Las treguas son, en esencia, situaciones precarias, destinadas a expirar más temprano que tarde para volver al estado de conflicto abierto, y la que alcanzaron esta semana la Gobernación de Daniel Scioli y el nuevo poder cristinista en la Legislatura, con eje en el vicegobernador Gabriel Mariotto y los legisladores de La Cámpora, no parece escapar a la regla.

Primero fueron las evidentes diferencias y la tensión que generó el choque entre agentes de Infantería y militantes de la JP justo en medio del acto de asunción de Scioli y Mariotto.

A principios de esta semana la disputa volvió a cobrar visibilidad cuando el Vicegobernador no titubeó en "repudiar" los dichos de un ministro provincial que había criticado duramente a un hombre cercano a la Casa Rosada como Horacio Verbitsky.

En rigor, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, había salido a replicar graves acusaciones del periodista contra la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Sara Cobacho.

Que el vicegobernador resolviera sentar posición pública en esos cruces cuestionando al funcionario de Scioli refleja cómo pueden llegar a ser de extendidas las diferencias y cuánto de firme la decisión de no dejarlas pasar.

Recién al cabo de ese segundo choque público se produjo una búsqueda de bajar el nivel de la confrontación. Scioli, Mariotto, Pérez y el vice de Diputados, el "camporista" José Ottavis, mantuvieron el miércoles una reunión en la que sólo acordaron ser más cuidadosos en la exposición pública de las discrepancias.

Más allá de que se alcance cierta paz en la superficie, nada indica, por lo tanto, que cesarán las pulseadas que originan las diferencias de criterios, estilos y posicionamientos y que se desarrollan casi sin descanso de manera subterránea.

Por debajo de los fuegos artificiales del incidente con la Policía y el cruce por Verbitsky, por ejemplo, en los últimos días sectores ultra K dieron batalla para que Martín Ferré, a quien Scioli quería designar en el ministerio de Desarrollo Social, renunciara a su banca de diputado para asumir ese cargo en el gabinete.

Al final la Cámara baja aprobó, como quería el Ejecutivo, una licencia para que Ferré pueda ser funcionario sin perder el escaño legislativo, pero el capítulo sumó a la tensión ambiente.

Se inscribe también en esa línea de cortocircuitos en voz baja, aunque ya trasciende la relación con el sciolismo para extenderse a otros sectores del oficialismo, la decisión de Ottavis de no firmar buena parte de los expedientes de pagos de Diputados que han llegado hasta su escritorio desde que asumió el 10 de diciembre. La "vice especial" que ejerce implica que sin su rúbrica junto a la del presidente de la Cámara los expedientes no tienen vigencia.

Algunos afirman que frena los pagos de "gastos raros" y otros que "paraliza todo" en una actitud "política, de ejercicio del poder, y no de control de los fondos". Como fuer, la situación empieza a preocupar aún a legisladores opositores.

Tampoco otros sectores vinculados a la pulseada de fondo entre la Casa Rosada y la Gobernación contribuyen a una paz duradera.

La foto que la ministra Nilda Garré, encargada de marcar públicamente las diferencias del gobierno nacional con la política de seguridad de Scioli y con su ministro ejecutor, Ricardo Casal, se sacó hace unos días con los diputados que llevan esas distancias al plano de críticas públicas feroces al Gobernador, Martín Sabbatella y Marcelo Saín, fue interpretada como un claro aporte de leña a la hoguera.

En el oficialismo estiman, en fin, que sólo se trata de una tregua facilitada por las fiestas y las vacaciones, que no se extendería más allá de principios de febrero. Temen, incluso, que las novedades que se vayan produciendo en el capítulo no cerrado del incidente Policía-La Cámpora puedan adelantar el retorno de las tensiones al plano público.

Marisa Álvarez
NA