Como parte del plan de austeridad autoimpuesto en el marco de la crisis económica por la que atraviesa, el gobierno norteamericano informó hace pocos días sobre su decisión de reducir la ayuda financiera para combatir el narcotráfico en 136 millones de dólares. Según un comunicado emitido por la agencia de noticias EFE, “(…) Colombia verá reducida su financiación hasta los US$ 160 millones, 80 millones menos que en 2011. México recibirá US$ 248 millones, US$ 40 millones menos, y Bolivia la mitad de lo percibido, es decir, US$ 10 millones”.

El caso de Bolivia parece particular, ya que desde el 2006 a la fecha, los EE. UU. vienen practicando recortes de fondos, desde 80 millones de dólares, pasando por 42 millones, 26 millones en 2009, 22 millones en 2011, y hasta llegar a los 10 que estima destinar a ese país en 2012.

Cabe recordar que en septiembre de 2008, el mandatario boliviano expulsó al embajador norteamericano Phillip Goldberg. Dos meses después, hacía lo propio con la DEA (Agencia Antinarcóticos de los EE. UU.) tras acusaciones de conspiración contra su gobierno.

Sin embargo, según dan cuenta informes oficiales, Bolivia ya comenzó la nacionalización de su lucha contra el narcotráfico y lleva adelante negociaciones en el marco del “Programa País”.

La elaboración de este programa, contó con el apoyo de la UNODD, Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, y mediante el mismo se espera contar con la cooperación a futuro de algunos Estados europeos.

Lo cierto es que por estas horas, desde Washington se afirma que la ayuda internacional sólo se centrará en las zonas con mayores necesidades.

Aunque a esta altura del relato oficial, resulta imposible no advertir las groseras contradicciones.

Nidia G. Osimani