Fundada en 1922, YPF llegó a contar con más de 50 mil empleados como empresa del Estado, antes de ser sometida a un endeudamiento extremo durante la última dictadura militar y convertirse, años más tarde, en la estocada final del proceso de privatizaciones que llegó adelante el ex presidente Carlos Menem, en 1992.

Los orígenes de la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se remontan a comienzos del siglo pasado y obedecen al descubrimiento de petróleo en Argentina, en 1907, en cercanías de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Años más tarde, tras la creación de la Dirección General de Explotación del Petróleo con la premisa de regular una actividad floreciente, el militar e ingeniero Enrique Mosconi asumió el 16 de octubre de 1922 en el primer directorio de la compañía YPF, puesto que ocuparía hasta 1930. Ese año, el golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen en su segundo mandato como presidente, e inauguró la llamada Década Infame en la Argentina, también convirtió a YPF en un precisado botín de guerra, agregando así el primer eslabón de una larga cadena de infortunios en la historia de la petrolera.

La empresa, fundada hace 90 años, forjó su existencia al ritmo de los vaivenes políticos y económicos del país, que la llevaron de convertirse en una empresa estatal con más de 50 mil empleados en 1975 al descarte final del proceso de privatizaciones que impulsó Menem en la década de 1990. En el medio, un endeudamiento feroz durante la última dictadura militar en el país dejó a la compañía sumida en una profunda crisis financiera que, según algunos analistas del sector, se convertiría en el puntapié inicial de su posterior transformación en una sociedad anónima.

Icono de un modelo de país a comienzos de 1900 y fuente de empleo para numerosas generaciones de argentinos, YPF comenzó a sufrir mutaciones incluso durante la presidencia de Raúl Alfonsín, quien implementó políticas de desregulación en la empresa, antes de que Menem la vendiera. En medio de un fuerte proceso de achicamiento que dejó a miles de empleados en la calle, su privatización quedó consumada con la sanción de la Ley 24.145, el 24 de septiembre de 1992, después de que el decreto 2.778/90 plasmara la transformación de YPF, de una sociedad del Estado a una SA.

En aquel momento, el gobierno de Menem, enarbolando presuntas banderas de "eficiencia" y "competitividad", decidió desprenderse de la petrolera como parte de una serie de ventas —compulsivas— de todo aquello que no fuera considerado "estratégico" para los intereses del país. La compañía, que factura 64.500 millones de pesos al año en la actualidad, se mantuvo hasta 1999 como una empresa con gestión mixta, un modelo similar al que desarrolla en la actualidad la brasileña Petrobras y que tantos elogios despertó en Argentina en estas últimas semanas.

El Estado argentino percibió ingresos por la privatización de YPF entre 1992 y 1999 por 20.269 millones de dólares, de los cuales U$S 15.169 millones correspondieron a la adquisición realizada por Repsol en 1999. Ese año, la compañía adquirió el último 24 por ciento de las acciones estatales y provinciales que permanecían aquí en manos del Estado, y también compró otro 73% que pertenecía al sector privado, para iniciar una nueva era en la historia de la principal petrolera del país. Más tarde, en 2007, con el respaldo del ex presidente Néstor Kirchner, el Grupo Petersen, de la familia argentina Eskenazi, adquirió el 14,9% del paquete accionario y en mayo de 2011 aumentó su participación, para llegar así al 25,46% y pasar a comandar el management de Repsol-YPF en el país.

En la actualidad, la firma española se mantiene como el accionista mayoritario, con el 57,43%, mientras que un 17,09% está en manos de inversores privados, flotando en bolsa, y un 0,02% ya está en poder del Estado nacional. ¿Pero qué sucedió con aquellos 50.500 empleados de 1975? La empresa poco a poco fue achicando su nómina, sobre todo a comienzos de la década de 1990. En el año anterior a que la privatización se tornara efectiva, se produjo un achicamiento de la planta de personal que rondó los 13.500 trabajadores en todo el país.

En tanto, en 1992 la cantidad de cesantías trepó a las 7.300 y un año más tarde ascendieron a 4.400 los trabajadores que debieron abandonar la empresa. ¿Los motivos? Falta de rentabilidad, argumentó el gobierno de Menem, al darle la estocada final a su proceso de privatizaciones y desprenderse de una empresa que, durante la dictadura de 1976 a 1983 había sido forzada a incrementar su deuda externa de 372 millones a unos 6.000 millones de dólares en apenas siete años.

Emiliano Rodríguez
NA