En los últimos años el juez federal Norberto Oyarbide ha estado en el centro de la escena mediática a raíz de las importantes causas que acumula su juzgado, pero no siempre fue así. A finales de los años 90’ y en plena era menemista, al magistrado le tocó a él estar en el banquillo.
En un mundialmente conmocionado 11 de septiembre de 2001, el Congreso de la Nación se ocupaba de “salvar” al juez federal en el marco del juicio político del que era protagonista, acusado de haber incurrido en “actitudes y omisiones incompatibles con el decoro e insospechabilidad de conducta exigibles a todo magistrado judicial”.
“’El Enano’, como lo apodan en forma despectiva sus colegas, fue secretario, luego fiscal, y en 1994 nombrado juez Federal gracias a los oficios del entonces presidente Carlos Menem y al padrinazgo de la Policía Federal.
La gratitud de Oyarbide no se hizo esperar: todas las causas judiciales contra el ex mandatario y sus hombres más cercanos fueron certeramente cajoneadas. Respecto a la Policía, el juez no solo fue protector de los prostíbulos que estos regenteaban, sino que fue filmado en uno de ellos llamado Spartacus en 1998. Por este y otros hechos, sufrió un oportuno juicio político, pero fue salvado por el peronismo a pleno en septiembre del año 2001”, según narra Christian Sanz en un artículo sobre el juez mejor bendecido por el kirchnerismo.
Los archivos de parlamentario.com permitieron refrescar cómo fue esa absolución y a cargo de quienes estuvo. La votación fue ganada por 21 a 20 por quienes pretendían condenar al juez, sin embargo preponderó la posición del PJ, ya que para destituir a un juez es necesario contar con los dos tercios de los votos de los miembros presentes a la hora de votar.
Sobre cuarenta y dos legisladores presentes en el recinto se necesitaban 28 votos para llevar adelante el desplazamiento de Oyarbide.
Los peronistas votaron mayoritariamente en favor de la absolución del ahora juez federal, en tanto que todos los radicales, además de los justicialistas Osvaldo Sala, Beatriz Raijer y José Carbonell, se pronunciaron a favor de la destitución del magistrado. En el mismo sentido votaron los representantes del Movimiento Popular Neuquino Silvia Sapag, y del Partido Cruzada Renovadora de San Juan, Carlos Loza.
Oyarbide fue suspendido como juez en mayo de 1998 tras haber sido denunciado ante la Justicia por amenazar de muerte al recepcionista de un restaurante y por ordenar un supuesto atentado contra Luciano Garbellano, que trabajaba en el prostíbulo masculino Spartacus, donde presuntamente había sido filmado el magistrado. Fue uno de los casos de Juicio Político más resonantes del momento.
Según recuerda parlamentario.com, los seis cargos originales, que luego se sintetizaron en uno, eran los siguientes:
- Haber incurrido en falta de ética en violación al reglamento de la justicia nacional al concurrir en varias ocasiones al local sito en Agüero 1916, de Capital, que funciona con el nombre de Spartacus, comprometiendo la dignidad que su investidura conlleva.
- Haber incurrido en inconductas en su vida privada que lo colocaron en una situación de extrema vulnerabilidad, que permitieron hacerlo víctima del delito de extorsión, comprometiendo el decoro en la prestación del servicio de justicia.
- Haber omitido denunciar la comisión de delito de promoción y facilitación de la prostitución.
- Haber omitido denunciar la comisión del tráfico de influencias del que se valía Luciano Garbellano haciéndose pasar por familiar suyo para obtener distintos beneficios.
- Haber incurrido en enriquecimiento ilícito por sobrepasar en exceso los gastos efectuados por distintos conceptos, en relación a los ingresos percibidos por su función, durante el período enero de 1996 y julio de 1998.
- Haber incurrido en presunto delito de amenazas (al menos amenazas simples) en relación a los hechos acaecidos el 25 de abril de 1998 en el restaurante de la calle Posadas 1032 contra el señor Zinneddine Rachem, recepcionista del restaurante.
Oyarbide fue “salvado” seis veces veces por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura a raíz de denuncias por mal desempeño de sus funciones. Hoy lleva las causas más candentes del kirchnerismo, mientras que ningún funcionario ha sido procesado.
José María González