El actual ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo en una oportunidad respecto de Julio Cobos, que "En su carácter de vicepresidente, integra el Poder Ejecutivo y no hay antecedente en 200 años de historia de que un vicepresidente, a tres meses de la elección presidencial, se haya transformado en el líder de la oposición" 

Este criterio fue sostenido también por la Presidenta, al tiempo de designar a dedo a quien fuera su reciente candidato a vice, hoy Vicepresidente electo.

Sin embargo, este modo de entender la función del vicepresidente es errónea, y su difusión a través de distintos funcionarios públicos de alto rango evidencia una actitud malintencionada tendiente a confundir a la ciudadanía.

En efecto, de ninguna manera puede sostenerse que el Vicepresidente de la Nación integra el Poder Ejecutivo Nacional. Sí es el reemplazo natural, en caso de ausencia del primer mandatario. En definitiva, es un mero suplente, que asume la Presidencia temporalmente, sólo en circunstancias excepcionales.

A tal punto el Vicepresidente de la Nación no integra el Poder Ejecutivo, que ni siquiera tiene la facultad de refrendar decretos presidenciales, como sí la tienen el Jefe de Gabinete y los Ministros —quienes tampoco integran dicho Poder, que por definición es unipersonal— sin cuya firma las decisiones del Poder Ejecutivo carecen de validez.

La función permanente, no excepcional, que tiene el Vicepresidente de la Nación, es la de presidir el Senado. En definitiva, el Vicepresidente sí integra un Poder, que no es el Ejecutivo, sino el Legislativo.

Ahora bien, el hecho de que desde dicho poder se pueda llegar al Ejecutivo en determinadas circunstancias, como ha ocurrido, no sólo con vicepresidentes, sino en ausencia de éstos con legisladores nacionales, (por ej: luego de la renuncia de Fernando De La Rúa) no implica que dichos funcionarios revistan el carácter de integrantes del Ejecutivo.

Para que quede claro, no se pueden integrar dos Poderes al mismo tiempo, fundamentalmente por el principio republicano de la división de poderes. Por esta misma razón, es ilógico —desde una óptica republicana— exigir al vicepresidente que actúe como un apéndice del Ejecutivo, más aún en el ejercicio de funciones legislativas. De lo contrario, no se entendería por qué motivo se le asigna al vicepresidente el voto de desempate.

En efecto, si esta atribución no tuviese como fundamento reconocer el derecho a expresarse en forma autónoma de quien ha sido elegido por toda la ciudadanía, en distrito único para presidir el Senado, el desempate estaría constitucionalmente en manos del presidente de la nación o de un delegado designado por éste.

La puesta en escena mediante la cual una candidata a Presidenta en ejercicio de la primera magistratura, revela quien la acompañará en la fórmula ante la sorpresa de sus aplaudidores —como si otorgara un premio o una condecoración— fue el primer paso para condicionar, menoscabar y desnaturalizar el ejercicio autónomo de la vicepresidencia por parte de su compañero de fórmula, y actual vicepresidente electo.

El segundo paso, ocurrió hace poco, cuando luego de una broma clasista y discriminatoria, Cristina Kirchner pretendió mitigar su agresividad contra Amado Boudou afirmando que “Fue una bromita, ché. Si te puse de vicepresidente y vivís en Puerto Madero”. Es claro que la primera magistrada decidió que Amado Boudou fuese candidato a vicepresidente, pero no es menos cierto que no es ella, sino el pueblo, quien “puso” a Amado Boudou en la vicepresidencia por medio del sufragio.

Años atrás, este pensamiento absolutista ya se había esbozado cuando el propio Néstor Kirchner señaló que Cristina le había recriminado en relación a Julio Cobos: “¿qUé vicepresidente me pusiste, Néstor?”.

A pocos días del juramento que debería tomar Julio Cobos a la presidenta y a Amado Boudou, distintos dirigentes oficialistas lanzaron una ofensiva para que el actual vicepresidente incumpla con este deber constitucional. Y Cobos, por su parte, lejos de defender las atribuciones de su cargo, ofrece dar un paso al costado mientras se lo pidan formalmente.

¿Está la Constitución por encima de todo, o debe ceder ante los caprichos o rencillas de los gobernantes? ¿No es más fácil respetar la Constitución que poner condicionamientos o ejercer presiones para lograr su incumplimiento?

En definitiva, pareciera que el discurso que se baja desde el Estado es que la autoridad presidencial prevalece ante todo y en cualquier circunstancia, aún contra las funciones que la Constitución Nacional asigna a otros poderes y a otros funcionarios. Y esto es grave, porque una sociedad que aún no ha cumplido treinta años de democracia, lejos de ser subestimada o desinformada, necesita líderes que profundicen, expliciten y respeten la plenitud del sistema representativo, republicano y federal.

Después de todo, si bien es cierto que las autoridades son legítimas en tanto es el pueblo quien las elige para cumplir un período de gobierno, no es menos cierto que la Constitución y las leyes a las que deben sujetarse las sucesivas autoridades electas, son también producto del mandato popular.

José Magioncalda