El expediente que investiga el presunto tráfico de influencias efectuado por el vicepresidente Amado Boudou cobró impulso este miércoles con el allanamiento de un departamento de su propiedad en el barrio porteño de Puerto Madero, cuyas expensas fueron pagadas por el presidente de la ex Ciccone, Alejandro Vanderbroele.

El procedimiento fue solicitado por el fiscal Carlos Rívolo y ordenado por el juez Daniel Rafecas, y también reveló que el contacto del departamento en cuestión era el propio Vandenbroele. El allanamiento fue ordenado en la causa en la que se investiga la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero relacionada con la ex imprenta Ciccone, dedicada a la impresión de billetes y documentos públicos.

El departamento figura en la declaración jurada de Boudou y actualmente está desocupado, pero estuvo alquilado hasta hace dos meses por Fabián Carosso Donatiello, socio y amigo de Alejandro Vandenbroele, por gestión del empresario José María Nuñez Carmona. Vandenbroele manifestó en un escrito presentado ante la Fiscalía que el contrato de alquiler firmado por Boudou en Buenos Aires y por Carosso Donatiello en Madrid habría tenido lugar en junio de 2010, aunque dicho documento no fue presentado en la causa hasta el momento, de modo que una de las razones del allanamiento era dar con una copia de ese contrato, además de establecer quién vive allí.

Según informaron fuentes judiciales, la fiscalía a cargo de Rívolo logró determinar precisamente este miércoles ante el tribunal, que Carosso Donatiello no reside en el país, sino en el extranjero, a juzgar por sus movimientos migratorios y la falta de actividad económica local. El procedimiento fue supervisado por Rívolo y estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional, que llegaron en horas de la tarde al complejo de edificios (son dos torres) ubicado en Juana Manso 740 y se dirigieron al departamento en cuestión, de donde se secuestraron sólo tres teléfonos inalámbricos.

Pero se allanó también la administración (que está hace tres meses) y de la carpeta de la unidad en cuestión surge que el contacto con el cual se establecían las comunicaciones para transmitirle los inconvenientes y novedades del edificio era Vanderbroele, con quien hay innumerables intercambios de correos electrónicos, que fueron también secuestrados. Además, se descubrió que Vanderbroele pagó en el Banco Santander Río las expensas del inmueble de agosto de 2011, según consta en recibo que identifica al pagador, por lo que también fueron secuestrados y seguramente se hará una investigación sobre el resto de los pagos en el banco para ver quién los efectuó (incluso se habla de una factura de Cablevisión a nombre del supuesto testaferro).

"Yo pienso que en ese departamento vivía Alejandro, porque el dueño era íntimo amigo suyo", señaló la ex mujer de Vanderbroele, Laura Muñoz, en declaraciones radiales tras conocer la decisión judicial, a pedido del fiscal Rívolo. "La orden del juez habrá sido necesaria. A mí me da la impresión que la investigación está encarrilándose muy bien", agregó la mujer, quien acusó a su marido de ser testaferro de Boudou. Al momento de iniciarse el allanamiento, el vicepresidente se encontraba viajando de regreso a Buenos Aires desde la ciudad rionegrina de Bariloche, adonde acompañó esta mañana a la presidenta Cristina Kirchner para encabezar un acto.

Según pudo constatar agencia Noticias Argentinas en el lugar, los efectivos de Gendarmería afectados al procedimiento se mostraron en el balcón del departamento de Boudou, en el departamento 3 del piso 25. La Justicia investiga un posible tráfico de influencias del ex ministro de Economía para el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone, controlada por Vandenbroele, aunque en declaraciones públicas Boudou negó conocerlo. Este departamento en Juana Manso es el que mencionó Boudou en su última declaración jurada: señaló que lo compró en 2008 a 673.200 pesos, aunque luego dejó ese piso para mudarse con su novia a otro complejo del mismo barrio llamado Madero Center.

Por su cargo de vicepresidente, su residencia oficial no puede ser allanada, debido a que tiene fueros. Este fin de semana, el juez Rafecas afirmó que no había ninguna prueba aún en el marco de la causa que involucrara a Boudou con el supuesto tráfico de influencia. Sin embargo, la investigación derivó en el allanamiento que tocó de cerca al titular del Senado.

 
Una dupla que inquieta al poder

"El juez y el fiscal son duros", admitió hace unos días un hombre importante en la estructura del Gobierno al referirse a los responsables de la investigación del caso Ciccone que involucra nada menos que al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. El funcionario aludió al fiscal Carlos Rívolo, quien pidió el allanamiento concretado este miércoles en la propiedad del ex ministro de Economía en Puerto Madero y al juez Daniel Rafecas, encargado de convalidar el procedimiento de alto impacto institucional y mediático.

Rívolo lleva varios años detrás del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, a quien investiga por enriquecimiento ilícito, y Rafecas fue el responsable de procesar al ex presidente Fernando de la Rúa por los sobornos en el Senado. Juez y fiscal gozan de prestigio dentro de un fuero, el federal, que está muy cuestionado. "Seguramente van a ir a fondo en el caso", completó la fuente del gobierno de Cristina Kirchner consultada por Noticias Argentinas.

Paradójicamente, Rafecas fue promovido a juez en 2004 dentro de un proceso de renovación de la Justicia federal encarado por Néstor Kirchner y que luego quedó opacado por otras decisiones. La dupla judicial ahora busca pruebas que verifiquen el vínculo entre Boudou y el presidente de la ex Ciccone Calcográfica, Alejandro Vandenbroele, lo que implicaría el delito de tráfico de influencias por parte del número dos del Ejecutivo. Eso explica el allanamiento. Rafecas dio una entrevista el último fin de semana en la que aseguró que "hasta ahora no ha aparecido nada" que vincule al vicepresidente con el supuesto tráfico de influencias para beneficiar a dicha empresa.

La pata periodística

En febrero de este mismo año, Tribuna de Periodistas presentó una denuncia judicial con todas las pruebas surgidas del entrecruzamiento de información societaria y de inmuebles entre los investigados. Allí, surge claramente el vínculo entre las empresas sospechadas y Vandenbroele, particularmente The Old Fund (CUIT 30-71059166-7).

Esa presentación fue la que ayudó al impulso del allanamiento efectuado en el día de ayer por el juez Rafecas, que derivó en la prueba que vincula a este último con Boudou.

Resta ahora esperar. El juez deberá optar entre seguir adelante de manera independiente o ceder ante la presión que desde el kirchnerismo le viene efectuando el auditor de la AGN Javier Fernández.

Equipo de Política de Tribuna de Periodistas