Luego del escándalo mediático y la indignación suscitados por la absolución de los acusados en el caso Marita Verón, el kirchnerismo en su conjunto salió al cruce del sistema judicial con un oportunismo desdeñable. A la cabeza estuvo la Presidenta de la Nación, quien para no perder el tiempo se alagó a sí misma: “Parecía casi profético lo que dije el otro día, cuando dije que los jueces dejan entrar y salir a criminales”.
La nueva consigna parece ser la “democratización de la Justicia”. Ahora bien, ¿qué quiere decir en verdad el kirchnerismo con esto? Si mientras hablaban de democratizar los medios extorsionaban con pauta oficial, si la Ley de Medios está llevando a la asfixia a los pocos reductos de periodismo crítico y si al mismo tiempo que piden la democratización de la Justicia hacen recusaciones masivas y amenazan con destitución a los jueces independientes, ¿no tenemos acaso derecho a dudar de sus verdaderas intenciones?
Resulta claro que lo que busca el kirchnerismo es anular la división de poderes y someter al Poder Judicial, baluarte de la república si es que queda alguno. Bajo la excusa de que es “el único poder del Estado no elegido democráticamente”, lo que se quiere es deslegitimarlo y de paso anotarse otro punto para la reforma de la Constitución y el plan “Cristina eterna”.
Sea a través de listas sábanas en elecciones populares o por medio de una injerencia directa del Ejecutivo, el kirchnerismo empezará a instalar la idea de que la Justicia debe responder al gobierno para evitar que sea presa de las corporaciones. Nuevamente estará buscando desviar la atención de los problemas verdaderos, esconder sus responsabilidades sobre la corrupción e impulsar la concentración de un poder cada día más absoluto.
¿Quiere el kirchnerismo que atendamos el problema de la Justicia? Muy bien. Entonces hablemos de los sistemas feudales que el gobierno nacional financia y promueve a nivel local. Después de todo, la Justicia de Alperovich es una Justicia kirchnerista desde todo punto de vista. El mandatario tucumano forma parte de los barones K, y usa técnicas de sometimiento y degradación institucional muy similares a las usadas por los Kirchner tanto en Santa Cruz como en el plano nacional.
Habría que preguntarse entonces por qué el bloque oficialista durmió en los últimos tiempos el proyecto de nueva ley de trata de personas. ¿Recién ahora empezó a parecerles de gravedad el tema? ¿O por qué no plantearnos las razones por las cuales no hay juicios por jurado en la Argentina o se sigue permitiendo que prescriban los delitos de funcionarios públicos?
¿Cómo lograr la Justicia si no es a través de una lucha frontal contra la corrupción, verdadera causa de la trata de personas y de los peores males que aquejan a nuestra sociedad? ¿Por qué se les recortan funciones a los organismos de control cada vez que tienen la oportunidad?
Justamente el problema de la Justicia, en las provincias y en la Nación, es la excesiva intromisión del poder político de turno, lo que lleva a la impunidad y a priorizar intereses políticos sobre el bien común. Una Justicia es democrática cuando actúa en función del interés del pueblo, defendiéndolo contra los abusos de los gobernantes y poderosos.
Se puede discutir si se deben conformar los tribunales o juzgados a través de elecciones, juicios por jurado o exigiendo elevados consensos para la designación de jueces permanentes rodeados de las máximas garantías. Lo que no puede ser es que nos quieran llevar a discutir si acaso una Justicia puede ser democrática estando manejada por aquellos a quienes debe primeramente controlar y obligar a cumplir con la ley.
Rafael Micheletti
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