El Gobierno nacional pisotea leyes y reglamentaciones con órdenes desde el Ministerio de Seguridad que vulneran la seguridad nacional. Aun no se tomaron medidas contundentes sobre las embarcaciones paraguayas que operan en la hidrovía.

Tal como en la estación Once, todo sigue igual. Las imágenes publicadas en la nota anteríor, sobre que los engendros náuticos que utilizan los paraguayos, alcanzaban para tomar medidas contundentes sobre la seguridad de la navegación que está seriamente afectada. Pero el Gobierno está en otra cosa. Evidentemente no le interesan los muertos de la hidrovía y van por muchos más. En este caso, no se debe buscar la responsabilidad de la autoridad de aplicación, pues las órdenes son del Gobierno. Nilda Garré viabiliza muchos mecanismos ilegales en la hidrovía.

A modo de ejemplo, en el km 172 del Paraná Guazú, a vista del Complejo Zárate se fondean buques tanques de Hugo Chávez que descargan combustible venezolano a barcazas con empujes paraguayos de distintas dimensiones. Para que Garré tome nota, sobre la ribera norte se encuentra una embarcación sin propulsión de bandera paraguaya de la empresa Horamar. Legalmente, esta embarcación no podría estar allí amarrada a la costa de la isla de manera permanente. El área es un ir y venir de lanchas y embarcaciones a los buques que vienen de Venezuela y a los que van al Paraguay. Estos movimientos continuos no tienen control sobre lo que se baja o se sube de estos barcos y se lleva raudo a tierra. ¿Podrían embarcar droga al extranjero? ¿Bajar armas u explosivos? O lo peor: ¿cómo supone Garré que se realiza en la Argentina el tráfico de personas?

En la misma zona, cada mes aproximadamente llega y se fondea un curioso buque porta barcazas que trae estas de Estados Unidos junto a remolcadores de empuje, obsoletos para ellos. Efectúan el cambio de bandera en el río y, ya con pabellón paraguayo, remontan aguas arriba su carga. Si bien esta es una zona franca, las orillas son argentinas. La zona franca es el río, a no ser que en algún tratado bilateral la familia Kirchner haya dado su anuencia al asentamiento en tierras argentinas de la isla.

Alrededor de este marasmo navegan los areneros argentinos día tras día. En esas aéreas de operaciones inflamables no se ven controles de ninguna especie. Otro déjà vu de seguridad gubernamental que cobra cada vez más vidas de ciudadanos. Esta metodología moviliza muchos millones y, por ende, el descontrol apañado por el silencio oficial rellena los bolsillos con corrupción continua y sistemática en cada área que se investigue.

En la sentida marcha realizada por el Siconara en reclamo de seguridad en la hidrovía, quedó claro que faltó a la cita el gremio marítimo más grande del país representante ante la ITF: el SOMU, liderado por “el Caballo Suárez”. Suárez es hoy un hombre del kirchnerismo, como ayer lo fue de Carlos Menem. Por orden directa de la Presidencia, Suárez no arreó los miles entre afiliados y militantes pagos a la marcha por las víctimas de la inseguridad en la hidrovía. Funcional al poder, violento y corrupto, el hoy presidente de MARUBA aprieta empresas, maneja fletes multimodales. Es el Guillermo Moreno de la logística marítima y del remolque fluvial. Por eso de sus afiliados muertos en el Río Turbio se olvidó y no apareció su gremio reclamando nada.

La oposición no habla de las operaciones de YPF en la hidrovía

La explicación que el Gobierno no puede dar a la población, que los medios no buscan y mucho menos la vergonzosa oposición, es cómo van a hacer para que la hidrovía se torne segura con los manejos ilegales que el Estado nacional despliega y pone en peligro la seguridad nacional. Para los medios, ya paso el accidente del Arenero Río Turbio y tantos son los temas políticos, que estos hombres dejaron de ser interés mediático. Craso error.

Resulta una burla ver al Gobierno hablar de YPF y sus logros sin explicar a nadie cuáles son las medidas de seguridad náuticas de la hidrovía cuando operan los buques regasificadores contratados por YPF. El puerto regasificador de Escobar pone en peligro a toda la Capital Federal y al suelo bonaerense de forma ilegal. Este puerto se construyó cobijado en el poder de la familia Esquenazi, anexado al negociado ENARSA. Todos los aspectos legales y formales de la seguridad de la navegación y tratados internacionales de seguridad fueron violados por un gobierno ávido de allanar el robo en pos de la caja facilitando las ilegalidades de Repsol sin mediar interés alguno en las vidas humanas.

Los charlatanes ad hoc y obsecuentes a Cristina Fernández, no pueden explicar el impacto que tendría un derrame de metano líquido por colisión entre buques, sumado al impacto ambiental por el escape de cloro, de amoníaco y de toda sustancia inflamable o explosiva almacenada.

