Una brisa de apoyo internacional presiona al Reino Unido para que entable diálogo con la Argentina sobre la cuestión Malvinas.

Según un comunicado de la Cancillería local difundido el domingo pasado, los representantes del “Grupo de los 77” más China —bloque de las Naciones Unidas que es presidido por Argentina—, se manifestaron “por aclamación” a favor de la negociación sobre el problema de la soberanía de las islas, según informó la agencia AFP. Como era de esperarse, los británicos han vuelto a hacer oídos sordos ante los reclamos por la vía institucional.

Podría pensarse que nos encontramos en un momento histórico de la causa Malvinas, con el mundo mirando atentamente al conflicto. Precisamente eso también puede ser peligroso: con la cantidad de recursos naturales en juego, difícilmente las potencias occidentales —con Gran Bretaña a la cabeza— cedan un centímetro en la disputa. Hay que recordar que la Unión Europea declaró a las “Falklands” como parte de su territorio ultramarino en 2007. Es decir, en los hechos el conflicto tiene mayor peso que una simple puja bilateral.

“Hay un acuerdo implícito, en el cual a la Argentina se la deja protestar y quejarse, pero a ellos (Gran Bretaña) se los deja seguir avanzando con su proyecto de conquista”, sostuvo el dirigente Mario Cafiero, a modo ilustrativo, en una entrevista concedida al Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro (CEEMFRA) a principios de este año.

En efecto, más allá de la advertencia presidencial de suspenderle la escala en Río Gallegos a los kelpers, la política nacional hacia las islas se ha caracterizado por una profunda dosis de esterilidad.

Reclamos en la ONU, verba rebelde y advertencias epistolares podrían sintetizar los mecanismos con los que se pretende sentar al Reino Unido a negociar la soberanía del archipiélago, a los que ahora se le suman la posible revisión de tratados provisorios y tibios pronunciamientos favorables de algunos países como China y Corea del Sur.

Sin embargo, la revocación de acuerdos leoninos como los de Madrid y Londres de 1990, gestionados por Domingo Cavallo y Carlos Menem, no figuran en la agenda disolutiva del gobierno. Esto, sumado a algunas resoluciones tomadas en los últimos años, complica la situación de la Argentina.

Ambiguas medidas

 Decía Cafiero en la misma entrevista: “Los británicos han europeizado el conflicto, nosotros deberíamos latinoamericanizarlo, pero sólo lo hemos hecho levemente”. Si bien las posturas de Brasil, Venezuela y recientemente del gobierno boliviano han dado indicios de una creciente preocupación regional, aún no se le han dado las dimensiones pertinentes a la causa Malvinas.

El gobierno argentino, lejos de elevarle el status al conflicto, lo “municipalizó”, promulgando la Ley 26.552 en diciembre de 2009, que incorpora a las Malvinas junto con la Antártida y el resto de las islas del Atlántico Sur, al territorio provincial de Tierra del Fuego. Esta medida, junto con la creación de Fideicomiso Austral en abril del 2010, configuró un plan de “debilitamiento absoluto del ejercicio de la soberanía plena por parte de la Argentina sobre las islas y sus recursos”, según el dirigente de Proyecto Sur.

“El Fideicomiso Austral fue creado como consecuencia de un acuerdo entre el Ministerio de Planificación Federal y la Provincia de Tierra del Fuego. El ministro De Vido le cedió a Tierra del Fuego el 50% de las regalías petroleras que le correspondían a la Nación en toda la plataforma continental austral, incluyendo las aguas de Malvinas”, indicó Cafiero.

Según esta tesis, la cuestión Malvinas pasó de ser una gran causa nacional a una cuestión provincial de Tierra del Fuego, allanando el camino para las políticas británicas en la región. Ese doble estándar que parece jugar el gobierno, de un paso al frente y dos hacia atrás, manchado con petróleo y plagado de contradicciones, complican el verdadero esclarecimiento del asunto.

Ernesto Vera
Twitter: @ernvera