Finalmente, el Gobierno nacional rescindió hoy —por decreto— el contrato de concesión del servicio ferroviario a la empresa TBA, la cual de este modo dejará de operar las líneas ferroviarias Sarmiento y Mitre, invocando las elocuentes deficiencias del servicio.

Así se informó a través de una conferencia de prensa que brindaron el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el desdibujado secretario de Transporte, Alejandro Ramos.

Según los mismos funcionarios, en el futuro próximo la concesión pasará a estar en manos de una Unión Transitoria de Empresas conformada principalmente por las firmas Ferrovías SA y Metrovías SA. La cuestión es que esas mismas empresas son socias de TBA en la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe)

¿Qué es el Ugofe? Una entidad creada a través del decreto 798/2004 del Poder Ejecutivo Nacional y la resolución 408/2004 de la Secretaría de Transporte con el objetivo de operar por cuenta y orden del Estado.

Se insiste: allí, Metrovías y Ferrovías son socias de TBA. Ergo, el manejo de los trenes sigue estando, de alguna manera, en las mismas manos.

Por si esto no fuera suficientemente escandaloso, debe mencionarse que las empresas referidas ostentan serias acusaciones y denuncias ante la Justicia por deficiencias en los servicios que brindan.

El caso (caos) Ferrovías

Si se observa el estado en los que se mueven los trenes de Ferrovías, se observará que no hay casi diferencia con el servicio que brindaba TBA.

"Falta de iluminación, andenes inundados, rotos, incompletos, ausencia de señalización y seguridad en general, son algunas de las negligencias que se aprecian a simple vista con sólo detenerse un instante en la estación de trenes de Alberti, parada bajo control de la empresa Ferrovías S.A", aseguró oportunamente agencia Nova.

Familiares de víctimas han promovido numerosas denuncias contra la empresa concesionaria, dependiente del Ferrocarril Belgrano y propiedad de Gabriel Romero (también dueño de la empresa de recolección de residuos 9 de Julio e Hidrovía, entre otras). Esas voces denunciantes son las mismas que ya emprendieron, vía judicial, duros cuestionamientos a Ferrovías S.A. y aseguran que nunca tuvieron respuestas contundentes.

Incluso, los representantes legales de esas familias han despachado pedidos de informes a las autoridades de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), obteniendo respuestas evasivas, derivaciones hacia otras áreas que no hacen más que extender el padecimiento de los damnificados.

Metrovías tampoco zafa

No hace falta referir que Metrovías no ostenta mejor prestigio que Ferrovías o TBA. Su propio cuerpo de delegados —el de las cinco líneas de subterráneos— presentó oportunamente una denuncia penal contra la concesionaria por "lesiones graves y falta de mantenimiento" de los servicios urbanos.

Los gremialistas indicaron que "la falta de mantenimiento de los servicios de subterráneos expone al peligro a trabajadores y usuarios" y recordaron el caso del operario Andrés Carrizo quien recibió una descarga eléctrica de 1.500 voltios.

Según da cuenta Clarín, Carrizo sufrió el accidente en el Taller Canning de la línea "D", por lo que fue internado en observación en la clínica Fitz Roy, a la vez que los delegados recordaron que ya se produjeron otros hechos similares, como descarrilamientos.

Concluyendo

Varias preguntas se acumulan en estas horas, luego de la decisión oficial planteada:

-¿Habrá alguna sanción puntual contra TBA o solo quita de la concesión?

-¿Por qué el gobierno habla de "culpas" solo al hablar de esa firma y no se hace cargo de no haber controlado durante todos estos años?

-¿Por qué siempre las concesiones ferroviarias caen en las mismas manos, las cuales han demostrado no saber llevar adelante el manejo de los trenes?

-¿Por qué motivo el Gobierno no permite al periodismo acceder a la contabilidad de TBA? ¿Temen que se descubra la trama de "retornos"?

-¿Por qué se demoró más de tres meses en tomar la medida que hoy se llevó a cabo?

Hay muchos otros interrogantes, pero por ahora nos conformamos con que alguien solo responda a estos seis.

Christian Sanz y Carlos Forte

Anexo: los principales fundamentos para rescindir el contrato

    "Resultan determinantes  las conclusiones a las que arriba el interventor en su informe presentado en fecha 15 de mayo de 2012 que acreditan el deficiente estado de conservación y mantenimiento del material rodante, del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, y de las condiciones de prestación del servicio, incumplimientos imputables en forma exclusivas a la concesionaria.

    Que los incumplimientos del concesionario agravan el déficit histórico en el estado general en la infraestructura equipamiento y material rodante, y redunda en el deterioro de la capacidad y calidad de los servicios prestados.

    Que lo expuesto coloca al poder concedente en una posición inequívoca respecto al ejercicio de su facultad rescisoria como garante del servicio público del transporte ferroviario de pasajeros.

    Que esta rescisión opera por culpa exclusiva de la concesionaria en virtud de sus graves y reiterados incumplimientos, en virtud del interés público comprometido".