El Gobierno provincial acaba de convertirse en el tercer actor de un conflicto que involucra a varios municipios bonaerenses, por un lado, y a las principales empresas de telefonía celular que operan en la Argentina, por el otro.

 La discusión es por plata. Y mucha. Y una posible consecuencia, de prosperar este cortocircuito, podría ser el corte del servicio de comunicaciones móviles en una vasta zona de la geografía de la Provincia.

 Esa amenaza llevó a la administración de Daniel Scioli a interiorizarse del tema, que se discute hace rato en estrados judiciales.

 El secretario general de la Gobernación, Javier Mouriño, recibió al presidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), Norberto Capellán.

 Junto al empresario llegó un representante de cada una de las empresas de telefonía móvil más grandes: Movistar, Personal-Telecom, Nextel y Claro Argentina.

 Además de las compañías de celulares, la CICOMRA está integrada por empresas comerciales e industriales proveedoras de productos y servicios de informática y telecomunicaciones (conocidas como TICs).

 Las compañías llegaron a la reunión con Mouriño para buscar una salida política al conflicto que mantienen con varios municipios bonaerenses por el pago de las tasas que deben abonar a las comunas por la instalación de las gigantes estructuras sobre las que se colocan las antenas que posibilitan las comunicaciones a través de los teléfonos celulares.

 Semanas atrás, los representantes de las empresas habían estado reunidos con el jefe de Gabinete del ministerio de la Producción, que conduce Martín Ferré, y con funcionario del área de Asuntos Municipales, que depende del ministro de Gobierno, Eduardo Camaño.

 Municipios en conflicto

 La lista de municipios que para la CICOMRA revisten conflicto incluye a: Avellaneda, Campana, Escobar, General Madariaga, Lanús, Mar Chiquita y Merlo.

 De ellos, Mar Chiquita es el caso en el que se muestra mayor nivel de beligerancia porque su intendente, el kirchnerista Jorge Paredi, ha tomado el tema como una cruzada contra esta suerte de Goliat corporativo.

 No es para menos: en su extenso territorio tiene montadas nada menos que 40 estructuras con antenas.

 El jefe comunal fue contundente: "Reclamamos lo que nos corresponde por el uso y mantenimiento de esas antenas. Las empresas nunca pagaron nada y ahora vamos a cobrarles. Estoy defendiendo los intereses del municipio", aseguró.

 Tiene en su haber una victoria judicial importante. La Justicia dispuso un embargo sobre las cuentas de una de las compañías -Nextel- por unos 33 millones de pesos. Fue justamente en un litigio que llevó adelante contra el municipio de Mar Chiquita.

 Montos en juego

 Con ese clima, y focalizando la preocupación sobre el caso testigo de Mar Chiquita, los empresarios de las compañías de celulares llegaron ayer al despacho de Mouriño.

 Según ellos, el reclamo que hace Paredi es "desproporcionado y sin precedentes" ya que el municipio les exige, por las tasas de inspección y habilitación de las estructuras, un pago de hasta "90 veces" por encima de lo que se abona en este mismo concepto en diferentes distritos del país.

 Concretamente, según CICOMRA el importe promedio de tasas por este tema que las compañías abonan en la Provincia es de $ 1412,85 por mes por cada estructura. Esto sucede en 47 municipios. Pero Mar Chiquita reclama ahora el pago de una tasa de $ 113.000 mensuales por cada estructura.

 Y, además, el pago retroactivo de toda la deuda por este concepto desde el año 2007 a esta parte, más los punitorios correspondientes. Es que en aquel año empezó a correr una ordenanza local que fijó los precios de la tasa en cuestión. Hablamos, pues, de millones de pesos.

 Lo dicho: en esta misma tendencia se ubicarían otros municipios, que reclaman importes elevadísimos a modo de tasa mensual. Como General Madariaga ($ 168.000); Merlo ($ 38.000); Avellaneda ($ 22.700) o Campana ($ 19.900). Obviamente las empresas de telefonía quieren pagar lo mínimo posible, aún cuando los poco más de $1.400 mensuales suenan realmente irrisorios en relación a los niveles de facturación que ostentan en un país donde hay más celulares que habitantes.

 Otros números

 Puestos a responder sobre este tema, voceros del sector muestran cifras propias: "La contribución fiscal de la telefonía móvil en el año 2010, incluyendo nivel nacional, provincial y local, será de 13 mil millones de pesos", explican a modo de defensa.

 "De mantenerse este reclamo, la prestación de servicios de telefonía móvil en esta localidad se tornaría inviable, ya que los montos pretendidos no guardan ninguna razonabilidad ni proporcionalidad con el servicio que el Municipio debe cubrir con el ingreso generado. De persistir el irrazonable reclamo municipal, las compañías se verían obligadas a dejar de prestar servicios para evitar un daño mayor y a retirarse del municipio de Mar Chiquita, obligadas por la desproporcionada pretensión municipal, haciendo responsable de la afectación a los clientes locales a la autoridad municipal". La frase es parte de un duro comunicado de CICOMRA referido al caso del intendente Paredi.

 Pero, en verdad, fue un mensaje a los otros intendentes con los que las empresas tienen una situación de conflicto y, claro, a las autoridades provinciales.

 Dicen que el informe sobre este ríspido tema ya está en el escritorio del gobernador Scioli. 

Mariano Pérez de Eulate
NA