Cuando el gobierno nacional arremetió contra YPF estaba claro que la intención era hacerse del control total de la empresa, pero en esos días fuimos un poco más allá y pronosticamos que el paso posterior sería “quedarse con el control petrolero de las provincias productoras”.

Por distintos medios (correos y posteos) hubo lectores que nos hicieron presente sus dudas, respecto de esta posibilidad. Señalaron que era “técnica y legalmente imposible” que tal cosa pudiera suceder, porque, tanto la reforma constitucional de 1994 como posteriormente la Ley Corta de Hidrocarburos, sancionada en el 2006 y de la cual Néstor Kirchner hiciera la principal bandera política para batir los parches de la soberanía hidrocarburíferas de las provincias argentinas, eran los principales impedimentos para elucubrar lo que en aquel momento, nuestros críticos, consideraban “chicanas opositoras”, “críticas sin fundamentos” y hasta “operaciones opositoras contra el gobierno de Néstor Kirchner”, de nuestra parte. Estos fueron algunos de los calificativos que recibimos por distintos medios, solo por haber adelantado que el avance sobre los activos de YPF no tenía un sentido “federalista” sino más bien de apropiación de una caja interesante para el gobierno nacional. Allí también dijimos que YPF, tampoco era el fin, pues la empresa vale muy poco, sino el medio para llegar al objetivo: quedarse con la producción nacional de petróleo en todas las provincias. Bien; lamentamos decirles a nuestros críticos que no estábamos equivocados.

Por Decreto 1277, reglamentado bajo Ley 26741 de “Soberanía Energética” y publicado en el Boletín Oficial, la presidenta de la Nación puso bajo la tutela de Axel Kicillof, Viceministro de Economía y Director de YPF, Guillermo Moreno, Secretario de Comercio Interior y Daniel Cameron, Secretario de Energía de la Nación a todos los recursos hidrocarburíferos del país, dándoles capacidad y potestad para evaluar los planes de inversiones de las petroleras, el cumplimiento de los mismos y hasta les permite revertir las concesiones, en caso de observar incumplimientos. Es decir, que más allá de los discursos de gobernadores que seguirán sosteniendo el argumento inverso, la realidad supera a la ficción: el gobierno nacional centraliza y controla el petróleo de todo el país.

Gobernadores

Claramente los gobernadores han sido utilizados como arietes necesarios para conseguir que alguien se ocupe del “trabajo sucio”, y una vez despejado el camino, cuando todo hacía suponer que las provincias podrían disponer de sus recursos y manejarlos de acuerdo a sus propios planes, a medida que vencieran las concesiones, esos recursos pasaron indefectiblemente a manos del Estado nacional.

En estos momentos son muchos los gobernadores que están contra la norma presidencial, la mayoría no habla y no pocos podrían recurrir a la justicia, sin embargo, los compromisos y la dependencia política en algunos casos, se contraponen con la voluntad de las provincias.

Quien más resiste la decisión de CFK es el gobernador de Neuquén Jorge Sapag, pues los últimos descubrimientos de pozos, el próximo vencimiento de la concesión a YPF y la existencia de una empresa provincial de petróleo, que espera facturar millones de pesos en los próximos años, le genera al gobernador neuquino una expectativa cierta de poner a su provincia al tope de la producción petrolera, lo cual incluye una autonomía económica fundamental para el estado provincial, que jamás estuvo en los planes de la presidenta, concederle.

El gran problema lo tiene Martín Buzzi, gobernador de Chubut, titular de la OFEPHI, organismo creado para ocuparse de esta “falsa federalización” de los recursos que se impulsó desde la nación, pero que en realidad termina siendo una operación para concentrar en manos del estado nacional, todos los recursos petroleros del país. Buzzi, avaló, impulsó y fue el principal difusor de las bondades del plan de reversión de áreas, porque, de acuerdo al discurso establecido, significaba la independencia económica de las provincias, la posibilidad de decidir sobre su futuro y definir, finalmente, sobre sus propias políticas petroleras, en base a las necesidades y características de cada estado. (¿?)

Hoy el gobernador patagónico quedó apresado en su propio discurso, está al frente de un organismo que supuestamente fue creado para defender, organizar y consensuar políticas de todas las provincias productoras y se encuentra con la realidad de que la nación, hoy, les quita técnicamente los recursos y decide por sobre la voluntad de cada gobernador, como más le plazca.

Como si esto fuera poco, Buzzi impulsó un nuevo “marco regulatorio” elaborando un proyecto sobre la actividad minera y petrolera, conforme al nuevo estatus que tenían los recursos para el estado provincial. Este marco, cuyos borradores publicó OPI Santa Cruz hace más de 2 meses, quedarán ahora sujetos a la aprobación de la tríada de observadores nacionales Kicillof-Moreno-Cámeron y algunos ya piensan que Buzzi se apuró demasiado en proponerse como dueño de los recursos y soñar con que sus cuentas públicas se verían oxigenadas, por primera vez, con dinero que no estarían sometidos al goteo antojadizo del kirchnerismo, que acostumbra a decidir a quién y cuánto le envía para sostener sus déficit.

Santa Cruz

El Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, también afectado por sus propios discursos, fue uno de los primeros en poner a disposición de la Nación, las áreas revertidas y a raíz de ello y del último decreto presidencial, dijo “yo creo que no se puede decir que hay regulación sobre el mercado petrolero cuando hoy las petroleras hacen lo que quieren con el crudo que sacan”. Y aclaró: “No es que las provincias pierdan soberanía, nosotros sostenemos soberanía en la medida que formamos parte de un país y porque cada vez que sale petróleo o gas de Santa Cruz, va para sostener las actividades económicas en el resto de Argentina”.

Más adelante concluyó “tenemos que trabajar en forma conjunta con el Gobierno nacional. Nosotros no tenemos la mirada puesta en que Santa Cruz pierda prerrogativas, si lo hiciéramos así, no tendríamos en claro el proyecto de saber hacia dónde va el país, que es lo que tenemos que tener en cuenta”.

Rubén Lasagno
 OPI Santa Cruz