En silencio, el Gobierno de Daniel Scioli mantiene una gran expectativa respecto a lo que pueda suceder en la provincia de Buenos Aires por el llamado —y temible— "efecto contagio" de la metodología de tomas de espacios públicos o privados por parte de los sectores sociales más desguarnecidos.
Lo que un funcionario provincial definía, con cierto temor, como "la foto de Villa Soldati pero de este lado de la General Paz". Existe una suerte de mesa chica informal en el gobierno sciolista, encargada de abocarse al tema habitacional desde que nutridos contingentes ocuparon el Parque Indoamericano.
En el Conurbano, como en el resto del Area Metropolitana, existe un profundo déficit habitacional, que es la explicación primaria de lo que sucedió en la Capital Federal. Muchos miles de personas viven en situación precaria o pagando sumas insólitas —a malandras organizados— por el alquiler de un cuarto de mala muerte en el que deben convivir padres, hijos y hasta abuelos.
Scioli, por ser un gobernador absolutamente alineado con la Casa Rosada, acaso respire mucho más tranquilo que Mauricio Macri, en relación a los beneficios que pueda recibir su provincia de los planes de construcción de viviendas que centraliza la administración nacional (un programa que en 2010 se vio bastante menguado).
Pero, de todos modos, nunca será suficiente, según la resignada visión de los funcionarios provinciales. Y eso es lo que genera alarma.
Lo que sí es distinto es el manejo que puede hacer el peronismo del Conurbano de aquellas situaciones de conflicto habitacional que han puesto en jaque al jefe de Gobierno porteño.
Porque, como se sinceraban ayer las fuentes consultadas, los intendentes justicialistas, caciques que hace años conviven con franjas poblacionales pobres que además constituyen su núcleo electoral más duro, aparecen como más duchos en el manejo de situaciones de crisis que reconocen ese origen.
"Acá hay tomas de tierra todo el tiempo y no salen en la televisión", explicaba ayer a este diario, con contundente simpleza, un intendente del populoso Conurbano bonaerense.
Mesa chica
Existe una suerte de mesa chica informal en el gobierno sciolista, encargada de abocarse al tema habitacional desde que nutridos contingentes ocuparon el Parque Indoamericano.
Las tomas de tierras que se registraron en los partidos de La Matanza y Quilmes, sin alcanzar los niveles de violencia que se vieron en la capital federal, fueron relativamente sorpresivas para el gobierno provincial.
Al punto que, según voceros oficiosos, el ministro de Desarrollo Social, Baldomero Alvarez de Olivera, habló el viernes con los intendentes Fernando Espinoza (Matanza) y Francisco Gutiérrez (Quilmes), quienes reportaron una situación de tranquilidad en sus carenciados distritos.
Cuarenta y ocho horas después, varios grupos desembarcaban con sus petates en González Catán y Bernal respectivamente. El fantasma del efecto contagio sobrevoló, pues, en la Gobernación.
Con otro temor fundado: por cómo se dieron los hechos capitalinos, la demanda mediática hará que sea imposible que un episodio igual de virulento, pero en tierra bonaerense, pase desapercibido.
Lo dicho: los caciques peronistas del conurbano aparecen como la primera barrera de contención frente a un posible desmadre habitacional en esa tierra hiperpoblada que rodea a la Capital Federal. Son los que tienen la misión de destrabar los conflictos. Scioli confía en el oficio de años que tiene la mayoría de ellos, según altas fuentes provinciales.
De todos modos, el Gobernador fue contundente en una comunicación que mantuvo el lunes con el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal: le pidió que lo tenga permanentemente informado sobre lo que pase en los puntos de posible conflicto.
Sólo un dato: en La Matanza, el distrito más grande de la Provincia, existirían casi 800 villas o asentamientos precarios con necesidades iguales o peores que los habitantes de la zona carenciada de Villa Soldati.
Una foto maldita
Hay una foto maldita, no deseada, que espanta a Scioli y a Casal. Es la de la Policía Bonaerense en situación de represión a eventuales ocupantes ilegales de tierras.
Porque si Macri puede eludir el costo de las muertes bajo supuestas balas de la Policía Federal (algo de lo que increíblemente todavía se duda), Scioli jamás podrá hacerlo. Es que él tiene su Policía perfectamente pertrechada y entrenada y una Justicia con plena competencia.
Lo primero, sobre todo, es una diferencia ineludible con su colega de la Ciudad de Buenos Aires.
En base a información que manejan los intendentes, circula la idea en el gobierno de confeccionar una suerte de banco de datos de predios intrusados o puntos de conflicto latente para ir pensando en un direccionamiento de la inversión habitacional.
Es sencillo: cada jefe comunal señala el lugar donde ve posibles incidentes (o sitios en los que se producen recurrentes tomas y posteriores desalojos) y sube la información a la provincia, de manera de ir confeccionando un mapa de esas necesidades. La idea es buena.
La pregunta incómoda es cómo no se les ocurrió antes.
Mariano Pérez de Eulate
NA