En estos últimos 10 años de “democracia” hemos asistido a todo tipo de trapisondas empresariales, gubernamentales y de la justicia, pero esta última que rescató el periodista Hugo Alconada Mon sobre el cierre de dos causas penales en contra de Lázaro Báez no tiene desperdicios. Una vez más, repetimos: en un país sin justicia, todo es posible y el desabarranque social está a un paso. La pérdida de las instituciones es proporcional al crecimiento de la corrupción de quienes las manejan y administran. Lo que vamos a leer, fue investigado por La Nación y deja abierto al público el debate de cómo y porqué en la Argentina, hemos llegado a este estado de descomposición judicial, en que nos vemos inmersos todos los ciudadanos. Contra esto, también, gritaron las plazas y sonaron las cacerolas.

A continuación una investigación publicada por el diario La Nación a partir del trabajo desplegado por el periodista Hugo Alconada Mon, que pinta de cuerpo entero cómo está la Justicia hoy en La Argentina y explica, de alguna manera, el grado de descomposición de las instituciones, al que hemos llegado y que ha desvirtuado totalmente los límites de la República.

Justo antes de la feria judicial de invierno, el empresario patagónico Lázaro Báez cosechó dos silenciosas buenas noticias. La Justicia debió cerrar una causa penal que lo tuvo contra las cuerdas por la presunta evasión de más de $ 400 millones. Y el Tribunal Fiscal, con nuevos miembros, revocó la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que lo dejaba al borde de otra causa penal por presunto lavado de activos, según reconstruyó la Nación, a partir de fuentes judiciales y la AFIP, y la copia de la sentencia del Tribunal Fiscal.

El juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo, debió suspender la tramitación de una investigación contra una de las firmas vinculadas a Báez, Gotti Hermanos, ya que la constructora se acogió a la ley 26.476 de moratoria y blanqueo por al menos $ 75 millones, una cifra que, sin embargo, quedó muy por debajo de los $ 400 millones que habían estimado los inspectores de la AFIP antes de que los removieran junto con sus superiores.

Báez negó todo vínculo con esa empresa cuando, antes de la moratoria, la nacion reveló que la causa se encaminaba al llamado de indagatorias. “Nada tengo que ver con esa operación ni con esa empresa, pero todo lo que pasa en Santa Cruz me lo atribuyen”, replicó, pese a los múltiples vínculos que lo ligan con la firma. Pero la constructora ya no representa un problema, siempre que pague el plan de pagos; si no, se reactivará la causa penal por la utilización de facturas truchas.

El otrora socio del fallecido ex presidente Néstor Kirchner también cosechó una buena noticia desde el Tribunal Fiscal para otra constructora: Badial SA. Por dos votos contra uno, logró que la sala A revocara las conclusiones de los inspectores de la AFIP, que le enrostraron una evasión, lo que conllevaría la apertura de otra causa penal, con presuntas maniobras de lavado de activos.

La investigación había comenzado en 2005, cuando los inspectores detectaron un “incremento patrimonial no justificado” en Badial por $ 1,6 millones. Pero lo que siguió dentro de la AFIP evidencia el poder de Báez. Porque luego de que los jefes de los inspectores -y los jefes de esos jefes- apoyaron su actuación, toda la línea fue removida en agosto de 2008. Desde el jefe de la oficina de Comodoro Rivadavia, Norman Williams, hasta su superior Jaime Mecicovsky, e incluso el director de la DGI, Horacio Castagnola.

Sombras familiares

Al frente de la DGI quedó Ángel Toninelli, quien debió aclarar su rol. “No tengo ningún tipo de relación con las empresas” patagónicas, dijo, pese al ruido que lo rodeó, tanto a él como a su hijo, Federico Toninelli, abogado del sector privado, y a su nuera, Agustina, ahora a cargo dentro de la AFIP de definir si se apela el fallo que benefició a Báez. Tiene plazo hasta el 20 de este mes.

En el Tribunal Fiscal, en tanto, los camaristas José Luis Pérez -uno de los nuevos miembros- y Sergio Brodsky aceptaron los planteos de Badial. Había presentado testimonios vertidos por dos personas en escrituras públicas, por fuera del protocolo, y movimientos bursátiles por los montos bajo sospecha. Pero sin identificación por beneficiario, con millones de pesos traídos desde Uruguay por Reloway Company SA, constituida en Montevideo.

El voto de Pérez resulta singular. A lo largo de varias carillas, omitió citar por su nombre al presidente de Radial. Es decir, a Báez. Y apuró la tramitación de ese expediente para que el fallo saliera el 28 de junio, apenas dos días antes de que concluyera su subrogancia en la sala A, aun cuando había otros expedientes, más antiguos y por montos mucho más elevados, pendientes de resolución, según verificó la Nación.

En su disidencia, Ignacio Buitrago expuso múltiples falencias del proceso. Entre otros, que los últimos argumentos planteados por la defensa -como los movimientos bursátiles y los testimonios por escritura- contradecían los dichos del propio Báez cuando primero intentó explicarse ante los inspectores de la AFIP.

Aquella vez, Báez relató que un directivo de la uruguaya Reloway, Carlos Calvo López, solía viajar en avión o por Buquebus a la Argentina con fortunas en efectivo -por encima de los montos permitidos por la AFIP-, que luego transportaba hasta Río Gallegos, donde se depositaban en la cuenta de la constructora en los bancos Patagonia o de Santa Cruz, o se lo daba a Báez en mano.

La línea de la AFIP procuró entonces ubicar al imitador de Guido Alejandro Antonini Wilson, pero resultó inhallable. Al final, sólo se logró verificar que Calvo era director de la firma Invernes SA.

Con los votos de Pérez y Brodsky, sin embargo, Báez alcanzó su objetivo. No quería dar el brazo a torcer ante la AFIP, aunque los $ 1,6 millones representaran un monto bajo para su patrimonio y el de su grupo empresario. Quería evitar la apertura de otra causa penal, con ramificaciones explosivas por presunto lavado. Al parecer, lo logró.

Fortuna patagónica

$75millones Es el monto de la moratoria que pagará Gotti Hermanos a cambio de suspender la causa penal.

$1,6millones Báez logró que el Tribunal Fiscal revocara el reclamo de la AFIP por ese monto y evitó una causa penal.

Fuentes: La Nación/OPI Santa Cruz