En el año 2004, Tribuna de Periodistas comenzó a alertar sobre el desmantelamiento de los controles del incipiente Gobierno kirchnerista sobre el narcotráfico.

En esos mismos días, se dio cuenta de que el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, tenía fuertes vínculos con bandas que estaban relacionadas con ese mismo delito.

Tuvieron que pasar casi siete años para que otros medios se hicieran eco de esas denuncias —Wikileaks mediante— y para que algunos políticos se rasgaran las vestiduras por ello. En realidad no es tardío el momento de revelar este tipo de cuestiones, porque como dice el dicho, “más vale tarde que nunca”.

En ese sentido, diario La Nación ha publicado en su edición de este domingo una valiente columna editorial, donde da cuenta de cómo el oficialismo ostenta sospechosas relaciones con el mundo de la droga y hace énfasis en la figura del hoy jefe de Gabinete. Así reza el artículo:

“El gobierno argentino ha afirmado que no puede ganar la guerra contra el narcotráfico y que en ese marco de derrota sólo pretende perder esa guerra por poco margen. Esta escandalosa confesión la realizó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ante funcionarios de la embajada de los Estados Unidos, no en una sino en tres oportunidades: 2005, 2008 y 2009, como informó La Nación al revelar el contenido de cuatro cables que obtuvo WikiLeaks.

En enero de 2005, afirmó: ‘No podemos ganar. Lo que no quiero es perder mal’. En 2009, Fernández reiteró su pesimismo: ‘No quiero engañar a nadie con que el Gobierno puede ganar la batalla contra las drogas’, aunque acotó que ‘el Gobierno persistiría en sus esfuerzos’ por combatir el narcotráfico.

El jefe de Gabinete ofrecía su visión derrotista ante los diplomáticos norteamericanos a partir de los datos que obtenían de la Gendarmería y la Policía Federal, por el ‘creciente’ tráfico de drogas en nuestro territorio y los pésimos y corruptos sistemas locales de detección y reacción.

Más de una vez hemos afirmado en esta columna que sobran las pruebas de que las autoridades nacionales no luchan contra el narcotráfico porque probablemente entre ellas hay varias que forman parte de ese negocio. Ahora, los dichos del jefe de Gabinete nos permiten ratificar esas fundadas sospechas. Las pruebas sobran, porque hace muchos años que la Argentina ha dejado de ser un país de paso para convertirse en un fuerte productor, vendedor y contrabandista de estupefacientes, al tiempo que también se ha convertido en un centro de lavado de dinero. Todas estas actividades no pueden realizarse sin la anuencia oficial.

Paralelamente, han pasado hasta décadas sin que se produzca la radarización completa de nuestras fronteras y cielos, señal de que no existe voluntad de revertir la porosidad de nuestras extensas fronteras, en especial la del Norte, la fluvial y la marítima.

Hemos visto, además, cómo se han establecido y han actuado en nuestro territorio narcotraficantes y sicarios de diversas nacionalidades. En julio de 2008, dos narcotraficantes colombianos fueron fusilados en el supermercado Unicenter. En febrero de 2009 fue asesinado Juan Galvis Ramírez en el marco de enfrentamientos internos dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar vinculado con el narcotráfico.

También hemos visto la participación de argentinos en el negocio de las drogas sintéticas y la efedrina, como mostró el triple crimen de General Rodríguez, y comprobamos azorados que un jet privado podía despegar de un aeropuerto militar (después de haber recorrido medio país desde La Quiaca hasta Morón), hacer escala en Ezeiza y partir a Barcelona con una tonelada de cocaína sin haber sido revisado por el personal de la Aduana en nuestro principal aeropuerto internacional.

Finalmente, hemos confirmado la falta de voluntad para financiar adecuadamente la Sedronar y para combatir el lavado de dinero. El año pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó un crítico informe señalando las graves fallas para luchar contra el reciclado de dinero en nuestro país, que lo colocaban al borde de ser incluido en la lista ‘gris’ de ese organismo. No es casualidad que la Unidad de Información Financiera (UIF), el principal instrumento en la lucha contra el lavado, se haya convertido en herramienta de persecución política y que su actual titular no posea ninguna especialización ni experiencia en la materia.

Los dichos de Aníbal Fernández constituyen toda una declaración de principios. El ‘no podemos ganar’ significa, en su boca, ‘no hemos luchado en serio ni lo haremos’. Eso no significa que no haya esforzados agentes y funcionarios de niveles medios que cumplen con su labor. Lo que falta es la política macro del combate y lo que se verifica es la ausencia total de voluntad para librar una lucha contra un negocio que, como el de la droga, suele financiar la política en aquellos países cuyos dirigentes deciden ceder ante esas mafias. Aceptar una derrota, como hizo Fernández, sin haberse empeñado en el combate, es ceder ante un enemigo implacable como es el narcotráfico.”

Como puede verse, poco a poco, la realidad va imponiéndose al falaz discurso oficial.

Redacción de Tribuna de Periodistas