Fue este jueves pasado, en el salón sur de la Casa Rosada. Allí, había dos víctimas de amnesia “lacunar”: ésa que borra la memoria de un evento determinado.

Los pacientes eran  Néstor Kirchner y el secretario General de la Presidencia , Oscar Parrilli. Ambos han olvidado que –de no haber sido por ellos dos— Carlos Saúl Menem no habría podido privatizar YPF.

Kirchner dijo en el salón sur: “Sabemos el genocidio que pasó nuestra industria petrolera, la increíble privatización (...) si YPF hubiera quedado en manos nuestras estaríamos recaudando (...) entre 20 y 25 y hasta 30.000 millones de dólares por año”. A su lado, Parrilli aplaudía.

Ninguno de los dos recordaba, al parecer, su participación en eso que (ahora) el presidente llama “genocidio”.

Menem quería sancionar la ley de privatización de YPF pero no podía. No tenía, en el Congreso, los votos necesarios: aparte de la abierta negativa de la UCR, enfrentaba resistencias dentro del propio PJ.

Kirchner ofreció la solución. Él había asumido, el 21 de agosto, la presidencia de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), que agrupaba a Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa , Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz.

Si la privatización era reclamada de modo unánime por la OFEPHI —argumentó Kirchner— se vencerían muchas resistencias.

Pero la solución tenía un precio: la Nación debía pagar —acuerdos extrajudiciales mediante— sumas multimillonarias que las provincias de la OFEPHI reclamaban por regalías supuestamente “mal liquidadas”.

Ya el 30 de agosto de 1991, Menem —junto con sus ministros Domingo Cavallo y José Luís Manzano— habían suscrito una curiosa “conciliación” con Santa Cruz. Por ella, la Nación “reconocía” una deuda de 480 millones de dólares con la provincia. Pero el “reconocimiento” quedaba impúdicamente sujeto a la sanción de la ley de privatización de YPF. Si no se aprobaba esa ley, el reconocimiento –decía con todas las letras una cláusula del acuerdo- “quedará sin valor y efecto alguno, y no podrá ser invocado como antecedente de ninguna especie”.

El martes 22 de septiembre de 1992, los gobernadores de la OFEPHI se reunieron con Manzano, en el Ministerio del Interior, y resolvieron montar un lobby.

Acto seguido, Kirchner ofreció una conferencia de prensa en la misma Casa Rosada. Desde allí pidió apoyo para la privatización de YPF e instó a que los disidentes, al menos, dieran quórum.

Al día siguiente, Clarín publicó, con foto de Kirchner, la noticia: “Provincias petroleras hacen lobby por la aprobación”. Ese lobby no se limitaría a la exhortación pública; los diputados debieron sortear presiones y tentaciones.

La tarea fue efectiva: esa noche, Diputados aprobó el proyecto de ley.

Parrilli (entonces diputado nacional por Neuquén) fue el miembro informante. Durante el debate, sostuvo : “no pedimos perdón por lo que estamos haciendo (...) esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente [Menem]”.

Un año después, en un libro titulado Cuatro años en el Congreso de la Nación, 1989-1993, Parrilli se jactó de haber impulsado la privatización: “hoy YPF es la gran empresa petrolera privada nacional, que domina más de la mitad del mercado de los combustibles”.

La venta de YPF tuvo, también, ventajas para el gobernador Kirchner. Dos meses después de sancionada la ley, Cavallo, Manzano, Kirchner y De Vido firmaron el “acta acuerdo” por la cual se fijó la suma que correspondía a Santa Cruz.

En definitiva, la provincia recibió, en 1993, US$ 654 millones. Con ellos, adquirió acciones. Las de YPF, le permitieron un gran negocio: las compró en US$ 290 millones y, seis años más tarde, las vendió por US$ 670 millones. Hizo, así, una diferencia de unos US$ 380; 654 + 380 = 1.034. Kirchner envió ese millar de dólares a dar la vuelta al mundo.

Nunca hubo restitución plena ni adecuada rendición de cuentas. Sin embargo, la justicia se ha desentendido del tema. Guillermo Montenegro —ex juez federal designado por kirchner— se declaró incompetente y remitió la causa a la provincia. El 1° de junio de 2005, Santiago María Lozada, juez de instrucción Nº 1 de Río Gallegos, mandó las actuaciones al archivo.

Los “fondos de Santa Cruz” han sido motivo de acusaciones y debates. Pocos conocen, sin embargo, la conexión entre esos fondos y el decisivo apoyo que Kirchner brindó a la privatización de YPF.

José Picón
Presidente Centro Jubilados YPF