La presidenta Cristina Kirchner pidió anoche —en el marco del cierre de la 59 Convención de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC)— elaborar una ley que "contemple los intereses de los trabajadores y de las empresas para evitar la industria del juicio" en la construcción, y consideró que la "inversión en ladrillos es la más segura que tiene la Argentina".
Cristina no solo se va acercando al sector empresario mientras que se aleja de los gremios, sino que demostró su apoyo al tratar en público y en un tono amistoso a Gerardo Martínez, del gremio de UOCRA, acusado como “buchón” de la dictadura.
Y es que, poniendo las reglas del juego de lo que será su segundo mandato y en un claro guiño al empresariado con el que ahora tiene una excelente relación, Cristina expresó un fuerte respaldo ante un pedido recurrente de los empresarios, especialmente del sector de la construcción: terminar con la industria del juicio.
"Es necesario impulsar una ley que contemple los intereses de los trabajadores y las empresas que termine con la industria del juicio definitivamente, que impacta negativamente", sostuvo Cristina en uno de los párrafos más aplaudidos por los dueños de diferentes compañías argentinas.
En medio de una tirante relación con la CGT de Hugo Moyano, los sindicatos aeronáuticos y la UATRE, la mandataria indicó que “los trabajadores y las empresas podría empezar poniéndose de acuerdo con eliminar la doble vía de indemnización a los trabajadores" de la actual ley de ART e incluso se animó a recordar que “hace poco una pyme se fundió tras haber pagado una indemnización".
Refiriéndose directamente a Moyano, y haciendo alusión al reclamo por el reparto de las ganancias empresariales, Cristina señaló que “puede haber discusiones o debates pero no en el marco de la imposición, sino en el de la sintonía fina".
Durante la ceremonia también le expresó su apoyo al titular del gremio de la construcción UOCRA, Gerardo Martínez, al que trató amistosamente de “Gerardo”, justo en momentos en que es investigado en una causa judicial impulsada por organismos de derechos humanos que lo acusan de haber sido agente de inteligencia durante la última dictadura.
Equipo de Política de Tribuna de Periodistas