Cristina Kirchner dio esta semana señales de un cambio de paradigma en la relación de su gobierno con los gremios, así como con el empresariado, y terminó de convencer al titular de la CGT, Hugo Moyano, de iniciar una etapa de repliegue y resistencia.

     Fueron dos discursos significativos: el del martes en la Conferencia Industrial y el del jueves en el Aeroparque Metropolitano, donde vetó reclamos de la CGT y amonestó a gremios rebeldes como los de los pilotos y técnicos de Aerolíneas. 

     En ambos casos lo hizo recostada sobre su caudal electoral y su condición de peronista —lo cual le asigna mayor legitimidad en esta discusión— y con el objetivo de que la bajada de línea  llegara a tiempo antes de las pulseadas previstas para 2012. 

     El nivel de los aumentos salariales, el reintegro de los fondos de las obras sociales, el impuesto a las ganancias, el reparto de utilidades empresariales y una eventual reforma integral al sistema de salud son algunas de las decisiones que el Gobierno tiene apuntadas y que podrían rebelar a los gremios. 

     En las últimas horas y previendo la reacción de algunos sindicatos, la Casa Rosada también habría sondeado la legalidad de decretar a los servicios de transporte "esenciales", de manera de contrarrestar las siempre complejas huelgas del sector.  

     Ya decidió avanzar sobre APTA, el sindicato del personal técnico de Aerolíneas, con el pedido a la Justicia para que suspenda su personería gremial y ahora prepara por medio del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, una denuncia penal contra su titular Ricardo Cirielli.  

     "Cirielli tiene prácticas extorsivas y eso tiene que salir a la  luz", dijo a NA una fuente del Ministerio de Planificación Federal, al deslizar cuál será el cariz de la denuncia. 

Camión, tren, avión 

     El round se dio en la antesala de la puja por la conducción de la CGT que será en julio de 2012. Los distintos sectores, a excepción de los denominados "gordos", acordaron esperar a que el líder camionero cumpla su mandato, pero aguardan un guiño oficial para ver quién será el nuevo mandamás. Antonio Caló, de la UOM, es  el favorito y el que menos paga en las apuestas. 

     El Gobierno ya envió sobradas muestras de que el ciclo de Moyano está cumplido y también prevé promover su remoción de la cúspide del PJ bonaerense, prevista para finales de 2012.  

     Todo indica que la etapa de acumulación de poder moyanista entró en un lento declive. Moyano apoyó a Adolfo Rodríguez Saá en las elecciones de 2003 pero comenzó su acercamiento al Gobierno ese mismo año, tras una charla con Néstor Kirchner junto al fallecido titular de la UTA, Juan Manuel Palacios. 

     Tras encumbrarse en la CGT, primero en un triunvirato y luego en soledad, dio prioridad a su gremio, que pasó de ser un sindicato de apenas 20 mil afiliados a orillar los 200 mil, avanzando incluso sobre otros gremios y ganándose muchos enemigos. 

     De todos modos y fiel a la máxima vandorista de "golpear para negociar" que lo guía, Moyano no va a abandonar la pelea. 

     Según trascendió, está buscando armar federaciones que aglutinen a los distintos sectores dentro de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) para unificar el poder de fuego de los transportistas.  

     Ya avanzó en el sector ferroviario que tendrán su federación a fin de año con el titular de La Fraternidad Omar Maturano a la cabeza y también prevé hacerlo con los aeronáuticos. También tuvo acercamientos con sectores antikirchneristas como el que lidera el duhalista, Gerónimo Venegas, representante de los peones rurales y de las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas. 

     Además, prevé volver a fortalecer al Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) con el que se mantuvo como disidente de la CGT durante el menemismo. Un primer encuentro de este sector con preeminencia transportista será el 6 de diciembre. Se espera que surja un documento con reclamos al Gobierno. 

     Luego volverá a mostrar su fortaleza el 15 de diciembre, Día del Camionero, cuando encabece otro acto en el estadio de Huracán. 

     Pero a diferencia de otros años, cuando Néstor y Cristina Kirchner eran los invitados especiales, es improbable que esta vez haya presencia oficial. Quizá asista Julio De Vido a quien Moyano espera ver encumbrado en el Gabinete, ya que es su principal nexo. 

Peleas 

     Hasta este año, el Gobierno usó las paritarias de los Camioneros como referencia para los acuerdos salariales. El año pasado fue de 24 por ciento, en tres etapas que concluirán en marzo, más un plus de vacaciones. 

     Pese a que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que las negociaciones que comenzarán en febrero o marzo del año próximo "no tendrán ni piso ni techo", lo cierto es que el Gobierno buscará fijar el aumento promedio en 18 por ciento sin impedir que cada sector discuta condiciones particulares.  

     La idea es dar en ese ámbito una de las peleas pendientes contra la inflación, y dentro de ese encuadre, se da la sintonía entre la Presidenta y el empresariado, corporizada en la figura del titular de la UIA, José Ignacio De Mendiguren. 

     Un caso testigo es el del gremio de Venegas, que acordó un incremento del 35,7 por ciento con los empresarios del sector. Moyano ya anticipó en sus reuniones de los últimos días que buscará que los incrementos superen el 25 por ciento, acorde con "la inflación de los supermercados".  

     La pelea se dará en el marco del recorte de subsidios para los sectores medios, y aumentos impositivos que deberán afrontar los porteños en ABL o los bonaerenses en automotores, inmobiliario urbano y rural, tal como aprobaron las distintas legislaturas. 

     El combo se completa con la negativa del Gobierno a aumentar el piso del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias y a darle aire a una ley de reparto de utilidades, junto con la posibilidad de que avance en una reforma del sistema de salud. 

     Según trascendió, les podría quitar a las obras sociales la atribución de comprar productos y luego reclamar el reintegro, una caja de 30 mil millones de pesos y eje de la causa por la llamada mafia de los medicamentos.  

     Precisamente se sospecha que la obra social de Camioneros presentó troqueles truchos para cobrar fondos de la Administración de Programas Especiales (APE). Esa es la causa que más inquieta a Moyano de las que tiene abiertas en los tribunales de Comodoro Py. Quizá sea su Waterloo.  

Gabriel Profiti