El entusiasmo de algunos funcionarios por disimular la inflación corre el riesgo de convertirse en una tomada de pelo para los argentinos que día tras día sufren la escalada imparable de precios.

El secretario de Comercio Interior, el todoterreno Guillermo Moreno, volvió a sorprender al afirmar que para las Fiestas los argentinos podrán pagar una cena para cuatro personas con 100 pesos.

Hacer alguna aclaración sobre lo dicho por el funcionario carece de sentido porque cualquier ciudadano sabe lo que puede hacer con 100 pesos en la Argentina actual.

Pero la audacia discursiva de Moreno, teniendo en cuenta que no se trató de un trascendido sino que lo declaró a una radio, refleja la preocupación del oficialismo por un tema clave que se le fue de las manos hace rato y sobre el cual carece de estrategia para encontrar una salida.

El gobierno cometió un error de diagnóstico grave al creer, como ya ocurrió en otras épocas de turbulencia, que un poco de inflación no representaba un problema si era acompañada por crecimiento.

El razonamiento sirve para un país como Brasil, cuya inflación es del 5 por ciento anual desde hace más de una década.

Pero en la Argentina puede convertirse en un error grosero, teniendo en cuenta que en el país la inflación real ronda el 20/25 por ciento, aunque el INDEC la manipula y la convierte en apenas un 10.

A la corta o a la larga, mantener altos niveles de precios durante períodos prolongados —la Argentina va para cuatro años de alta inflación— termina impactando sobre las posibilidades de crecimiento, empobrece a la población y esfuma las inversiones.

La inflación corroe la economía, porque cuando los precios se disparan los agentes que la manejan pierden el control de las principales variables, y el acto de transar bienes y servicios cae en una "ley de la jungla" imposible de dominar.

El problema es que como no atendió a tiempo el problema de la disparada de precios, ahora la presidenta Cristina Fernández se enfrenta a otro dilema serio: debió parar la fuga de capitales clausurando el mercado oficial de cambios.

Casi no se realizan transacciones en dólares, porque la AFIP lo impide, y así se conformó un enorme mercado negro de divisas, que se va dispersando a lo largo y a lo ancho del país.

Un proceso similar vive Venezuela desde hace varios años, y basta recorrer un poco ese país para entender en qué se termina convirtiendo una sistema financiero sometido a esa dinámica.

Si a esto se le suma que el déficit fiscal de la Argentina habría llegado a los 50.000 millones de pesos este año de no haberse echado mano a los fondos de la ANSeS y del Banco Central, pinta mayúsculo el desafío que tendrá Cristina para resolver su propia herencia durante el segundo mandato que formalmente arrancará el 10 de diciembre.

José Calero
NA