A falta de novedades y definiciones en materia de candidaturas, parte de las preocupaciones político—electorales de los dirigentes bonaerenses comienza a concentrarse por estos tiempos en la "instrumentación" de los comicios internos y los generales.

A medida que pasa el tiempo y las dos leyes (la nacional y la provincial) de internas para la selección de los candidatos siguen sin reglamentarse, crecen algunas inquietudes en las filas del oficialismo bonaerense, en particular entre los intendentes, que en el 2011 masivamente buscarán sus reelecciones.

"No tenemos que permitir las colectoras", planteó Hugo Curto (Tres de Febrero) en una cena que el martes último reunió a Hugo Moyano con otros consejeros del PJ provincial.

Ocurre que la muerte de Néstor Kirchner —quien diseñaba una estrategia para volver a utilizar ese mecanismo— no ha disipado en la tropa bonaerense el temor de que en las cumbres del oficialismo finalmente se decida apelar a esa alternativa.

A los intendentes les quita el sueño la posible combinación de colectoras (más de una lista de candidatos a jefes comunales —y/o para gobernador— enganchadas a un mismo candidato presidencial) con el sistema D'Hont, cuya aplicación establece la nueva ley de internas (y que determinaría una alta inserción de postulantes por la minoría en las listas definitivas).

Más de uno sospecha que la suma de esos dos factores sería letal para su futuro.

 Advertencia

Mientras tanto, el juez que tiene desde 1983 la tarea de organizar y desarrollar el proceso electoral en la Provincia (desde la habilitación de los padrones, los partidos y los candidatos nacionales, hasta el escrutinio, pasando por el acto c omicial en sí mismo) lanzó esta semana una advertencia.

En ese sentido, sostuvo que será "imposible" hacer el escrutinio de las internas en los 18 días que mediarán, según los plazos estipulados por leyes, entre esa elección y el día en que deben ser oficializados los comicios.

Desde la Casa Rosada salieron a cruzarlo y a ratificar las fechas. Pero en el propio peronismo oficialista no son pocos los dirigentes bonaerenses que el mencionado por el juez es, efectivamente, un "plazo imposible". La oposición, en tanto, guarda silencio. Quizás no miró el calendario.

Otra vez la inseguridad

En otro orden, otra vez algunos hechos de extrema gravedad han venido a reponer en el primer plano la preocupación de los bonaerenses por la crisis permanente de seguridad que se vive en la Provincia.

Fueron esta vez tres policías los que, con pocas horas de diferencia, murieron por las balas de delincuentes. Uno de ellos fue ejecutado en un asalto a una pizzería, un hecho en el que la víctima pudo ser cualquier otro ciudadano.

Pero nítidamente la inquietud del gobierno provincial se concentró en el ataque a un camión blindado que transportaba siete millones de dólares.

El hecho de que en ese caso actuara una banda numerosa, que exhibió armas de guerra y acribilló sin piedad a dos policías, en un accionar definido como "golpe comando", y sin embargo desistió de concretar el robo, generó en la administración de Daniel Scioli sospechas de que se estaría frente a un grupo de delincuentes que no podrían definirse como "comunes".

Así, aunque nada han dicho —y posiblemente no dirán nunca— en público, en el gobierno provincial hay varios funcionarios convencidos de que en el asalto al blindado actuaron actuales o ex "servicios" (agentes de inteligencia).

Otros creen que participaron ex militares. Y especulan con que además de la intención de hacerse del botín, la banda apuntó a "desestabilizar" a través del impacto que tienen operaciones tan sangrientas y desarrolladas con "equipamiento" impresionante.

Mientras tanto, en ese ámbito rezan para que no haya policías de la Bonaerense involucrados, como sospechan en sectores políticos ajenos al sciolismo.

Confusión y dilema

Lo cierto es que hasta el cierre de esta columna no había ninguna certeza sobre los autores del ataque en la Panamericana, más allá de la confusión que generó la profusa difusión oficial de decenas de allanamientos y detenciones realizadas el jueves y el viernes.

Mientras en la presentación de la Policía se inducía a creer que los apresados (entre los que hay ex policías pero de la Federal) integraban bandas de piratas del asfalto y de asaltos a blindados vinculadas al gravísimo episodio del miércoles –de hecho, el propio Gobernador dijo que había "puntos de contacto" y fuentes policiales insistían en que era así—, los fiscales de las viejas causas en cuyo marco se habían efectuado los operativos se esmeraban en aclarar que no tenían "nada que ver".

Por lo pronto, la difusión de las detenciones y de la gigantesca cantidad de armas y otros elementos para el delito incautados en los allanamientos de las horas siguientes al asalto al blindado, tuvo en sectores de la opinión pública un efecto contrario al buscado (mostrar la eficiencia de la investigación policial).

Por una cuestión de tiempos, cualquiera se da cuenta de que esas bandas y los lugares donde anidaban ya estaban detectados desde antes.

La pregunta que muchos se formulan, entonces, es por qué estos operativos se realizan recién después de un golpe mortal de la delincuencia.

Una pregunta que, en rigor, deberían responder tanto varios jefes policiales como los funcionarios judiciales a cargo de las causas en las que los ahora detenidos estaban sospechados.

Marisa Álvarez
NA