Medidas sobre el transporte, la energía y las reservas del Banco Central configuraron en los últimos días un combo complejo para el Gobierno, que dejó ver contradicciones y profundizó pulseadas en estos campos con tal de sostener la solvencia fiscal. Dentro de este cuadro de situación, la presidenta Cristina Kirchner ordenó también una defensa del vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone, consciente de que en tiempos de ajuste las denuncias de corrupción suelen ser más permeables en la sociedad que en momentos de grifos abiertos.

El caso por el que se atribuye al ex ministro de Economía haber intervenido para esa imprenta que conduce un presunto testaferro ganó espacio en la marquesina mediática y se transformó en otra de las tantas pulseadas de la administración kirchnerista.

África mía

También tuvo repercusión una misión comercial a Angola encabezada por el supersecretario de Comercio, Guillermo Moreno, —opacando el protagonismo del canciller Héctor Timerman— con el objetivo final de mantener el superávit comercial argentino. En esas rondas con compradores angoleños se habrían cerrado algunos negocios, especialmente en el área del calzado.

Sin embargo, más allá de las consecuencias favorables o no para la economía nacional de su acercamiento al segundo productor de petróleo de África, hay una historia política que contar.

La situación de Angola tiene muchas coincidencias con la de Guinea Ecuatorial, a cuyo presidente Teodoro Obiang, Cristina Kirchner retó en público durante una visita de Estado en 2008 por las violaciones a los derechos humanos en su país. Tanto Obiang como el angoleño José Eduardo Dos Santos son los dos gobernantes más antiguos de África subsahariana y no tienen intenciones de irse. De hecho, Dos Santos reformó la Constitución para seguir en el poder bajo un sistema parlamentario hasta 2022.

Llegaron al poder en 1979, luego de procesos de independencia y guerras internas derivados de su condición de colonia española (Guinea Ecuatorial) y portuguesa (Angola). Pese a ser ricos en petróleo sus poblaciones siguen empobrecidas y oprimidas. "En Angola, las autoridades están usando fuerzas excesivas para reprimir un incipiente movimiento de protesta contra el mal gobierno, la corrupción y la represión política", advirtió la organización Human Rights Watch (HRW).

A ese país está previsto que viaje este año Cristina Kirchner en visita oficial, anticipó el propio Timerman luego de haberse reunido con Dos Santos. Seguramente esa visita desilusionará a quienes en Guinea Ecuatorial se habían convertido en partidarios kirchneristas por la decisión de la Presidenta de cuestionar al temible Obiang. Entre ellos están los principales dirigentes de la oposición, quienes volvieron a advertir en las últimas horas sobre las dificultades que atraviesan en Guinea y buscan respaldos internacionales para su prédica, incluso en la Argentina.

Daniel Darío Martínez Ayecaba era titular del opositor partido Unión Popular (UP-centroderecha), hasta que el propio gobierno puso a otro dirigente en su puesto por un viaje de estudio a Estados Unidos en el que coincidió con este columnista. Lo acusaron de traición a la patria. Los miembros de la Convergencia para la Democracia Social (CPDS-socialista), único partido opositor con un diputado en el Parlamento de Guinea Ecuatorial, viven situaciones parecidas y sus dirigentes pasan buena parte de sus vidas en la cárcel.

Realidad nacional

El desembarco en Angola puso en evidencia nuevamente la disyuntiva entre pragmatismo y convicciones, que alcanza a todo gobernante, aunque para el kirchnerismo es más complejo por su amplia prédica internacional sobre los derechos humanos. Pero contradicciones y dilemas también aparecen en el convulsionado sistema de transporte. Dos semanas después del trágico accidente de Once, Juan Pablo Schiavi debió renunciar como secretario del área y fue sustituido por Alejandro Ramos.

El cambio evidencia la continuidad de De Vido al frente de un área sensible. Ramos, kirchnerista de pura cepa, también es muy amigo del secretario del ministro, José María Olazagasti. La agenda de Ramos, entre muchas cuestiones como la definición de la nueva tarifa de colectivos y trenes, incluye la situación de la línea Sarmiento, actualmente intervenida. Fuentes vinculadas con la intervención revelaron a NA que al tomar posesión encontraron a ese ramal en muy mal estado, con poco equipamiento para el personal y deficiencias de distinto tipo en las formaciones. En fin, lo suficiente para remover la concesión en forma definitiva, pese a que esa decisión fue supeditada a una resolución judicial del caso.

El punto aquí es que la familia Cirigliano, dueña de TBA, cultivó una muy buena relación con el ministro De Vido y el Gobierno concedió a ese grupo negocios tanto en el área del transporte —trenes y colectivos— como en otros campos, al punto que importa Gas Natural Licuado (GNL) desde Qatar. Esa importación de GNL es una de las tantas acciones orientadas a cubrir las necesidades energéticas del país, urgencias que mantienen bajo la lupa a Repsol-YPF. Según trascendió, el miércoles próximo, Chubut y Santa Cruz anunciarían la decisión de quitarle áreas petroleras a la empresa de matriz española.

En ese cuadro de urgencias entra la polémica por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que permitirá usar más reservas para financiar al tesoro. El Gobierno tiene en el Congreso amplio dominio para aprobarlo a su medida. El punto aquí, es si se cumplirán las expectativas oficiales o los pronósticos agoreros sobre la apertura de un grifo inflacionario. Recostada en esa amplia mayoría parlamentaria, la Presidenta también envió al Congreso el trunco traspaso de los subtes a la Ciudad e incluyó 33 línes de colectivos.

El proyecto oficial será finalmente aprobado, pero Macri luego enviará el suyo a la Legislatura porteña —donde tiene números favorables— con la instrucción de que el traspaso sea rechazado. Amparado en la letra de la Constitución porteña de que esa transferencia debería tener ratificación parlamentaria, confía en que la Justicia finalmente la declare nula, pese a que  constitucionalistas dicen que al haber aumentado la tarifa del subte asumió de hecho el control del servicio.

Gabriel Profiti
NA