Finalmente, el domingo a la tarde se conocieron los resultados del plebiscito en Loncopué —un pueblo ubicado a 300 kilómetros de la capital provincial, con 7.000 habitantes dedicados principalmente al turismo— para resolver si se prohíbe o no la megaminería. La votación fue aplastante, ya que hubo un contundente apoyo a la ordenanza 1054/12, que impide la explotación minera a gran escala dentro del área urbana.

El referéndum fue inédito, pues a diferencia de una votación similar que tuvo lugar en Esquel, en 2003, esta fue obligatoria y vinculante respecto a esta actividad.

En 2008, luego de un contrato entre Cormine (Corporación Minera de Neuquén) y la compañía china Emprendimientos Mineros SA para instalar una mina para la extracción de cobre, los tranquilos habitantes de Loncopué vieron alterada su rutina y las denuncias por contaminación comenzaron a aumentar. Fue allí cuando, organizados, decidieron accionar judicialmente reclamando la nulidad de ese contrato, dado que no respetaba los derechos de los pueblos originarios de la zona, a la vez que denunciaron que el gobierno provincial había cedido el yacimiento a explotar sin licitación pública por tan solo tres millones de dólares, siendo que el lugar contiene reservas por 1800 millones de dólares.

Fue en septiembre de 2009 cuando el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar y suspendió toda acción hasta que se resuelva la cuestión de la legalidad o no del contrato. Finalmente, el Superior Tribunal dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena. Sorpresivamente, el gobierno provincial apeló varias veces la decisión mediante recursos extraordinarios y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial, remarcando la obligación de respetar el derecho de los pueblos originarios.

Por su parte, los vecinos presentaron un anteproyecto de ordenanza para prohibir la actividad en esa localidad, logrando que el Concejo Deliberante convoque a un referéndum para octubre de 2011. Sin embargo, el intendente dejó vencer los plazos y no llamó a votación. Fue recién en diciembre de 2011, con nuevas autoridades recién asumidas, cuando los concejales aceptaron llamar a un nuevo referéndum, pese a las presentaciones de rechazo por parte de la Corporación Minera de Neuquén (Cormine, del Estado provincial) al Superior Tribunal. Pese a ello, el máximo tribunal neuquino confirmó que el referéndum era legítimo y que estaba sujeto a derecho.

Este domingo, luego de los resultados, los festejos fueron inmediatos y según los habitantes, marcaron un precedente sobre la aceptación o el rechazo de la megaminería en la Argentina. “Queremos cuidar el ambiente, queremos seguir viviendo como elegimos hace décadas, sin que nos impongan industrias contaminantes que avasallan nuestros derechos. Qué mejor que decidir mediante el voto”, afirmó Viviana Vaca, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), una de las organizaciones impulsoras del referéndum.

Participaron de la votación alrededor del 70 por ciento del padrón habilitado y triunfó el “sí” por 2125 votos contra 318.

El sufragio, si bien le cerró la puerta a la instalación de un emprendimiento de cobre, también implicó un duro golpe para el gobierno neuquino que ya desplegó acciones para debilitar el proceso eleccionario. El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, consideró "absolutamente inconstitucional" al referéndum, mientras que consideró que "el tema de fondo no es la minería", sino "el artículo 311 de la Constitución Provincial, que faculta al poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a los municipios a llamar a consultas no vinculantes y no obligatorias, por temas que sean de su competencia".

El debate de votar por minería sí o minería no, ya está sobre la mesa.

Mónica Filippi