El asesinato de los ciudadanos argentinos que fueron liquidados durante la toma del Parque Indoamericano, en diciembre del 2010, nunca fue esclarecido. Sin embargo, la Justicia insiste en perseguir a los dirigentes barriales que no se callaron ante la impunidad del poder.

 El 17 de abril de este año, los fiscales Luis Cevasco y Claudia Barcia acusaron a Diosnel Pérez Ojeda, del Movimiento Darío Santillán de la villa 20, y a Luciano Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), por el delito de usurpación y de haber sido los organizados de la toma más grande de un espacio público desde mediados de los ochenta, cuando Luis D´Elía ocupó los terrenos de El Tambo, en Isidro Casanova.

Mejor suerte corrieron Alejandro “Pitu” Salvatierra y el cuestionado ex boxeador (foto nota) Marcelo Chancalay, quien fue absuelto de culpa y cargo.

Los tiempos cambiaron

Cuentan los memoriosos, que Luis D´Elía tenía 25 años cuando miles de ocupantes decidieron tomar las tierras fiscales de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, para levantar viviendas con sus propias manos.

El gobierno de Raúl Alfonsín comenzaba su inexorable debacle económica y social. La situación era caótica entre los propios vecinos que no estaban organizados. “La Negra” Thatcher era la vecina con más representación entre sus pares y, la promesa de líder, la encarnaba el joven D´Elía quien, ante la falta de respuestas del Gobierno, decidía volver a su humilde casa donde vivía con su actual esposa.

Así lo relata Luis Bruschtein en “Las vidas paralelas de los líderes piqueteros”. Pero “La Negra” lo fue a buscar, le tocó su amor propio y le exigió que regresara a la toma. “Yo soy una negra bruta, no seas cagón, sos el único que puede lograr que tengamos una vivienda digna”. A “la negra Thatcher” la mató la policía en una salvaje represión, pero D´Elía logró el sueño de su guía organizando a los pobladores en una cooperativa denominada “Unidad, Solidaridad y Organización”. Luego se transformaría en funcionario del gobierno de Néstor Kirchner y, para bien o para mal, en una figura emblemática de la política nacional de los últimos tiempos.

A diferencia de la ocupación liderada en 1985 por Luis D´Elía, en el Indoamericano ni las promesas del Gobierno de la Ciudad ni de la Nación, se cumplieron. Tampoco sus ocupantes pudieron constituirse organizadamente para alcanzar algún fin. Ocuparon, los reprimieron y se fueron repentinamente.

Diosnel Pérez dialogó con este medio y aún se pregunta: “¿Cómo es que para la Justicia organicé una toma en la que el Parque fue desocupado de un día para el otro? Si hubiese sido así, todavía estaríamos allí hasta que los funcionarios hubiesen cumplido con lo que se acordó en Casa Rosada”. Pérez fue uno de los que estuvo presente en las tensas discusiones entre Mauricio Macri, Aníbal Fernández y el ascendente Sergio Berni —en aquel entonces el hombre del censo—.

El Indoamericano, políticamente, significó el descenso al Senado de la Nación de Fernández y el ascenso de su enemiga política, Nilda Garré, a controlar y manejar una de las más jugosas cajas: la Policía Federal, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ex general del Ejército, Sergio Berni, fue el encargado de censar a los 13.300 ocupantes, desactivar el conflicto mediante promesas, subsidios y una inmensa caja, y pergeñar el plan por el que se instaló a Salvatierra como el líder de la toma ante los medios y la opinión pública.

“Lo primero que dijo Salvatierra, al entrar al Indoamericano, —lo hizo cuando ya habían muerto dos compañeros— fue que había que despolitizar el reclamo. Hoy, es el proveedor de dinero en villa 15 y sus alrededores gracias a su militancia con Amado Boudou”, recuerda Pérez, rival interno en Villa 20 con Chancalay. En este medio, se ha investigado el pasado oculto y oscuro del ex boxeador Chancalay, un hombre que supo coquetear con el ibarrismo, el macrismo y que ostenta fuertes lazos con Abel Fatala. También estuvo al frente de la seguridad del barrio cuando desembarcó Sergio Schoklender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo en la construcción de viviendas en Los Piletones. Es más, hizo lobby para que su empresa constructora, “Match Construcciones”, se quedara con alguno de los obradores de Sueños Compartidos tras la escandalosa salida del ex apoderado de la Fundación. Pero la potencia y los nexos políticos de Emilio Pérsico y su Movimiento Evita, fueron más fuertes.

La injusticia

Según la Justicia, Chancalay no tuvo nada que ver con la ocupación. El ex legislador, Facundo Di Filippo, recuerda que, en una tensa reunión en la UGIS en diciembre del 2010, discutió con los referentes del PRO para que solucionara lo antes posible el conflicto. Chancalay lo increpó violentamente, le advirtió que era capaz de cualquier cosa si seguía atacando a los compañeros de Mauricio y se retiró ofuscado a su oficina; en la propia UGIS. Di Filippo no podía creer la impunidad con la que se movía uno de los laderos del Gobierno de la Ciudad en la zona sur.

Diosnel Pérez le ganó una elección al ex boxeador luego de 20 años de reinado en la Villa 20. Pero la victoria no trajo la paz, sino que se acentuó las amenazas hacia su persona y su familia. Al dirigente del Movimiento Darío Santillán, le balearon la casa en la villa, le gatillaron un arma en su cabeza y lo secuestraron un 24 de marzo para advertirle que se “dejara de joder”. Los secuestradores respondían a Chancalay y a Sergio Schoklender, según se lo confirmó a Pérez el ex apoderado en otro tenso café en la Universidad de las Madres, meses después. Chancalay, en cambio, afirma que todo se trató de un “invento” y que “Pérez se comerá unos meses adentro por inventar cosas de mi persona”.

La causa por la que Nardulli y Pérez pueden terminar presos, quedó en suspenso para Salvatierra tras un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad durante una instancia de mediación. Los 44 policías implicados, de la Federal y la Metropolitana, fueron sobreseídos. Los familiares de las víctimas aún no encontraron a los asesinos. Pérez y Nardulli pueden llegar a quedar detenidos en las próximas horas. La pena ascendería entre seis meses a tres años de prisión.

El abogado Nicolás Tauber, quien patrocina a Pérez concluye: “Resulta sospechoso que los dirigentes vinculados con los gobiernos nacionales y de la ciudad, estén al margen de la causa y los opositores, puedan terminar presos”. La jueza al frente de la causa es María López Iñíguez, quien reemplazó a María Cristina Nazar, para quien la toma del Indoamericano no había constituido un delito. Iñíguez promete ir hasta las últimas consecuencias y hacer justicia. O injusticia.

Luis Gasulla
Twitter: @luisgasulla