Lejos de una quita de concesión a TBA o de una eventual renuncia del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi —reclamada por la oposición—, el ministro de Planificación, Julio De Vido, sorprendió anunciando esta tarde que el Estado argentino será "el principal querellante" en la causa judicial por la tragedia de Once, y negó "cualquier tipo de protección" para la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).
De Vido dijo que la presidenta Cristina Kirchner tomó algunas decisiones y que "Nos ha instruido para que nos presentemos como querellantes para defender el interés público y acompañar a los damnificados para que ellos también sean parte del expediente judicial. Una vez determinadas las causas y motivos, que será en tiempo breve, entonces sí lo administrativo irá a acompañar las conclusiones de la investigación judicial a los efectos de salvaguardar el interés público. Y aplicar las sanciones que pudieran corresponder", explicó.
En una conferencia de prensa que brindó junto al secretario de Transporte, en el microcine del Ministerio de Economía, De Vido agregó que "no hay palabras que puedan describir el dolor por este trágico hecho que atravesó el país ayer".
De esta manera el gobierno puede tener total acceso al expediente judicial y se muestra como particular damnificado cambiando su postura de “victimario” a “víctima” y participando en una investigación que debería caer sobre sí mismo. No solo eso, el Estado también se hará cargo de los juicios por la tragedia.
Sin embargo, el juez Claudio Bonadío todavía debe evaluar y eventualmente aceptar esta presentación.
Según indica una investigación del periodista Alejandro Bercovich para diario BAE, “En 2008, la Auditoría General de la Nación (AGN) alertó sobre los incumplimientos del plan de inversiones de TBA y hasta informó sobre deficiencias en los frenos de sus formaciones. De acuerdo con un reporte del ente de contralor que difundió ayer al ONG Poder Ciudadano, las deficiencias más frecuentes en los trenes de Cirigliano al Oeste eran en aquel momento los ‘frenos de mano inoperantes’ y ‘la zapata de freno fuera de rodadura’.
Los datos de Planificación reflejan que en diciembre, pese a todas las denuncias, TBA recibió $29,4 millones del fisco. Y en enero, $76,9 millones, sólo a través del Sistema Integrado Ferroviario (SIFER). La UGOFE, que opera la línea Roca y donde también participa Cirigliano, embolsó otros 66 millones”.
El Estado es de hecho quien debería haber controlado el desempeño de la empresa TBA luego de haberle otorgado la concesión. De hecho se prevé que se tratará de una causa donde las víctimas querellarán al propio Estado por falta de control y a la empresa TBA por homicidio doloso. De esta forma, pone un cerco a la posible responsabilidad política de la tragedia de Once que dejó un saldo de 50 muertos y más de 600 heridos.
Hay que recordar que Madres de Plaza Mayo también se constituyeron como querellantes en la causa Schocklender por considerarse "perjudicada" por las supuestas maniobras fraudulentas del ex apoderado de la institución, en el marco del el desvío de fondos públicos que debían ir a la construcción de viviendas. Días después, el juez Norberto Oyarbide aceptó el pedido, dejando en claro que no les cabría imputación ni por lavado de dinero ni por defraudación al Estado.
Mientras tanto, el único responsable es el maquinista.