"La política es sucia", "roban pero hacen" o "todos roban por igual" son algunas de las premisas con las que los argentinos de distintas generaciones nos resignamos a vivir en un ambiente de corrupción y falta de transparencia.

Esa indiferencia o resignación ciudadana en la cautela de los dineros públicos es quizá la mayor explicación para que el Congreso no haya aprobado una serie de leyes clave destinadas a fortalecer los controles, o para que las normas que sí fueron sancionadas con ese fin se cumplan en forma limitada.

También explica en parte que los organismos auditores del Estado funcionen de manera descoordinada o sin independencia del poder de turno y que la única funcionaria de renombre castigada por corrupción haya sido María Julia Alsogaray.

En los hechos, faltan normas pero sobre todo conductas y reacción popular. Existen organizaciones como Poder Ciudadano, CIPPEC o Directorio Legislativo que reman en soledad.

La experiencia kirchnerista fue contradictoria en este aspecto. Después de unos primeros años en los que Néstor Kirchner se preocupó por promover la apertura de su gobierno a la supervisión externa —firmó un decreto de acceso a la Información del Poder Ejecutivo en 2003— terminó encerrándose entre cortinados.

En el último Barómetro Global de la Corrupción 2010, realizado por Transparencia Internacional, el 62 por ciento de los argentinos consultados estimó que el nivel de corrupción creció en los últimos 3 años, y consideró a los partidos políticos y a los funcionarios como las instituciones más afectadas por la corrupción, seguidos por el Congreso, la Policía y la Justicia.

Además, el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 (IPC), elaborado por la misma institución indicó que la Argentina ocupó el puesto 105 sobre 170 países y repitió la mala nota (2,9 puntos) obtenida en años precedentes.

Algunas razones del retroceso son:

-La decisión de la Sindicatura General de la Nación, un órgano de control interno del Poder Ejecutivo, de dejar de publicar sus informes en su sitio web.

-La ley de Derecho a la Información que se discute desde hace varios años en el Congreso sólo tiene sanción en el Senado y resta su aprobación en Diputados.

-La renuncia del Fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, también conocido como fiscal anticorrupción por diferencias con el procurador General de la Nación, Esteban Righi.

-La SIGEN y la FIA no trabajan coordinadamente, ni con los otros organismos de control como la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación (de control externo, por parte del Congreso) y el titular de la OA —en este caso José Sbatella— es designado por el Ejecutivo.

-Las causas por corrupción evidencian un lento avance en la Justicia.

Esta sumatoria de falencias pudo ser caldo de cultivo para elcaso que involucra a los ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender.

La información sobre la construcción de viviendas no era de fácil acceso y sin el escrutinio público, el caso pasó directamente a la Justicia por una pelea interna.

De hecho, cuando se difundió la denuncia, Poder Ciudadano hizo pedidos formales solicitando información pública a los organismos involucrados, tanto en el plano nacional, provincial y municipal, pero a más de un mes no recibió respuestas. 

Experiencia comparada

La Argentina y Venezuela son los únicos países de la región que no tiene una ley de este tipo acceso a la información. Estados Unidos fue pionero al aprobar una norma de este tipo (FOIA en 1966) y a partir de 1980 fueron sumándose muchos países.

En Latinoamérica, México y Brasil son los que mejor apertura lograron a partir de estas normas.

Estados Unidos no es quizá un país modelo en el área de transparencia, aún más si tomamos al término en un sentido abarcativo a su política exterior. De hecho, la mayor apertura se dio durante el gobierno de Bill Clinton cuando no intervino en guerras, pudo comprobar Noticias Argentinas durante un seminario de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado en este país.

De todos modos, actualizó su ley de acceso a la información en 1996 —para que se publicaran archivos en internet— y sancionó otras normas destinadas a profundizar sus alcances como la del Gobierno abierto de 2007, que obliga a las reparticiones a suministrar toda los archivos requeridos por cualquier ciudadano, salvo excepciones, y otra de incentivos para la apertura de lo que se conoce como "récords" de empresas privadas en 2009.

Desde 1978, como consecuencia del escándalo Watergate que eyectó del poder a Richard Nixon, creó una oficina de Ética Pública que se ocupa de dirimir conflictos de intereses respecto de aquellos que pasan de la actividad pública a la privada.

Pero sobre este punto vale la pena detenerse. La oficina analiza si existe conflicto de intereses sobre la base de declaraciones juradas que presentan los funcionarios. Y prácticamente no se plantea la posibilidad de que un servidor falsee información de las declaraciones juradas.

Otra práctica que podría ser considerada en la Argentina es que tanto en el nivel municipal como en el de los estados —núcleo clave del sistema federal estadounidense— y en el nacional buena parte de los auditores y fiscales surgen de elecciones generales.

El estado de Illinois y puntualmente la ciudad de Chicago están rezagados en las políticas de transparencia. Sin embargo, el ex gobernador Rod Blagojevich fue encontrado culpable por querer vender la banca que dejó Barack Obama al lanzar su candidatura presidencial y muy probablemente irá a la cárcel.

Su caso fue seguido atentamente por entidades de la sociedad civil y la prensa, que reclamó acceso a informaciones clave.

Por lo pronto, la indiferencia es la mejor aliada de la corrupción.

Gabriel Profiti
NA