El fiscal federal Federico Delgado investiga un anónimo que llegó a sus manos en estos días y en el cual se acusa a Mario Cirigliano, directivo de TBA, de ser quien dio la orden para ocultar documentación contable en la causa por la tragedia ferroviaria de Once que provocó 51 muertos.

La investigación preliminar que encaró a partir de ese anónimo el fiscal se da luego de queel viernes pasado la Sala II de la Cámara Federal —al igual que lo hizo una semana antes con Claudio Cirigliano— ordenó al juez Claudio Bonadío, a cargo del caso, que excarcele al abogado de TBA Carlos Lluch.

El anónimo llegó vía correo electrónico a la casilla oficial de la fiscalía federal Nº 6, a cargo de Delgado, y en él se informa que Sandra Ramírez, gerenta de marketing del Grupo Plaza (empresa de los Cirigliano) fue la persona que ejecutó la ocultación y quema de documentación contable. Además, Ramírez —según el e-mail— "persona de la máxima confianza de Mario Cirigliano" fue quien contrató fletes para sacar la documentación contable de las instalaciones de TBA, cuando el Gobierno nacional le quitó la concesión de los ramales Mitre y Sarmiento, y que fue descubierta por la policía federal "in fraganti".

Luego parte de la documentación fue encontrada en la fábrica de Emprendimientos Ferroviarios (EMFER) también de los Cirigliano, y también Bonadío por testigos acreditó que una parte fue quemada en volquetes. "Todo lo que hace Sandra Ramírez lo hace por indicación del Sr. Mario Cirigliano" e "inclusive la quema de papeles y documentación en los volquetes", sostiene el mensaje enviado desde una casilla de correo de la cual hasta ahora no se pudo determinar su identidad, y que sólo firma con el nombre de Alex.

Por último, reclamó una investigación hacia Ramírez y su "único jefe", Mario Cirigliano, y puso la lupa sobre el gerente de Concesiones Ferroviarias de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Fernando Cortes: ¿no tiene nada que explicar sobre el accidente?", "¿raro no?". Delgado encaró una investigación preliminar a partir de ese mail y si bien la Policía Metropolitana no pudo determinar el verdadero origen e identidad de ese e-mail, tal cual lo pidió el fiscal, hay en marcha otras medidas de prueba para tratar de verificar los dichos.

La próxima semana el fiscal prevé tomarle declaración testimonial a uno de los fleteros contratados para trasladar la documentación, y de él se espera conocer quién dio la orden para llevar a cabo la maniobra, según confiaron fuentes de la causa consultadas por Noticias Argentinas. En caso de certificar los dichos y haber elementos de prueba, Delgado tomará la determinación de presentar la denuncia o bien en caso contrario el archivo.

La documentación en cuestión es sobre los subsidios que recibía Trenes de Buenos Aires (TBA) del Estado. Para el fiscal existen sospechas que los entonces directivos de la empresa lo destinaban hacia otros fines que el del mantenimiento y funcionamiento del servicio ferroviario. La sospecha incluso es que con ese dinero el grupo Cirigliano compró dólares o bien invirtió en otras de sus empresas, y por ello Delgado había pedido a Bonadío que ordene una pericia contable sobre unos $1.167,71 millones en subsidios que cobró TBA del Estado.

Por el ocultamiento de pruebas, habían sido detenidos Claudio Cirigliano (presidente de la firma controlante Cometrans); el presidente de TBA; Carlos Michele Ferrari; los directivos Darío Tempone y Daniel Rubio; y el abogado Carlos Lluch. Pero para la Cámara Federal Bonadío no justificó debidamente las detenciones, y consideró que no hubo ocultamiento de pruebas, sino que hubo "desinteligencias" en la entrega de la documentación, en el momento en que se concretó el traspaso de TBA al Estado tras la quita de la concesión.

Así fue como todos recuperaron la libertad y a cuatro meses de la causa no hay detenidos. Las detenciones habían sido ordenadas concretamente por la supuesta obstaculización de la prueba, no así por responsabilidades que eventualmente determine Bonadío por el accidente ferroviario que provocó 51 muertes. Sobre el accidente el juez Bonadío ya avanzó con todas las indagatorias, incluidas la del maquinista Antonio Córdoba y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y tiene pendiente resolver la situación procesal de todos ellos.

Sergio Farella
NA