El pasado 4 de julio, los jóvenes periodistas Nicolás Balinotti y José Sbrocco presentaron su libro: José Alperovich, el zar tucumano, una biografía no autorizada sobre el gobernador de Tucumán, para el cual entrevistaron a más de 100 personas entre familiares, amigos, funcionarios del Gobierno, dirigentes del oficialismo y de la oposición que aportaron importantes revelaciones sobre el hombre que "tiene a la provincia en un puño".

        Ya para el día 14, “el zar tucumano” se había encargado de hacer desaparecer de las librerías la polémica biografía mediante el uso de su policía de Rentas para amenazar a los locales que vendían el libro. Mario Kostzer, de La Feria del Libro —lugar donde se había comenzado a vender con éxito— primero lo aceptó y luego lo retiró de las góndolas. "Tiene un tufillo antisemita", se justificó en un diálogo con Revista Contexto.

Desde el blog del mismo Nicolás Balinotti pudo saberse que la distribuidora había acordado con los autores del libro el reparto de 150 ejemplares en Tucumán y Salta. Incluso, hasta se había acordado la división de ganancias: 30 por ciento para el canillita, 10 para la agencia y un 60 para los autores. Sin embargo, a un día de iniciar la distribución, Fernando Torres, de la agencia Rómulo Guzmán, comunicó: “No distribuiremos el libro porque recibimos presiones del gobierno”. 

El 17 de julio último, el diputado nacional Juan Casañas, candidato a vicegobernador por la UCR, expresó su preocupación por la metodología empleada por el gobernador tucumano para "amenazar, mediante la policía de la Dirección de Rentas, a quienes vendan su biografía no autorizada” por medio de la presentación de un proyecto de declaración que fue girado a las Comisiones de Comercio y Libertad de Expresión.

Casañas se reunió ayer en la Comisión de Libertad de Expresión —a la que asistió el periodista Luis Majul— para tratar un proyecto de Casañas y repudiar el acto de censura, pero la falta de quórum obligó a postergar su debate. En este sentido, la vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Patricia Bullrich, propuso que el cuerpo se reúna en Tucumán “para federalizar la comisión”, según informó el sitio Parlamentario.com.

Este lunes, el reconocido sitio web de la Revista Contexto, publicó en exclusiva un escalofriante adelanto del libro en cuestión donde puede verse claramente el desvergonzado manejo del Poder Judicial desde la Casa de Gobierno.

"Mocosa, no te pusimos para que armes quilombo": fue la advertencia de Alperovich a Claudia Sbdar, jueza de la Corte Suprema de Justicia. Aquí el adelanto:

La vacante que dejó Dato al convertirse en diputado nacional, en 2007, le abrió la puerta a Alperovich para hacer pie en el único poder provincial que le quedaba colonizar: la Justicia. Así, Estofán pasó del Poder Ejecutivo al Judicial, sin escalas.

En su desembarco en la Corte, Estofán fue observado con recelo. Su pasado político le jugaba en contra. 

— Alperovich sabe que no me puede pedir cualquier cosa, fueron las primeras palabras de Estofán ante sus compañeros del alto tribunal provincial. 

Esa carta de presentación le resultó positiva y se ganó hoy la confianza de sus compañeros de la Corte.

Incluso, cuando el Tribunal falló en contra de un artículo de la reforma de la Constitución —Estofán se había excusado— Alperovich se enteró de la noticia a través de los medios. Si Estofán estaba allí para adelantar la primicia, la jugada no había resultado eficaz.

El fallo, publicado en septiembre de 2008, impidió que el Poder Ejecutivo organizara el Consejo Asesor de la Magistratura, el órgano para seleccionar magistrados. Ese mismo fallo volteó la posibilidad de modificar la Carta Magna mediante enmiendas. De ese modo, cualquier intento de cambiar el texto constitucional debe ir avalado por una ley de la Legislatura que declare la necesidad de la reforma y especifique cuáles son los artículos que se pueden retocar.

Esa sentencia fue un baldazo de agua fría para el gobernador. Por primera vez un poder del Estado le ponía límites. Alperovich había ideado un Consejo de la Magistratura integrado por jueces, legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo. Los abogados y los docentes no tenían cabida en ese esquema. “Los abogados no pueden ser jueces y partes”, había denunciado el gobernador. 

Finalmente, Alperovich tuvo que retroceder y aceptar que representantes de los abogados integraran el órgano de selección.

La demanda la había presentado el Colegio de Abogados, por eso Alperovich intentó que ningún representante de los profesionales integrara el Consejo de la Magistratura. 

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Redacción de Tribuna de Periodistas