El repentino posicionamiento de la causa Malvinas en la agenda, no sólo nacional sino también regional, no deja de llamar la atención a propios y extraños. En los últimos años, más que unos simples encontronazos diplomáticos a raíz de prospecciones petroleras de firmas británicas en las islas, sin permiso argentino, la cuestión de la soberanía permaneció prácticamente planchada. ¿Qué motivó el volantazo en la política exterior argentina?

Se podría decir, a grandes rasgos, que Malvinas es uno de los temas tradicionales y fundamentales que hacen a la actividad de nuestra Cancillería. Sin embargo, este asunto sólo había tenido una importancia “protocolar” hasta hace poco tiempo. Fue el discurso pronunciado por Cristina Fernández el 21 de septiembre del año pasado en la ONU el que marcó un antes y un después en la postura argentina. Allí, la mandataria instó al Reino Unido a sentarse a negociar la soberanía del archipiélago, o de lo contrario, la Argentina procedería a la revisación de acuerdos bilaterales entre las naciones. Gran Bretaña, sin preocuparse demasiado, se desentendió del asunto en una práctica que se volvería habitual.

Así las cosas, en diciembre de 2011 se produjo un hecho que activó la alarma en Londres. En una actitud solidaria, Brasil, Uruguay, Paraguay y demás países de la región, se comprometieron a no dejar que barcos con la bandera de los isleños anclen en sus puertos. A partir de allí, el Foreing Office y la administración de David Cameron, comenzaron a caldear las aguas del Atlántico Sur.

Si bien el ministro de Defensa, Arturo Puriccelli, ya había denunciado el año pasado algunos ejercicios militares de la flota británica en las costas argentinas, el reciente envío por parte de Inglaterra del buque de guerra destructor HMS Dauntless, y la posibilidad de que un submarino nuclear le haga compañía en las aguas aledañas a Malvinas, constituyen los claros fundamentos de “militarización” de la región a los que hizo referencia Cristina Fernández en su último discurso del 7 de febrero. A esto se suma la reciente llegada del Príncipe Guillermo a las islas y la cercanía del trigésimo aniversario de la guerra de 1982. ¡Cartón lleno!, pero… es necesario aclarar algunos puntos.

Postura y estrategia británica

El analista internacional Jorge Castro, en diversos reportajes que brindó en los últimos días a la prensa nacional, enfatizó que el conflicto anglo-argentino por la soberanía de las Malvinas contaba con un nuevo actor en la puja: la autoridad política de las islas. Según sostuvo el analista, el rol de este nuevo actor podría ir cobrando más protagonismo con el tiempo, incluso tomando distancia del propio Reino Unido. Sin embargo, esto difícilmente pueda suceder si se tienen en cuenta los verdaderos intereses británicos en la región.

Lo primero que hay que considerar, es que la autoridad política que representa a los isleños internacionalmente y en materia de defensa, es designada por el gobierno del Primer Ministro, en este caso Cameron, por lo que existe una subordinación directa a Londres. En segundo lugar, la postura diplomática británica, que se sostiene en base al principio de autodeterminación —difícilmente aplicable a los kelpers— intenta esconder ante la opinión pública mundial el deseo expansionista británico, tanto en el Atlántico Sur como en la Antártida.

Cuando se habla de Malvinas, implícitamente también hay que referirse a las Islas Georgias y Sandwich del Sur, todo el territorio marítimo circundante, sus recursos ictícolas, minerales e hidrocarburíferos. A su vez, desde su posesión colonial en las islas, el Reino Unido intenta reivindicar como propio un vasto sector en la Antártida, que contempla gran parte del territorio antártico argentino.

Autodeterminación predeterminada

El principal argumento británico ante los reclamos argentinos para negociar la soberanía, ha sido la autodeterminación de los isleños. “Mientras ellos quieran ser británicos, serán británicos y no habrá negociación”, ha sido una constante del Foreing Office. Sin embargo, esta categoría jurídica no es del todo aplicable a los habitantes, principalmente por que está pensada para pueblos sometidos por una potencia colonial y no para aquellos que llegaron con la potencia colonial.

Hoy por hoy, las islas son habitadas por unos 3.000 británicos que, por razones obvias, “no quieren ser argentinos”. Allí reside una pequeña trampa, ya que la Argentina jamás reclamó por la nacionalidad de los habitantes, sino sólo por la soberanía territorial. En la Constitución está especificado que en una eventual recuperación del archipiélago, el estilo de vida de los isleños sería respetado.

Mientras tanto, en las islas hay actividad militar de gran envergadura, que si bien ante el mundo es presentada como la defensa de los kelpers, en los hechos significa la proyección de poder real tanto británica como de la OTÁN sobre la región suratlántica.

Situación argentina

Varios factores se han combinado para que la Argentina hoy goce de un buen clima para ejercer presión diplomática. La crisis económico-financiera que azota a Europa, la integración sudamericana que robustece la imagen argentina y una lenta pero real reingeniería mundial que está alterando los ejes globales de poder, configuran un gran panorama que favorece el reclamo nacional. Sin embargo, la ausencia de unas FFAA como garantía de poder —cuestión de la que está al tanto Gran Bretaña— hace que todo esfuerzo diplomático peligre de esterilidad.

En una entrevista concedida a la cadena RussiaToday, el analista Adrián Salbuchi hizo énfasis en este asunto, al considerar que el desmantelamiento continuo de las FFAA locales por parte los sucesivos gobiernos nacionales, le quita una gran dosis de credibilidad al reclamo argentino frente a Gran Bretaña. En este sentido, resulta indispensable la profundización de la integración regional y la consolidación de un bloque sudamericano, para encarar el conflicto con más fuerza.

Entre tanto, Londres y Buenos Aires hacen política interna con las Malvinas. Habrá que esperar a ver qué efectos arroja la desclasificación del informe Rattenbach y cómo evoluciona la denuncia de “militarización” del Atlántico Sur ante el Consejo de Seguridad —órgano militar— de la ONU.

Ernesto Vera
Twitter: @ernvera