Lo que faltaba: el juez federal Norberto Oyarbide, acusado por dirigentes opositores de favorecer al Gobierno en puntuales causas judiciales, comenzará a investigar la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica en el marco de una denuncia penal presentada en diciembre pasado y que fue reflotada tras su archivo.

La denuncia fue realizada por un particular por los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, y encubrimiento contra Alejandro Vandenbroele, quien fue sindicado por su ex esposa como testaferro del vicepresidente Amado Boudou, y contra otros involucrados en la operación.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la denuncia fue realizada por Jorge Orlando Pacífico y está radicada desde el 14 de diciembre pasado en el juzgado federal N° 5, a cargo de Norberto Oyarbide. A partir de esa presentación el magistrado podría llegar a solicitar que se unifique el expediente con el que instruye su colega Daniel Rafecas y que lleva adelante el fiscal Carlos Rívolo.

Si bien en la presentación no se hace expresa mención de Boudou, sí da cuenta de que la venta de la imprenta se hizo "utilizando influencias" de un "personaje político". Pacífico es homónimo de un ex carapintada que estuvo involucrado en el atentado contra la AMIA, pero NA no pudo confirmar si es la misma persona.

En la denuncia indicó que los compradores "consiguieron que AFIP-DGI otorgase a la empresa (The Old Fund, compradora de la imprenta, ndr) un plan de pagos de 108 cuotas" por un total de "230.000.000 millones de pesos por fuera del marco legal", según la denuncia a la que accedió NA. La denuncia fue realizada el 14 de diciembre pasado, pero el denunciante, Pacífico, nunca se presentó a declarar y ante ello el juez la archivó.

Sin embargo, el viernes último manifestó su intención de presentarse, por lo que -según las fuentes- fue citado para tal fin por el juez para la próxima semana. La causa está bajo el número 15660/11 en el juzgado 5 y por los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, y encubrimiento.

En su denuncia, Pacífico acusó al supuesto testaferro de Boudou, el titular de The Old Fund, el abogado Alejandro Paul Vandenbroele; a Jorge Enrique Capirone; a Pablo Amato; y a Héctor y Nicolás Ciccone. Junto con la denuncia penal, Pacifico también hizo una presentación ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y Contrabando (UFITCO).

Según el denunciante, el dinero utilizado por The Old Fund, unos 5 millones de pesos, para comprar créditos de la quiebra es "plata negra". A la vez, acusó que utilizó "fondos ilícito de un funcionario estatal". "Los verdaderos propietarios de Ciccone Calcográfica no sólo no pagaron impuestos adeudados, sino que además utilizan personas interpuestas, pantallas para esconder a los verdaderos responsables tributarios" y para "blanquear dinero en negro no declarado ante el organismo fiscal y un incremento patrimonial no justificado", afirmó.

Cómo es la manipulación de los sorteos judiciales

La trama la reveló Tribuna de Periodistas en julio de 2011. Allí, sobre la base del testimonio de tres funcionarios, se explicó que existe más de una forma de "elegir" qué tribunal intervendrá, uno de ellos explicó que la forma más sencilla la tiene en sus manos el operador de computadora que debe darle ingreso a un expediente. La elección del tribunal se dará automáticamente cuando "el operador del sistema consigne que la causa ya tiene sala radicada, y cuando se declara 'conexidad solicitada', casos en los que directamente se asigna la sala indicada por el operador".

De esta manera, basta que un empleado con acceso a las computadoras de sorteos indique que un determinado expediente ya tiene un tribunal asignado, lo cual puede ser verdad o mentira, para que la causa quede automáticamente radicada allí.

La información está contenida en las declaraciones testimoniales de tres funcionarios que trabajan en el área de informática del Consejo de la Magistratura y de la propia Cámara de Casación Penal, cuyos nombres no trascendieron por razones de seguridad. Veamos:

El pasado 4 de febrero, cuando trascendió la investigación que involucra al ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid en el presunto "tráfico de influencias" que menciona a los camaristas de Casación Eduardo Riggi, Mariano González Palazzo y Gustavo Mitchell, el Centro de Información Judicial emitió un comunicado bajo el título "Cómo es el sorteo de causas en la Cámara de Casación Penal".

Allí, la página —que depende de la Corte Suprema— indicó que "se realiza a través de un sistema que administra el Consejo de la Magistratura y al que no se puede acceder desde el tribunal".

Los empleados judiciales que declararon como testigos explicaron, sin embargo, que para el sorteo de salas existe un sistema de "bolillero virtual", que consiste —en el caso de la Casación— en "11 bolilleros diferentes, para cada uno de los rubros o motivos por los que las causas ingresan en la cámara".

El programa de computación está pensado para "lograr una distribución equitativa de las causas ingresadas entre las distintas salas", de manera de evitar que una de ellas esté sobrecargada de expedientes mientras otra tiene unos pocos.

El mecanismo es automático, y "cuando ingresa un expediente que debe ser sorteado, el sistema toma las salas que para el rubro del recurso correspondiente tienen la mínima cantidad de expedientes".

"Cuando las salas disponibles para el sorteo son dos o más, el sistema selecciona una de ellas mediante un algoritmo de generación de números al azar, que escogerá a cualquiera. Si sólo una sala permanece en el 'bolillero virtual', la asignación se le efectuará directamente", explicaron los funcionarios.

Esto permite entender muchas cosas que hasta ahora no tenían respuesta.

Mónica Filippi