la Casa Rosada da asilo a Apablaza "se resentirían" las relaciones diplomáticas y pidieron "coherencia" a Cristina con el reclamo que Buenos Aires realiza anualmente a Teherán para que permita juzgar a acusados del ataque a la AMIA.

La Concertación, ahora en la oposición chilena y con mayor raigambre en la izquierda, avaló el reclamo institucional, pero pidió prudencia al actual gobierno en el reclamo.

Antecedentes

Un repaso a la relación trasandina indica que nunca ha habido un nivel de convivencia entre Buenos Aires y Santiago como el que forjaron el kirchnerismo y el gobierno de la Concertación que dejó el poder este año, sobre todo en la etapa conducida por las dos mujeres, Michelle Bachelet y Cristina Kirchner.

Chile y Argentina durante gran parte de los últimos dos siglos mantuvieron relaciones tirantes por disputas limítrofes —comparten la tercera mayor frontera mundial—, al punto que una guerra estuvo a punto de desencadenarse en 1978 y luego la dictadura chilena apoyo al Reino Unido en Malvinas.

Más próximo en el tiempo y en el inicio de la administración de Néstor Kirchner el problema fue el gas. Las restricciones a las exportaciones del fluido a Chile provocaron un grave cuello de botella del otro lado de la frontera. Hubo quejas formales y el entonces embajador en la Argentina, Luis Maira, llegó a decir que las relaciones bilaterales "tienen una roca en el camino".

Sin embargo, Chile avanzó hacia su autonomía energética y ambos gobiernos construyeron una relación estratégica que relanzaron en 2008 a 30 años de la disputa por el Canal del Beagle. Ese impulso tuvo repercusiones en todos los niveles, principalmente en la multiplicación del comercio bilateral.

Y si bien la Casa Rosada esperaba un nuevo triunfo de la Concertación, trató de mantener el vínculo con Piñera.

De hecho, una muestra de ello significó el respaldo del mandatario chileno a la candidatura de Néstor Kirchner como secretario general de Unasur y la aceptación como embajador en Buenos Aires de Miguel Otero, quien duró en el cargo hasta su primera reivindicación pública de la dictadura trasandina.

Caso

Si bien los sucesivos gobiernos de la Concertación reclamaron la extradición de Apablaza —estuvo detenido en la Argentina— la causa se reactivó hace algunas semanas a partir de la declaración de otro ex guerrillero Mauricio Hernández Norambuena, quien responsabilizó a la cúpula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez del homicidio del senador Jaime Guzmán (UDI) y el secuestro del Christian Edwards.

Tras la extradición concedida por la Corte Suprema argentina, el 1 de octubre la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) debe expedirse sobre el pedido de refugio de Apablaza. No hay en la Argentina requisitos para otorgarlo, pero debe haber un temor fundado a que sufra una persecusión política en su país.

¿Qué ocurrirá si como todo indica ese órgano interministerial del Ejecutivo otorga el asilo al hombre que desde casi una década vive en la localidad de Merlo junto a sus tres hijos?

Todo depende de la decisión política de Chile. Por el momento Piñera fue cortés pero enfático en el reclamo, pero a partir del momento que digan que Apablaza se queda seguramente quedarán en sus manos el futuro de la relación.

De igual modo, habrá que ver cuáles son los fundamentos de la Conare para avalar la residencia argentina de Apablaza. El secuestro y el asesinato que se le imputan ocurrieron en 1991, en democracia, pese a que su abogado Rodolfo Yanzón sostiene que era una democracia restringida por el poder que todavía ejercía Augusto Pinochet sobre el presidente Patricio Aylwin.

Fuentes de ese organismo dijeron a Noticias Argentinas que una posibilidad es considerar que Piñera prejuzgó en sus últimas declaraciones y dio por hecho que el ex guerrillero es autor de los delitos que se le imputan.

Si un órgano del Ejecutivo argentino saca esa resolución seguramente habrá un cortocircuito bilateral cuyo nivel de corrosión será determinado por el tiempo.

Gabriel Profiti
NA