Fondo Solidario de Redistribución. Ese rimbombante nombre es el que hoy enfrenta a Hugo Moyano con el gobierno de Cristina Kirchner. Se trata de una caja millonaria que hoy supera los 11 mil millones de pesos y que se forma con un porcentaje que varía entre el 10 y el 20% —según el nivel salarial— de todos los aportes sociales de los trabajadores y empleadores. El dinero que se recauda tiene como finalidad apoyar a las obras sociales en los tratamientos de alta complejidad y cubrir los gastos administrativos de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Tribuna de Periodistas contó oportunamente que ese dinero fue parte de un pacto de no agresión mutuo que tejieron Moyano y el kirchnerismo en marzo de este mismo año, una tregua que duró menos de lo esperado. En realidad, el Gobierno liberó parte de los fondos al líder de la CGT —apenas 300 millones—, pero cesó en el envío luego de entender que la economía vernácula empezaba a mostrar signos de desgaste y se había vuelto permeable a la crisis internacional. ¿Por qué no "estatizar" esa millonaria caja? se preguntan en Casa de Gobierno desde hace semanas.

Es un hecho que ese dinero, que reposa hoy en una cuenta del Banco Nación, puede aliviar las cuentas públicas en el corto y mediano plazo, luego de haber hecho lo propio el oficialismo con los fondos de la Ansés y las reservas del Banco Central. Estas últimas dos entidades configuran "ollas" de las que ya no se puede rascar más.

Lo único que evita que el dinero del Fondo Solidario de Redistribución sea utilizado, es el temor de no poder administrar el manejo de tratamientos complejos. La realidad indica que el Estado no está hoy en condiciones de hacerse cargo de este tópico. No solo no tiene infraestructura para hacerlo, tampoco tiene idea de cómo manejarlo.

Este último punto es el que ha evitado que Cristina Kirchner se apoderara de esa millonaria caja. Sin embargo, la amenaza de tomar ese dinero permanece latente, lo cual disgusta —y mucho— a Moyano.

En los últimos meses, el titular de la CGT le confesó al menos en dos oportunidades al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, su temor a que el Gobierno se quede con esa plata, la cual, en teoría, le corresponde a las obras sociales sindicales. Moyano habla más de lo que escucha —De Vido es hombre de pocas palabras— y eso lo intranquiliza, sobre todo cuando recuerda que varias causas judiciales penden sobre su cabeza. La ecuación que hace el camionero es bien sencilla: si esos expedientes los manejan jueces que controla el kirchnerismo, ¿por qué siguen abiertos? Moyano sabe que, en el peor de los casos, será el chivo expiatorio que cargará con todas las culpas.

Por eso, desde hace semanas, ha iniciado un camino de reconciliación con diversos sindicalistas con los que estaba enfrentado, como Oscar Lescano de Luz y Fuerza y el independiente Antonio Caló, titular de la Unión Obrera Metalúrgica. En realidad, se trata de un matrimonio por conveniencia donde nadie se tolera entre sí, pero todos se necesitan.

Cristina ha mostrado en los hechos que, a la hora de optar entre sindicalistas y empresarios, ha optado por estos últimos. Ello se da en el marco de la discusión por las paritarias del año que viene, con un techo de entre el 16 y el 18% que intenta imponer el Gobierno, porcentaje fuertemente resistido por los sindicatos, sobre todo con una proyección inflacionaria del 30% para 2012 y la incipiente quita de subsidios a los servicios públicos.

La postal del enfrentamiento que se avecina se dará el 15 de diciembre próximo, en el marco del descollante acto por el Día del Camionero que Moyano hará en el estadio de Huracán. Allí dirá más con sus omisiones que con sus palabras; advertirá entrelíneas lo que no dirá de manera directa. Dará a entender, por caso, la necesidad de "salir a la calle" a pelear por derechos tales como la participación en las ganancias por parte de los trabajadores argentinos.

Será, en fin, un quiebre real con el poder de turno, del cual difícilmente pueda volver atrás. En Casa de Gobierno ya piensan en ello y se anticipan a lo que vendrá.

Por lo pronto, han hecho contacto con el más polémico juez Federal para que tenga preparado un auto de procesamiento contra Moyano en el marco del expediente que investiga la mafia de los medicamentos, una causa judicial que promete reactivarse de manera elocuente en 2012.