Comenzó la cuenta regresiva: faltan escasos ocho meses para las elecciones presidenciales del 23 de octubre.

La duda sobre la posible postulación de la presidente para su reelección ha quedado definida: Cristina Elisabet Fernández Wilheim de Kirchner aceptó asumir este nuevo compromiso en aras de profundizar “el modelo”, cediendo a las exigencias de su entorno.

Obviamente los integrantes de la mesa chica le aseguraron que ya están aceitados los mecanismos y estrategias para asegurarle el triunfo en primera vuelta, sabedores que un ballotage la encontraría perdidosa, eyectada de su cargo y con serias perspectivas de enjuiciamiento.

La alquimia que la dará triunfadora estriba en la hipótesis de conflicto dentro de la desperdigada oposición que atomizarán los votos anti K, y la certeza de la manipulación de los padrones y el espurio volcado de datos en las planillas de recuento de sufragios, pues hábiles manos harán que no coincidan los votos reales con los virtuales que se incorporarán al sistema electrónico, también manejado por fieles empleados del oficialismo que pretenden perpetuarse en el poder.

Esta maniobra, en un combo perfecto, cuenta con la promesa de la “oposición” de no exigir la apertura de las urnas y con el reaseguro de la complicidad de los jueces electorales que impedirían el recuento manual para el hipotético e improbable caso que alguien exija verificar la correspondencia de los votos reales con las planillas contenedoras de sufragios virtuales.

Por si algún desprevenido lo ignora, ya hay antecedentes de maniobras similares —por ejemplo cuando le arrebataron el triunfo a Luis Juez— y es pacífica la jurisprudencia de los jueces electorales que no hacen lugar al pedido de apertura de urnas. Vale recordar que los jueces federales con competencia electoral tienen su paradigma en los jueces Manuel Humberto Blanco y María Servini de Cubria, alineados al poder de turno.

Esta última Juez —atornillada a su cargo— parece haber olvidado los embates de la ex Side kirchnerista la cual interceptó sus teléfonos y accedió en su despacho llevándose algunos papeles de importancia para su defensa en el Consejo de la Magistratura, pues sus reconciliación con la Casa Rosada le significó la desarticulación de las causas llevadas en su contra ante el órgano que disciplina a los miembros del poder judicial. Como una verdadera dama, quid pro quo, devolvió atenciones congelando el expediente sobre irregularidades en los aportes de campaña que podría perjudicar al Frente para la Victoria, hasta que se defina la mega causa “mafia de los medicamentos” que lleva su par Norberto Oyarbide, y archivando la causa promovida por el Dr. Monner Sans e impulsada por el Fiscal Federico Delgado por encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público al no indicar quiénes son los jueces que tienen tarifadas las excarcelaciones —como pública e irresponsablemente se sostuvo a través de la Cadena Nacional— ingresó al mismo club de jueces pro K.

Mientras se va consumando este andamiaje, en el norte del país mueren por desnutrición decenas de niños, muchos de ellos sin llegar a los 2 años de edad. Aunque desde el Ministerio de Salud se haya dicho que el fallecimiento fue por deshidratación —papelón que le costó el cargo al mendaz funcionario—. Paralelamente se defrauda a los aborígenes wichis, a vista y paciencia de las autoridades, como es habitual desde hace años, siendo hipócrita la pretendida sorpresa de trajeados políticos que sólo piensa en su reelección.

Este cambalache también cuenta con la frustración del empresario kirchnerista Cristóbal López, que aún no pudo obtener gratuitamente la refinería San Lorenzo, después de seguir acumulando adjudicaciones en las más diversas áreas, fomentando la ludopatía que llevó a un jugador a destrozar una máquina tragamonedas en la provincia de Santa Fe, en el mismo ámbito donde una pareja distraída dejó a sus hijos menores encerrados en un automóvil haciéndoles correr graves riesgos en su salud.

Las cortinas de humo que se vienen levantando no alcanzan a disimular el papelón del narcoavión, ni el affaire con EE.UU. por la insólita requisa y desmedida difusión del material no declarado, el cual venía en el avión utilizado en el marco de maniobras conjuntas de perfeccionamiento de nuestros hombres de seguridad. Porfiados, la montonera ministro de Seguridad Nilda Garré y el jefe de Gabinete Aníbal Fernández (enemigos declarados entre sí) coincidieron en tratar de defender lo indefendible, alineándose ambos en la embestida oficial “antiyanqui”. Parece que Barack Obama está siendo atendido por sus médicos de confianza, estresado por la escalada de este enfrentamiento con nuestro país.

Escandalosa, aunque sin destapar nada desconocido, la nota que Revista Noticias le dedicó al juez Oyarbide —el preferido de los funcionarios y empresarios K— no hizo mover un ápice a Su Señoría, ni generó ninguna clase de pedidos de juicio político por el brutal avasallamiento de los derechos de algunos ciudadanos sometidos a proceso en los juzgados a su cargo.

Mientras transcurren estas horas, mueren decenas de niños, decenas de ciudadanos son víctimas de asaltos y también de accidentes previsibles en el transporte automotor y ferroviario, continúa también el saqueo de nuestro país. La AFIP-DGI concreta un millonario contrato con una empresa de limpieza pagándole el doble de lo que ofreció otro, y ni siquiera se emite una mínima queja. Tan aletargados y disciplinados están todos los funcionarios inmersos en la carrera electoral.

Se sigue lavando dinero de toda laya, origen y color, acorde a la fecha carnestolenda y nadie, repito, nadie, mueve un solo dedo para impedir el latrocinio. 

Enrique Piragini