La violación de estado a la Ley 13.660 que establece los requisitos de seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos, en especial en su Capítulo VI relacionado con las “defensas en muelles”, son inapelables. La impunidad está asegurada en los pliegos del Estado nacional en la elección de jueces. Ellos son “su justicia” puesto todo esto ha sido denunciado penalmente. Esperar algo del poder judicial es efímero en cuanto toca al poder político. Ningún juez va a meterse con Esquenazi, ENARSA, Repsol-De Vido, o ahora con YPF.

¿Qué medidas de seguridad existen en el puerto regasificador de Escobar para el caso que un buque, arenero, empuje, remolcador o pudiera solo por una falla eléctrica de timón chocar contra esos buques? ¿O simplemente que un buque  paraguayo “pirata”, como denominó un integrante del SOMU en TV, impactara contra los buques en la descarga? Ni se evalúa.

Más allá de que nada cambiará jurídicamente, pues el país necesita ingresar gas al sistema, ese puerto es un peligro latente que se podría minimizar. Si los jueces que tienen estas causas penales fueran capaces de ser independientes, aquí habría que procesar hasta a Cristina, Julio De Vido, Garre, Débora Giorgi y todo el staff de corruptos impunes de Vías Navegables. Algunos son los mismos responsables de la estación Once, hoy a cargo de YPF y este muelle de altísima peligrosidad.

Como dato ilustrativo de que robar sin dar explicaciones es su matriz, al igual que el doble discurso antibritánico, Axel Kicilloff nada explicó después de que cancelara un contrato de provisión de GNL de Repsol, el gobierno tuvo que reemplazarlo de urgencia. Compró a otras empresas proveedoras, entre ellas una británica, a un precio muy superior. La factura creció USD 80 millones. ¿Kicilloff es consciente que hoy también es responsable de la inseguridad en la hidrovía?

Muelle regasificadores de Escobar

La seguridad de la hidrovía no es un tema de preocupación política sino de caja

La navegación en el Río Paraná de las Palmas debe interrumpirse en su totalidad al operar estos buques regasificadores. Armar un by pass náutico total y absoluto en la zona es lo que a la fecha ni se les ocurrió hacer y llevar adelante la navegación por Martin García, Paraná Guazú, Mini.

La explosión de estos buques podría compararse al estallido de Hiroshima, pero con el agravante que la expansión explosiva podría correr por las tuberías maestras de gas ocasionando un colapso indescriptible. Mientras estos buques descargan, otros pasan navegando aguas arriba y abajo como si una reglamentación que habla de la distancia pudiera regular el destino de miles de personas. Dios evidentemente es argentino.

Una bobina de 24 volts tiene un valor de mercado despreciable. Los buques tienen en su mayoría sistemas de timón hidráulico con dos electroválvulas que hacen que el buque obedezca en grados al timón tantos a babor como a estribor el capitán ordene. Cuando un bobina de estas se quema, el timón cae a una banda de golpe y no hay manera de hacer que enderece. A una velocidad de 10 nudos, como la que se navega en esa zona, no hace falta ser más claro: si ocurre esto, no hay respuesta posible. Por eso, hay normas de seguridad internacional que hay que respetar y, las de Garré, permiten que muchos buques obsoletos europeos dados de baja y certificados en Paraguay junto a los engendros náuticos paraguayos navegan en el río.

En las terminales donde se operan inflamables de altísima peligrosidad, además se debe montar un operativo cerrojo antiterrorista, pues cuando el buque opera en Escobar pasan cerca hasta botes a remo. Sin fabular, esto es un peligro cierto por no cumplir normas internacionales. A la plana política no le interesó ni interesa una demostración tácita que los ciudadanos somos los colaterales del daño que causan. ¿Sabe la ciudadanía cuantos millones corren en el Ministerio de Garré en “becas” para hacer informes sobre antiterrorismo en aras de cumplir compromisos internacionales? Informes que implican gastos de miles de dólares en movilidad para participar de congresos internacionales sobre la supuesta seguridad nacional.

En YouTube, están muy claramente expresados todos estos conceptos. La tragedia del Río Turbio sucedió y la tragedia de Once también.

Los muertos en el arenero Río Turbio claman por justicia

Resultaron sorprendentes las declaraciones de la bancada radical respecto al “triunfo” por el rechazo al impresentable de Daniel Reposo. Se ufanaron con este simple ejercicio parlamentario de que “la institucionalidad está viva”. Sin embargo callan hasta los informes de la AGN sobre la corrupción e ilegalidades de hidrovía SA. La sociedad Alfonsín-Emepa-Menem-Kirchner son responsables también de la inseguridad en la hidrovía. Emepa es socia de Hidrovías SA. Saben perfectamente lo que sucede en la hidrovía porque son parte. Hidrovías SA dragó el muelle del Puerto Regasificador.

La presidenta debería evaluar estas recomendaciones y hacer cerrar la totalidad de la navegación en el área.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador